Thomas Jefferson
Desde el 11-S, el gobierno estadounidense, ya fuese con el presidente Bush o con Obama, ha dicho una y otra vez al público estadounidense que sus «secretos de estado» no deben ser compartidos con los ciudadanos. El candidato Obama prometió reducir los secretos de estado, pero el presidente Obama continuó con la tradición de Bush. Los tribunales, el congreso y los aliados internacionales de EE.UU. se han plegado a la escalada secretista del ejecutivo estadounidense.
Etiquetando decenas de millones como documentos secretos, el gobierno estadounidense ha creado un enorme vacío informativo. Pero la información es el alma de la democracia. La información sobre los gobiernos contribuye a una democracia salubre. La transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos son dos elementos esenciales de un buen gobierno. Igualmente, «una falta de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas socava la democracia y da alas al cinismo y a la desconfianza», según declara el informe Harris de 2008 encargado por la Association of Government Accountants.
En ese vacío informativo se adentró el soldado raso Bradley Manning, quien, según Associated Press, fue capaz de derrotar «los sistemas de seguridad del Pentágono no usando más que un CD de Lady Gaga y un lápiz de memoria». Manning presuntamente envió la información a Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro especializada en la publicación de información filtrada. Wikileaks, a su vez, compartió estos documentos con otros medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo el New York Times, y publicó la mayor parte en su página web.
A pesar de las investigaciones criminales puestas en marcha por los Estados Unidos y otros gobiernos, no es claro que organizaciones como Wikileaks puedan ser perseguidas en los Estados Unidos si nos atenemos a la Primera Enmienda. Recuérdese que según ésta, el «Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios.»
Algunos políticos, rojos de furia, denuncian que esta filtración equivale a terrorismo y que pone en riesgo la vida de personas inocentes. Muchos de estos mismos políticos no obstante autorizaron el equivalente del bombardeo de saturación de Bagdad y de otras ciudades iraquíes, el sacrificio de miles de vidas de soldados y civiles así como los ataques de aviones no tripulados en áreas civiles de Afganistán, Pakistán y Yemen. Su rabia hacia un documento descargado, del que desconocemos aún su verdadero alcance, es como poco sospechosa.
Todo el mundo, incluyendo a Wikileaks y los medios de comunicación que están dando a conocer los documentos filtrados, espera que ninguna vida se pierda por la publicación. Y hasta donde sabemos, ése parece ser justamente el caso: los periódicos del grupo McClatchey informaron el 28 de noviembre que oficiales estadounidenses habían reconocido que hasta la fecha no tenían ninguna prueba de que «la [anterior] publicación de documentos condujese a la muerte de alguien.»
Los Estados Unidos han estado marchando en la dirección equivocada durante años, clasificando millones de documentos como secretos. Wikileaks y el resto de medios de comunicación que informan de estos llamados secretos avergonzarán a mucha gente, sí. Wikileaks y el resto de medios de comunicación harán que muchos líderes se sientan incómodos, sí. Pero la vergüenza y la incomodidad son un pequeño precio a pagar si queremos una democracia más saludable.
Wikileaks tiene el potencial para robustecer la transparencia y la rendición de cuentas en los EE.UU. Y eso es bueno para la democracia.
Bill Quigley es el director de Centro para los Derechos Constitucionales y profesor de derecho en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans.
Traducción para www.sinpermiso.info : Àngel Ferrero: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3770
Fuente: http://www.counterpunch.org/quigley11302010.html