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Los jueces del Supremo negaron, «por seis votos a cuatro», una petición del Congreso Nacional que pedía suspensión de venta de ocho refinerías y activos de Petrobras, según informó la corte en sus redes sociales.

En junio de 2019, el Supremo definió que el Gobierno necesita autorización de diputados y senadores para privatizar empresas estatales.

No obstante, los jueces ahora remarcaron que esa regla no se aplica a las empresas subsidiarias, es decir, a las subdivisiones creadas por las compañías públicas para actuar en sectores específicos.

La mayoría de los jueces entendió que las operaciones de Petrobras suponen simplemente una desinversión, y no un fraude para pasar el control de las acciones al sector privado.

Sin embargo, los contrarios, como el juez Ricardo Lewandowski, afirmaron que esa práctica de crear subsidiarias únicamente para vender activos «afronta a la Constitución» y está pensada para «quitarle el control al Congreso Nacional».

El presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, celebró la decisión que da vía libre a las ventas.

«Estamos muy felices, siempre creímos en un resultado positivo porque tenemos confianza en la capacidad de nuestra Suprema Corte», aseguró.

Petrobras pretende privatizar las refinerías de Landulfo Alves (Bahía, sureste); Presidente Getúlio Vargas (Paraná, sur); Abreu e Lima (Pernambuco, noreste); Alberto Pasqualini (Rio Grande do Sul, sur), Gabriel Passos (Minas Gerais, sureste); Isaac Saabá (Amazonas, norte), Lubnor (Ceará, noreste), y la unidad de industrialización de Xisto (Paraná, sur).

La consulta de Congreso Nacional sobre las privatizaciones que se resolvió ahora se produjo después de que trabajadores de Petrobras y sindicatos como la Central Única de los Trabajadores (CUT) presionaran a los líderes de la Cámara de los Diputados y del Senado el pasado mes de febrero sobre lo que consideran una privatización encubierta de Petrobras.