Bruno Magalhães
El impresionante resultado de la reciente «megaelección» chilena abre una nueva etapa en el proceso iniciado con el estallido social de 2019, el levantamiento histórico que ocupó las plazas del país, inició la formación de cabildos populares , impuso una nueva Constitución y casi derrocó el presidente de derecha Sebastián Piñera. El resultado positivo de los partidos de izquierda y las candidaturas independientes en las elecciones locales y en la elección constituyente demostró el deseo de cambios profundos de la gran mayoría del pueblo de Chile.
Con la publicación de los resultados, la Bolsa de Comercio de Santiago sufrió la mayor caída desde marzo del año pasado, lo que demuestra el descontento del mercado financiero. Piñera, el gran perdedor, declaró que «no está a tono con las demandas y necesidades de la ciudadanía». Evelyn Matthei, incluso reelegida alcaldesa del municipio de Providencia, se retiró de la posible candidatura presidencial de la UDI (Unión Democrática Independiente) por «no ser ciega». En Democracia Cristiana (DC), la senadora Ximena Rincón declaró «desastroso» el resultado mientras Pamela Giles, primera en algunas encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, declaró que su candidatura «no existe» tras los malos resultados de su Partido Humanista (PH).
Por otro lado, los candidatos independientes representaron más del 30% de los electos y representan la fuerza más significativa en el proceso, así como más del 10% de los indígenas electos. La lista Aprovo Dignidade, conformada por sectores de izquierda como el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido de la Igualdad, alcanzó casi el 20% de los escaños constituyentes, completando un escenario de mayoría de izquierda en la convención que escribirá la próxima constitución chilena.
En los municipios también hubo victorias significativas de la izquierda, como la reelección del alcalde de Valparaíso Jorge Sharp (ex-Convergencia Social) y las victorias del Partido Comunista (PC) en Santiago con Irací Hassler y Recoleta con Daniel. Jadue, otra figura bien posicionada en las urnas presidenciales. Aunque los municipios chilenos tienen mucha menos autonomía administrativa que en Brasil, estas victorias son políticamente bastante significativas.
El ruido que se fue a las urnas
Es imposible entender los resultados de estas elecciones sin volver al levantamiento de octubre de 2019. En ese momento, y en los meses que siguieron hasta la pandemia, se abrió un profundo proceso de indignación del pueblo chileno y de cuestionamiento de las bases neoliberales establecidas por la dictadura de Pinochet de la década de 1970. La violenta represión que siguió al golpe de 1973 contra Salvador Allende allanó el camino para una profunda transformación social que amordazó las oposiciones políticas y mercantilizó todos los aspectos de la vida chilena.
La privatización de los recursos naturales básicos, la concepción del carácter subsidiario del Estado y la comercialización generalizada se combinaron con décadas de violencia política, creando un profundo trauma social que culminó con el levantamiento de 2019. Entre los principales blancos de la revuelta popular se encontraban los odiados Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), empresas de pensiones privadas que controlan el sistema de pensiones del país (con excepción de las fuerzas armadas y la policía) y cuyas políticas son responsables del empobrecimiento generalizado de chilenos y chilenos que reciben solo una fracción de su salario después de la jubilación. .
Otro blanco de indignación fue Carabineros de Chile , una fuerza policial federal que sirvió como brazo represivo de la dictadura de Pinochet y que prácticamente vive en un estado paralelo, con salarios superiores al promedio de los trabajadores, un sistema de seguridad social diferente y una red. de servicios públicos propios. Los pacos , como se llama a los carabineros, reaccionaron violentamente desde el inicio del brote y fueron uno de sus primeros objetivos , habiendo apedreado vehículos y quemado cabañas en todo el país.
El levantamiento de 2019 también fue un levantamiento antipatriarcal impulsado por el poderoso movimiento feminista chileno. Desde el principio, las mujeres estuvieron a la vanguardia en la lucha contra la represión y en la movilización de territorios, dando un carácter feminista al amplio movimiento popular. La actuación «Un violador en tu camino», del colectivo Lastesis, se convirtió en el símbolo contra la violencia machista en un país donde el acoso y la violación eran y continúan siendo utilizados sistemáticamente como una forma de represión política. La Coordinadora Feminista 8 de Março fue una de las organizaciones centrales durante todo el proceso y eligió a cinco líderes feministas para la siguiente constituyente.
El símbolo de la lucha fue Wenufoye, la bandera creada por el Consejo de Todas las Tierras que se convirtió en símbolo de la resistencia mapuche en el sur del país. Además del derrocamiento sistemático de estatuas por parte de los colonizadores españoles, la adopción de la bandera por parte del grupo de manifestantes fue otra señal concreta de que este movimiento popular tenía demandas mucho más profundas. El rostro del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por la policía en 2018, fue un símbolo más de la lucha común de este país andino donde la población de origen indígena es mucho menor que la de sus vecinos del norte debido al genocidio colonial.
El levantamiento de 2019 propició la formación de cabildos, asambleas vecinales que buscaban organizar el proceso de lucha en cada territorio de las ciudades. Las múltiples dificultades en la construcción de los cabildos reflejaron las dificultades del propio proceso de organización territorial, amplio y diverso, y no logró establecer una organización nacional, pero el significado de ese proceso quedó en la conciencia popular. Así como se mantuvo la desconfianza hacia los partidos del orden, sobre todo tras la firma del infame «Pacto Social» que pretendía acabar con el levantamiento.
El pacto de la cocina
El «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» fue denominado popularmente «Pacto de Cocina» por su connivencia, firmado por los principales partidos en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 sin ningún tipo de consulta pública. Este Pacto fue un intento del presidente Piñera de desinflar el brote prometiendo una nueva constitución que reemplazara la legislación vigente desde Pinochet. La nueva constitución fue una de las principales demandas de la izquierda y las organizaciones populares durante décadas, y prácticamente imposible de lograr antes de 2019.
Pero en unas pocas semanas de insurrección, la nueva constitución no solo se hizo posible, se convirtió en una vía de escape a la derecha. El llamado a un nuevo proceso constitucional fue el camino que encontró el mandatario para mantenerse en el poder, ya que en ese momento el «Fuera Piñera» era el principal grito entre los manifestantes. A diferencia de Brasil, Chile nunca ha tenido un presidente derrocado por un juicio político, pero la presión social por su renuncia fue gigantesca y, al proponer el Pacto, Piñera logró su objetivo de mantenerse en el poder.
El gran detalle es que no fueron solo los partidos de la derecha o el viejo Concierto los que respondieron al llamado de Piñera. El Frente Amplio, un frente electoral compuesto por partidos progresistas y la izquierda radical, apoyó mayoritariamente al Pacto, generando indignación y desorganización por parte de organizaciones y militantes. Mientras partidos como Revolución Democrática (RD) y Comunes apoyaron la propuesta de Piñera con el argumento de una gran victoria política y el riesgo de un golpe militar, otros como Igualdad, el Movimiento Popular Democrático y la Izquierda Libertaria (EL) se retiraron del Frente.
Convergencia Social (CS) se quebró cuando el diputado y ahora candidato presidencial Gabriel Boric firmó el Pacto sin consultar al partido -acto por el que recibió solo una leve sanción- que llevó a la salida de Cristian Cuevas, vicepresidente de CS, de la EL restante y otros militantes. El PC se negó a firmar el Pacto y, en cierto modo, se redimió de los años de composición con el gobierno de la Concerta frente a una parte importante de la población radicalizada.
La propuesta de una nueva constitución era genérica y distaba mucho de satisfacer las demandas populares. En primer lugar, porque convocó a un plebiscito en lugar de iniciar un auténtico proceso constituyente, abriendo la posibilidad de una convención mixta compuesta por la mitad del antiguo parlamento que acabaría con el carácter de poder del constituyente original. En segundo lugar, porque no garantizaba la paridad de género, ni el espacio de los pueblos originarios, ni la posibilidad de candidaturas independientes. Estas distorsiones de la voluntad popular creadas por el Pacto fueron derrotadas una a una, especialmente en el plesbiscito de 2020, donde el 80% de la población votó por un constituyente soberano, lo que hizo que la situación para la izquierda fuera mucho mejor de lo que había planeado el régimen político.
Además, el Pacto dijo que el futuro órgano constituyente no podría cambiar sus propios quórumes de decisión, lo que consolidó el poder de veto para un tercio de los participantes en caso de cambios constitucionales profundos, como cambios en el sistema de AFP o en la estructura policial. efectivo. Esta maniobra serviría para asegurar que la derecha mantendría el veto de los principales cambios que busca la gente en las calles, haciendo casi imposible nacionalizar los fondos de pensiones y revertir otras privatizaciones, además de desmilitarizar a la policía y otras demandas callejera . En ese momento Piñera ciertamente pensó que su lista Vamos por Chile (sindicato de derecha) votaría más del 25% de las últimas elecciones.
El Pacto de Cocina también contribuyó directamente a enfriar la movilización porque quitó del horizonte la posibilidad de derrocar a Piñera. Las manifestaciones siguieron siendo gigantescas en las principales ciudades, pero perdieron el impulso inicial de los cabildos basados en la orientación exclusivamente institucional de parte de los partidos de izquierda. Unos meses después, el gobierno aprobó la Ley Anti-Barricada, que hizo más severo el castigo a los manifestantes. No es casualidad que las banderas de los partidarios del Pacto se vieran cada vez menos en las manifestaciones y se desarrolló una ola a favor de las candidaturas independientes.
Entender los motivos y consecuencias del Pacto es fundamental para entender el movimiento histórico del estallido, que incluso traicionó mantuvo un enorme impacto social que se materializó en los resultados electorales. La táctica de «entregar los anillos para no perder los dedos» que utilizó Piñera con el Pacto sirvió de momento y desenmascaró a varios partidos de izquierda, pero no logró borrar el profundo deseo de cambio que se expresará en el futuro. Convención Constitucional.
Una nueva constitución
El elemento más importante en la derrota de la derecha en las últimas elecciones es el hecho de que no alcanzó el tercio de escaños necesarios para el veto constitucional. Esta barrera sería el último freno para profundos cambios constitucionales y se rompió principalmente debido a las candidaturas independientes cuyo éxito no es tan sorprendente si verificamos todo el proceso desde 2019. El rechazo al neoliberalismo y la desmoralización de las alternativas políticas progresistas después del Pacto hicieron una gran parte de los chilenos y chilenos a votar por proyectos de ruptura independientes representados por listas independientes como la Lista de los Pueblos.
La lista de la izquierda Apruebo Dignidad, que aglutinaba tanto al Frente Amplio como al PC y otros sectores que rechazaron el Pacto, tuvo un buen resultado con casi el 20% de los electores. Además de las listas de centroizquierda, los electores elegidos por los pueblos originarios y la gran parte de los progresistas independientes, hay una mayoría a favor de una nueva Constitución bastante diferente a la actual.
Las preguntas planteadas para la mayor parte de la futura Convención Constitucional no son sencillas. ¿Cómo desmantelar el modelo de estado filial? ¿Cómo reconstruir la seguridad social y los servicios públicos? ¿Y cómo hacer esto en una economía casi exclusivamente en manos privadas? En los próximos meses, Chile vivirá una experiencia social sin precedentes en un intento por «desmantelar» los mecanismos neoliberales introducidos hace décadas.
Este camino no será fácil y será imposible sin una gran movilización popular. La derecha chilena todavía tiene sus armas y no dudará en utilizarlas si es inminente una verdadera derrota con el cambio de constitución. El primero es el intento de desestabilización mediante amenazas de colapso económico e incluso acciones concretas como cierres patronales y otros tipos de sabotaje. Las AFP tienen un impacto mucho más amplio en la economía chilena que el sector de pensiones, habiendo expandido sus negocios a otras ramas de la economía que estarían «amenazadas» con el fin del actual sistema de pensiones.
Además, el ejército y los carabineros representan la última línea de contención estatal diseñada por Pinochet, y no se pueden descartar salidas violentas si los intereses de este grupo favorecido se ven afectados. El recuerdo del atentado al Palacio de la Moneda que asesinó al presidente Allende en 1973 sigue vivo, al igual que la Masacre del Estadio Nacional y muchos otros episodios de violencia practicados por los mismos grupos políticos que hoy están en el poder, y no es improbable que estos sectores prueban todo para mantener sus privilegios nuevamente.
Otro desafío vendrá de quienes teóricamente abogan por cambios estructurales, pero no han dado pruebas concretas de su voluntad de realizarlos. Los partidos de la vieja Concertación, como los socialistas, los radicales y los demócratas cristianos, fueron una vez gobierno y tienen opiniones mucho más moderadas sobre la necesidad de cambios en el sistema subsidiario. Con un banquillo de casi el 15%, parte de este sector puede representar el freno que necesita la derecha para ejercer su veto ante propuestas que realmente cambian el estado de cosas en el país.
La izquierda, especialmente la que rodea al actual Frente Amplio, también debe demostrar su valía frente a las presiones institucionales, algo que no hicieron en 2019. El Pacto de Cocina no tuvo las consecuencias deseadas por la derecha porque el sentido de movilización es muy profundo en el pueblo chileno, pero nuevas capitulaciones de esta naturaleza cobrarán un alto precio a quienes lo cometan, especialmente en los temas clave de las AFP y los nuevos derechos sociales a los que aspiran chilenos y chilenos.
Un proceso constituyente está abierto en Chile, que puede ser mucho más grande que su cara institucional. La nueva Constitución debe ser debatida en las bases, en las cámaras, en los sindicatos y en los territorios, en un amplio proceso de consulta democrática que utilice el proceso de creación de leyes como herramienta para fortalecer la organización popular. La movilización y organización popular serán fundamentales para que la Convención Constitucional cumpla sus objetivos y ponga a la clase obrera chilena en mejores condiciones de lucha no solo en el aspecto institucional, sino principalmente en una correlación social de fuerzas que permita victorias concretas contra la burguesía.
Los futuros constituyentes convencionales fueron elegidos en condiciones especiales y deben sentir una presión popular que enfrenta la enorme presión parlamentaria e institucional que reprimió el estallido desde su inicio. Las próximas elecciones presidenciales de fin de año serán otro momento importante -también porque hay posibilidades de la elección de un gobierno de izquierda- pero todas las tácticas en Chile deben ordenarse con base en la estrategia de construcción del poder popular, fortaleciendo el cabildos y organizaciones populares. No hay otra forma de derrotar definitivamente a la burguesía Pinochet del país.