Casi todos los países de la Unión Europea han comenzado planes de ajuste de mayor o menor severidad con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Las naciones con mayor desequilibrio son las que impulsan los programas de austeridad más severos. Entre ellas se encuentran Grecia, España, Italia, Portugal e Irlanda. Para reducir los déficit, los gobiernos europeos apuntan a obtener dinero de donde sea: suba de impuestos generalizada, reducciones en las plantillas de empleados públicos, ventas de empresas públicas y congelación y reducción de salarios y pensiones.
En una reciente reunión de los ministros de Finanzas europeos, se acordó la creación de una institución que manejará los 750 mil millones de euros del fondo destinado a rescatar países en riesgo de default. A su vez se acordaron nuevos mecanismos para realizar un control común sobre las finanzas de los países miembros. También se discuten medidas para limitar el poder de las tres principales agencias de calificación de riesgo –Standard and Poor’s, Fitch y Mood’s–, las cuales son vistas como agravantes de la crisis.
Mientras, el euro sigue en picada libre, llegando a romper la barrera psicológica de 1,20 en relación al dólar. Al mismo tiempo, aumenta el desempleo, que alcanza un 10,1 por ciento en la zona euro. España ha sido particularmente afectada, con 19,7 por ciento de desempleo, que se eleva a 40,3 por ciento entre los menores de 25 años.
Frente a este panorama, sindicatos de distintos países intentan organizar una resistencia concertada. John Monks, jefe de la Confederación de Sindicatos Europeos, sostuvo que hay “desesperanza y alarma” debido a que las medidas de ajuste impedirán el crecimiento y la recuperación económica. Efectivamente hay indicios de que la crisis será larga.
Los recortes en el sector público provocan que la población tenga menos dinero disponible para gastar y ahorrar. Al mismo tiempo es poco probable que el crédito se vuelva más accesible, ya que los mercados aún continúan extremadamente desconfiados. Esta tendencia se agrava con el aumento generalizado de impuestos –dirigido especialmente a la clase media y baja–, lo cual provoca que haya aún menos dinero circulando.
Con una población con baja capacidad de ahorro y poco acceso al crédito se espera poca inversión proveniente del sector privado. Al mismo tiempo, debido a los recortes en el sector público no hay perspectivas de inversiones públicas. Todas las vías para la recuperación económica parecen cerradas. La única buena noticia es que la baja del euro ha aumentado la competitividad de los productos europeos, lo cual ha incidido en un aumento de exportaciones.
Frente a esta situación hay quienes se preguntan sobre la conveniencia de los recientes planes de rescate. El primero fue dirigido a Grecia y el segundo implicó la creación de un fondo de 750 mil millones de euros destinado a auxiliar a países en riesgo de default. Hubo tres razones detrás de las medidas de rescate: impedir que el euro siguiera cayendo, frenar que Grecia entrara en default y perdiera acceso al crédito y ayudar a bancos franceses, alemanes e italianos, los cuales tenían fuertes inversiones en bonos griegos y de otros países en riesgo.
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