«Los refugiados ambientales son la real emergencia del futuro. Y hay una devastadora emergencia social detrás de la crisis ambiental y climática que enfrentamos hoy», señaló Gubbiotti, quien dialogó con IPS en la noroccidental ciudad italiana de Florencia.
IPS: ¿Cuán seria es la crisis para la gente?
MAURIZIO GUBBIOTTI: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) prevé entre 200 y 250 millones de refugiados ambientales para 2050. Nuestro informe muestra que ya hay una crisis importante.
Es difícil evaluar la dimensión real del problema, porque un solo huracán puede tener un impacto dramático sobre las cifras. El ciclón tropical Nargis, que devastó Birmania en mayo de 2008, dejando 140.000 muertos, generó 800.000 desplazados.
IPS: ¿Cuáles son las áreas en mayor riesgo?
MG: Todas las que ya son bastante pobres y frágiles. El continente africano y zonas costeras de Asia, en particular Bangladesh y las islas del Pacífico. Pero también la región mediterránea y América Latina están en peligro.
Y las islas Maldivas: 85 por ciento de mayor de ellas está amenazada por el aumento del nivel del mar, y alrededor de 300.000 personas tendrán que trasladarse pronto. En Guyana Francesa pronosticamos que habrá unos 600.000 refugiados ambientales en los próximos años.
IPS: ¿A dónde irá esa gente?
MG: Unas 300 personas mueren cada mes intentando llegar a las fronteras de Europa, cruzando el mar Mediterráneo. Advertimos su presencia solamente cuando emigran a países industrializados. Pero, en realidad, la mayoría de los refugiados ambientales sólo pueden viajar a países circundantes, lo que agrava la situación de las naciones pobres.
Muchos son desplazados internos. No hay cifras sobre quienes se desplazan por razones ambientales, pero creo que aproximadamente 50 por ciento de ellos no tienen los recursos para huir de sus países.
IPS: Los desplazados ambientales, ¿tienen un estatus legal?
MG: El derecho internacional no los reconoce como refugiados, dado que las Convenciones de Ginebra adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1951 solamente cubren a los refugiados políticos o raciales. Pensamos que es tiempo de colocar el estatus de refugiado ambiental en la agenda internacional.
Esperamos contribuir al debate internacional con nuestro informe, que será presentado a mediados de junio en Roma, en las reuniones entre la sociedad civil y el gobierno del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos, que reunirá a organizaciones no gubernamentales con los ministros de cooperación internacional.
IPS: ¿Cuál es la solución?
MG: Hay sólo una posibilidad de salir de esta crisis ambiental y humanitaria: tenemos que invertir tanto en el ambiente como en los derechos humanos.
Debemos invertir en superar nuestra dependencia del petróleo y el carbono, en favor de fuentes renovables, y en la agricultura sustentable y el reciclaje de desechos. Tenemos que asignar fondos a la mitigación de los daños creados por el cambio climático, y abandonar las políticas proteccionistas de la agricultura europea, que apoyan nuestros cultivos pero impiden que los productos de las economías pobres sean competitivos.
Pero la crisis ambiental también necesita una respuesta social. No estamos hablando simplemente de tierra, sino de gente. Los políticos consideran que las migraciones son una cuestión de orden público. Debemos comprender que detrás de este fenómeno hay un reclamo de supervivencia: estas personas no tienen futuro ni posibilidades de sobrevivir en sus lugares de origen.
IPS: ¿Pueden los países actuar de modo individual?
MG: No. Necesitamos soluciones globales. Tenemos que dar fuerza a las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y al Protocolo de Kyoto. Pero la clave para volver efectivas estas instancias es el multilateralismo, decidir juntos.
Tenemos muchas esperanzas en la nueva era multilateral inaugurada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Es el momento justo para terminar con el enfoque bilateral sobre la pobreza, en el que los países ricos deciden qué es bueno para los pobres.