La CLOC- Vía Campesina Sudamérica, en reunión orgánica desarrollada en Santiago de Chile deL 5 al 8 de noviembre, con respecto al inminente juicio oral y público contra los campesinos y las campesinas procesados por el caso de la masacre de Curuguaty, hecho ocurrido el 15 de junio de 2012, en Paraguay, manifiesta ante la opinión pública lo que sigue:
El 17 de noviembre próximo está fijado en los tribunales de la ciudad de Saltos del Guairá (Canindeyú), el inicio del juicio por el Caso Curuguaty, en donde los únicos procesados son 12 campesinos y campesinas sin tierra, empobrecidos y con posibilidades apenas de hacerle frente a un sistema judicial que les resulta contrario.
Ante tantas irregularidades que se han dado a lo largo del tiempo desde los inicios del caso, pasando por la investigación fiscal deficiente, la audiencia preliminar en donde se atentó contra el derecho a la presunción de inocencia y otras formas violatorias de las garantías procesales y, en medio de eso, el asesinato aún impune del dirigente Vidal Vega, como Vía Campesina consideramos que el juicio oral debe ser anulado para que no se cometa un acto de extrema injusticia social y terrorismo de Estado en el país hermano, Paraguay.
El gobierno de Horacio Cartes no ha dado muestras fehacientes de una intención de resolver el problema de las tierras de Marinakue, que son públicas, pertenecientes al Estado paraguayo, y usurpadas por una familia en particular, los Riquelme, cuyo patriarca fue un poderoso político perteneciente al Partido Colorado, otra vez oficialista. Lejos de mostrar voluntad por finalizar el conflicto, el gobierno de Cartes se esfuerza por fragmentar la lucha y debilitar la organización de las familias al imputar a los principales referentes de la Comisión de Víctimas.
Mientras tanto, estas familias siguen sin tierra y cada vez más empobrecidas. Los imputados e imputadas no tienen posibilidad de trabajar dignamente, por su condición de sometidos a este proceso judicial kafkiano.
El caso del dirigente sin tierra, Rubén Villalba, es un ejemplo del objetivo de condenar sin causa ni pruebas a los campesinos acusados de perpetrar la masacre de otros 11 campesinos –para más señas, sus propios compañeros– más 6 policías, en el marco de la toma de tierra en Marinakue en 2012. Tras la segunda huelga de hambre mantenida este año, y después de 58 días sin probar alimentos sólidos, a Rubén se le otorgó el arresto domiciliario, al igual que a los otros campesinos huelguistas, pero para evitar que gozara de esta medida, se reabrieron en su contra dos casos anteriores, ya fenecidos según entiende el Código Procesal Penal, a objeto de mantenerlo en prisión. En septiembre pasado, Rubén intentó realizar su tercera huelga de hambre, esta vez en solitario, y tras 12 días, el cuerpo le dijo “es suficiente”, por lo que tuvo que levantar su medida de protesta, con graves secuelas en su salud (está perdiendo la vista).
Por todo esto, consideramos que no hay garantía alguna de realizarse un juicio justo.
Por eso exigimos:
¾ La nulidad del juicio y una nueva investigación.
¾ Marinakue para las familias afectadas por la masacre del 15 de junio de 2012.
¾ Castigo para los verdaderos responsables.
¾ Indemnización para familiares de las víctimas y para los imputados e imputadas.
¡Marinakue, Pueblo mba’e!
¡Por tierra, justicia y libertad para Curuguaty!
Vean y compartan El Llamado de Yakarta!