Por Fernando Ramos M.
El intento de magnicidio contra la presidenta Cristina Fernández perpetrado el 1ro de septiembre y su posterior condena a 6 años de prisión y proscripción electoral del pasado 6 de diciembre de 2022, representan el inicio de una nueva fase política donde una elite oligárquica se apodera del gobierno de Argentina.
Según lo relatara a través de sus redes sociales la misma Cristina Fernández luego del dictado de su sentencia, el empresario de medios de comunicación Héctor Magneto, (Grupo Clarín) sería el jefe de una mafia y estado paralelo que conduce las acciones políticas, económicas y judiciales que se llevan a cabo en el país y de las que la actual vicepresidenta no ha querido nunca ser parte, afirmando que «No voy a ser su mascota nunca jamás».
Cristina agregó en su exposición y luego de su condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que no será candidata a nada en 2023, desatando así una etapa de zozobra, incertidumbre y angustia en sus propias filas partidarias, que se amplia tanto a la oposición, como al resto de la ciudadanía al adelantar sorpresivamente su estrategia electoral.
Así las cosas, los otros dos secundarios integrantes de la coalición de gobierno planean sus próximas jugadas con las cuales subsistir en 2023 y más allá: Sergio Massa, actual ministro de economía, realizó un anuncio junto al embajador de los EEUU el día anterior al veredicto, mientras el presidente Alberto Fernández debió desprenderse de su jefe de gabinete de asesores luego de éste ser mencionado en una filtración como el nexo entre el propio presidente y Magneto.
Ante semejante blanqueo de realidades fácticas reveladas por Cristina se abre un período de crisis política severa en medio de un plan de ajuste económico dictado por el FMI, aceptado por Alberto Fernández y ejecutado por el ministro Massa con el apoyo de un sector del gobierno de los Estados Unidos y países europeos, Magneto, empresarios y banqueros aliados (ver foto).
De la exposición de Cristina Fernández, surge como sorpresiva revelación, que luego del desastre del gobierno de Macri, se habría llevado a cabo en 2019, una supuesta negociación con el grupo clarín y su estado paralelo por la cual Alberto Fernández integraría la fórmula presidencial y ella sería la vice, a cambio de no ser juzgada en ninguna causa: acuerdo que Magneto no cumplió. El negociador de estas acciones sería el mismo Alberto Fernández y su jefe de gabinete de asesores, ahora renunciado.
Las inquietantes afirmaciones a viva voz de la vicepresidenta con relación el doble estandar existente en su juzgamiento sin pruebas en contrapartida de las absoluciones dictadas hacia Mauricio Macri y sus funcionarios, develan el verdadero estado paralelo mafioso en sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que gobierna la Argentina, continuación de la dictadura cívico-militar, que ahora, tras la condena, sale a la luz y de la que siempre habló la recientemente fallecida madre de plaza de mayo, Hebe de Bonafini.
Luego de cuatro años de gobierno administrado por el macrismo y tres años de gobierno de Alberto Fernández, Massa y el FMI, que dejaron 40% de pobreza y 10 % de miseria, con una deuda de 375.000 millones de dólares, una clase media hundida e inflacion del 100% anual, asistimos a un peligroso final de mandato inmerso en una formidable «crisis total» de consecuencias inimaginables para el presente y futuro de la población argentina.