El magistrado recordó que el 04 de mayo de 2009 habría solicitado el inicio de investigaciones a Estados Unidos sobre los casos de tortura.
Sin embargo, como no ha recibido ningún tipo de respuesta y “habiendo transcurrido excesivo tiempo” desde la fecha de solicitud, el magistrado supone que la administración Obama, no investigará “o si lo va a hacer”, reseñó la agencia EFE.
Esta solicitud responde al requerimiento de la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España.
La querella va dirigida contra seis abogados estadounidenses, quienes están acusados de dar el apoyo legal para la puesta en marcha del centro de detención.
Los demandados, según la misma fuente, son Alberto R. Gonzales, quien fue el principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005.
En ese mismo año, Gonzales se convirtió en fiscal general de Estados Unidos.
Así como los antiguos miembros de la administración del ex presidente George Bush, a saber: David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.
Según la demanda los denunciados “participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídicos”.
Hechos que legitimaron la privación de los derechos de los prisioneros, además de establecer macabras de interrogatorio donde se incluía la tortura.
Sin embargo, la mayor acusación es por “establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo”.
El magistrado ibérico aseveró que de no recibir respuesta asumirá que EEUU no ha emprendido ninguna investigación para aclarar los delitos de tortura que pesan sobre la cárcel ilegal de Guantánamo.
La cárcel ilegal de Guatánamo, ubicada a 64 kilómetros de Santiago de Cuba, es un centro de reclusión que Estados Unidos se empeña en mantener contra la voluntad del pueblo cubano.
En esa cárcel se cometen los peores crímenes y torturas según testimonios de quienes han podido salir con vida. Tampoco se respeta ahí el derecho procesal de los reclusos.