Desde el pasado 9 de febrero 2.500 trabajadores están en huelga en la mina «Escondida», situada en el norte de Chile.
En manos de dos gigantes del sector privado, BHP Billiton y Río tinto PLC (capitales anglo-australianos), Escondida es la mayor productora de «oro rojo» del mundo con la extracción de 900.000 toneladas anuales, es decir, el 20 % de la producción chilena (nación que posee la principal reserva mundial de este mineral).
Frente al anuncio de una huelga «ilimitada», el grupo empresarial paralizó las actividades de la mina alarmando a los especuladores de la Bolsa de Londres. A pesar de las amenazas del presidente de la mina, Marcelo Castillo, y la presión del Gobierno de Michèle Bachelet (socialista), los mineros mantienen su postura y han establecido un piquete de huelga por turnos y un campamento en el exterior de la mina (a 3.100 metros de altitud en pleno desierto de Atacama), después de haber reunido un importante fondo de apoyo solidario. El ministro de Economía, Rodrigo Valdés, no ha esperado para denunciar esta lucha y legitimar a las transnacionales: «esta huelga podría afectar más gravemente al Producto Interior Bruto que los incendios forestales –los más graves de la historia de Chile- que asolaron el país a finales de enero».
Fue después de romper las negociaciones colectivas y frente a la tozudez de la empresa cuando el principal sindicato de Escondida se lanzó a la huelga con la reivindicación principal de una revalorización de los salarios, mientras el precio del cobre ha conocido un aumento del 27 % en 2016 y se prevé que seguirá subiendo al mismo ritmo hasta 2020, para mayor beneficio de los accionistas extranjeros. «Lo mínimo que pedimos –reiteró el dirigente del sindicato Jaime Thenoux– es poder mantener los beneficios del convenio colectivo actual», en particular para los jóvenes mineros que se acaban de incorporar a la plantilla de Escondida.
Una posición estratégica en el neoliberalismo…
La orientación de las empresas mineras en los últimos años ha sido siempre buscar cada vez más flexibilización laboral, mientras miles de empleos fueron suprimidos por los numerosos subcontratistas. Por su parte el sindicato número uno de Escondida exige un aumento salarial del 7 % y un bono excepcional de alrededor de 38.000 dólares por persona.
Aunque a menudo se califica a los mineros de «aristocracia obrera» debido a sus altos salarios en comparación con la inmensa mayoría del pueblo chileno, esos trabajadores tienen que soportar condiciones de trabajo extremas y peligrosas. Y sobre todo es la posición estratégica que ocupan en la economía «primo-exportadora» neoliberal del país la que da un gran peso a sus resistencias y reivindicaciones.
En un contexto de fuerte atomización del movimiento sindical y obrero, heredada de la dictadura y de 25 años de modelo ultraliberal (administrado en gran parte por las fuerzas social-liberales de los gobiernos de la Concertación), esta huelga podría señalar el camino de futuros conflictos de clases. Sobre todo cuando la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) continúa en manos de una burocracia poco legítima y ampliamente cooptada por los partidos del Gobierno (entre los cuales se encuentra el Partido Comunista).
En los últimos días ronda el fantasma de la gran huelga de Escondida de 2006, para disgusto de los medios conservadores y de la patronal. Aquel severo conflicto, que duró 25 días, hizo temblar al sector minero mundial y contribuyó a la revitalización sindical en todo el país. En su época Salvador Allende señaló hasta qué punto el cobre representa el «sueldo de Chile». En la actualidad estos recursos están de nuevo ampliamente en las manos del capital transnacional: en estas condiciones los llamamientos a la renacionalización de los recursos mineros bajo control democrático de la población y de los asalariados resuenan con fuerza.