El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la «revancha» por parte de los grupos de oposición a la dictadura.
Para evitar una crisis con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como «represión política» y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para no coincidir exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.
Según el relator de la propuesta en el Senado, el socialdemócrata Aloysio Nunes Ferreira, la Comisión de la Verdad tiene por objetivo asegurar a los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos «el derecho a la memoria y a la verdad histórica» y así impulsar una «reconciliación nacional».
Sin embargo, los familiares esperan que el trabajo la Comisión tenga efecto práctico que abra camino a los procesos en la Justicia, y no sólo carácter testimonial, reflejó un cable de ANSA.
Miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo dijeron que la creación de la Comisión demuestra «coraje» de parte de la mandataria, pero indicaron que éste es un «paso» hacia la apertura de procesos contra los militares acusados que por ahora están cubiertos por la amnistía.