Por Clàudia Custodio

“La carrera ha comenzado” (Ursula Von der Leyen, 15 de marzo de 2023)

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha recordado por enésima vez la urgencia de descarbonizar la economía global. Para ello, será necesaria una aceleración sin precedentes de la extracción de minerales necesarios para la captura de energías renovables y, en consecuencia, la presión de los países del norte y de las grandes corporaciones recaerá, una vez más, sobre otros territorios.

La Comisión Europea presentó el pasado 16 de marzo la nueva regulación de las materias primas críticas de la UE (Critical Raw Materials Act, CRMA, en inglés), dentro del Plan Industrial del Pacto Verde de la UE, que recibirá millones de ayudas públicas. Esta regulación se ha aprobado tan sólo unos meses después de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA, por sus siglas en inglés), presentada en agosto de 2022 que prevé una gran inversión pública de 369.000 millones de dólares en los próximos diez años, para incentivar la industria “verde” y descarbonizar la economía. La UE respondió con inquietud al IRA, ya que veían en la propuesta de Biden que Estados Unidos (EE UU) se les había adelantado en la carrera para implementar la transición. Es decir, por atraer inversiones en el sector “verde” y para los minerales.

Pero, ¿por qué es importante la CRMA? En un contexto geopolítico cada vez más caliente, la UE vuelve la mirada hacia adentro. Bajo la idea de la “autonomía estratégica”, se apuesta por poner ciertos límites a la globalización neoliberal: recuperar parte de la producción industrial de bienes y servicios estratégicos en territorio europeo. A su vez, se lanza a una carrera por las materias primas críticas, al estilo del imperialismo del siglo XIX, con el pretexto de la transición verde y digital, pero también de la seguridad nacional, ya que estos minerales no son sólo necesarios para desarrollar las tecnologías de la transición sino también para fabricar equipamiento militar. Así lo reconoce la propia UE en su comunicación sobre la CRMA, y también lo muestra este informe del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya.

Cada tres años, la UE revisa cuáles son las materias primas críticas para su economía. Así, este 2023 ha hecho pública una nueva lista que, además de incluir 34 minerales críticos, selecciona a dieciséis que define como estratégicos –que se caracterizan por tener una importancia estratégica–, pero a la vez se identifica una brecha significativa entre la oferta global y la demanda proyectada.

Al igual que el IRA de Biden, ahora la UE apuesta por el “Made in Europe”. Algunas de las materias primas críticas para las tecnologías clave consumidas en Europa, como el magnesio o las tierras raras, se extraen principalmente en China. A su vez, el procesamiento de muchos de estos minerales, también se hace en territorio chino, incluso cuando los minerales se extraen en otros países. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, a nivel global, un 35% del níquel, un 50-70% del litio y del cobalto, y un 90% de las tierras raras se procesan en China. Esto comporta una alta dependencia de la UE de este país y cuellos de botella en las cadenas de suministro. Una situación que ahora quiere revertirse.

La CRMA establece unos hitos ambiciosos para 2030: conseguir que un 10% de los minerales estratégicos se extraigan en territorio europeo, que al menos un 40% se procesen aquí, no depender en más de un 65% de un solo país por mineral y, no menos importante, que al menos un 15% de los minerales estratégicos se obtengan a partir del reciclaje. También pone énfasis en establecer partenariados con países «de confianza» y propone la creación de un «Club» de materias primas críticas. Este club incluiría a los Estados miembros de la UE y EEUU, y se prevé que incluya a otros países “con intereses similares”. Esto encaja con la política comercial que busca encarnizadamente aprobar nuevos tratados de libre comercio con países como Chile, país que se menciona en el texto de la regulación.

Ahora bien, tener reservas de alguno de estos minerales críticos no es garantía de mejora en la calidad de vida de la población de los territorios en los que se encuentran. Ya hace años surgió el término la “maldición de los recursos” para describir cómo la riqueza en recursos naturales de algunos países se traducía en pobreza elevada para la población local. Los países colonizados fueron víctimas del extractivismo de los países enriquecidos, en parte debido a su abundancia en materias primas. Un claro ejemplo de esta maldición es la República Democrática del Congo, que contiene un 49% de las reservas de cobalto del mundo. La extracción de este mineral, necesario para la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores y otros productos electrónicos, ha contribuido a una situación de conflicto armado permanente en un territorio empobrecido, donde las vulneraciones de derechos humanos son constantes mientras la extracción del cobalto no para.

Ante los cambios geopolíticos y la realidad territorial de disponibilidad de los minerales, es necesario repensar la política económica e industrial de los países con un mayor consumo energético, para evitar la perpetuación de dinámicas extractivistas de norte a sur, reducir la conflictividad en la frontera extractiva y avanzar hacia la justicia global. Debe disminuir la demanda energética y, en consecuencia, la demanda mineral. Explorar alternativas como la minería urbana puede ser un paso en esta dirección: consiste en recuperar minerales ya extraídos, de edificios, infraestructuras, aparatos electrónicos… Es decir, reaprovechar materiales presentes en la ciudad. Se trata de propuestas que, necesariamente, deben ir acompañadas de una apuesta firme por un cambio de paradigma económico que abandone la obsesión por el crecimiento infinito. En un contexto de decrecimiento de la demanda, la minería urbana puede ser parte de la alternativa para reducir la extracción en otros territorios y sus impactos negativos.

Sin duda, la descarbonización de la economía global es un reto sin precedentes, que no podrá llevarse a cabo haciendo sólo cambios tecnológicos. Sin embargo, la carrera por los recursos es ya una realidad, y la UE afronta el reto siguiendo las lógicas del capitalismo neocolonial. Además, mientras justifica el colonialismo 3.0 para realizar la transición “verde y digital”, la UE también intenta consolidar la base material para la industria militar. A su vez, no se abandona el paradigma del crecimiento económico infinito, aunque la base material del planeta tiene límites. Así, la transición verde es un oxímoron, y por ahora está lejos de ser justa.

Clàudia Custodio es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización