Un organismo de defensa del consumidor publicó este martes un informe en el que reveló cómo la farmacéutica estadounidense Pfizer —como una de las empresas que crearon la vacuna anticovid— usa su poder en tiempo de pandemia.
El grupo sin fines de lucro Public Citizen, con sede en EE.UU., analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia, entre otros países. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», reza la publicación.
Los puntos revelados de los contratos
Public Citizen reveló que el contrato alcanzado con Brasil prohíbe a las autoridades hacer «cualquier anuncio público» sobre las condiciones del acuerdo con Pfizer sin obtener el permiso de la compañía. Asimismo, Pfizer le prohíbe a Brasil recibir o hacer donaciones de su vacuna.
La farmacéutica solicitó también que al menos 4 países «indemnicen, defiendan y mantengan indemne a Pfizer» de cualquier tipo de demandas, daños y costos relacionados con la propiedad intelectual de la vacuna. Desde Public Citizen explicaron que, «si otro fabricante de la vacuna demanda a Pfizer por la infracción de patente en Colombia, el contrato requiere que el Gobierno colombiano pague la factura».
Según las revelaciones, Pfizer solicita que las disputas contractuales se resuelvan en secreto por árbitros privados y no en las cortes públicas.
Además, los contratos con Brasil, Colombia, Chile, la República Dominicana y Perú incluye el punto de que los países «expresamente e irrevocablemente renuncian a cualquier derecho a la inmunidad que» ellos o sus activos pueden tener en el futuro, algunos de ellos también renunciaron a la inmunidad contra la incautación preventiva de sus activos. Al respecto, la portavoz de Pfizer, Sharon Castillo, declaró que la compañía «no ha interferido y absolutamente no tiene intención de interferir en cualquier activo diplomático, militar o cultural significativo de cualquier país», recoge The Washington Post.
También, la compañía puede cambiar la fecha de suministro de su fármaco. «En virtud de la gran mayoría de contratos, los intereses de Pfizer van primero», indicó Public Citizen, agregando «el dominio de Pfizer sobre los países soberanos plantea desafíos fundamentales para la respuesta a la pandemia».
Un monopolio ‘demasiado grande para fracasar’
Mientras tanto, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), que se dedica a la distribución y venta del fármaco Sputnik V, destacó este lunes que los desarrolladores de las vacunas de ARN —como la de Pfizer y la de Moderna— «usan palancas gubernamentales, regulatorias y de medios de comunicación en esforzarse para tener un monopolio ‘demasiado grande para fracasar'».
Sin embargo, no hay datos de seguridad a largo plazo de los fármacos de este tipo, ya que se trata de una tecnología nueva y algunos estudios demuestran que la inmunidad tras su aplicación «disminuye rápidamente».
En ese contexto, el RDIF destacó la necesidad de un enfoque de cartera para reducir los riesgos de la tecnología e impedir la aparición de cualquier monopolio en ese ámbito.
Por su parte, Silvina Romano, investigadora del Celag y Conicet, señaló que la postura del gigante farmacéutico Pfizer demuestra su política en contra del beneficio de las mayorías.