“Lo que estamos planteando no es el cambio de una coma, sino que acá se habla de entregar nuestro patrimonio identitario de semillas y nuestra soberanía alimentaria. En este contexto no estamos dispuestos a discutir ninguna modificación. No porque nos guste la Ley de la dictadura, sino porque para modificarla necesitamos que lxs campesinxs, los movimientos sociales, los pueblos originarios, etc. estén sentados a la mesa diseñando la nueva norma, porque es claro que hoy los únicos que se sientan a esa mesa son las Multinacionales y unos pocos y millonarios dueños de la tierra”.
Durante la entrevista con Jimena Romerono desaprovechamos la oportunidad de preguntarle sobre la posición de «Millones contra Monsanto» en relación al proyecto para una nueva ley de semillas que el Poder Ejecutivo planea aprobar este año en reemplazo de la Ley vigente desde 1973. En ese sentido, coinciden con otras organizaciones sociales, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), en que se trata de un intento de privatización de la semilla originaria, y por lo tanto de la vida.
Por Mariana Dei Castelli
Romero contó a ComAmbiental, que “el año pasado la Ley estaba modificada, lo había anunciado el Ministro Yahuar, sólo faltaba el trámite de aprobación por parte del Congreso. Sin embargo, la resistencia popular sorprendió a lxs funcionarios y tuvieron que dar marcha atrás”. Sin embargo este mes el Secretario de Agricultura, Lorenzo Basso, afirmó que antes de fin de año se enviara el proyecto al Congreso, luego de los comicios legislativos de octubre.
Esta nueva ley implica el pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas. También significa la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente, un derecho reconocido en el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).
“Lo que estamos planteando no es el cambio de una coma, sino que acá se habla de entregar nuestro patrimonio identitario de semillas y nuestra soberanía alimentaria. En este contexto no estamos dispuestos a discutir ninguna modificación. No porque nos guste la Ley de la dictadura, sino porque para modificarla necesitamos que lxs campesinxs, los movimientos sociales, los pueblos originarios, etc. estén sentados a la mesa diseñando la nueva norma, porque es claro que hoy los únicos que se sientan a esa mesa son las Multinacionales y unos pocos y millonarios dueños de la tierra”, comentó la referente de Millones Contra Monsanto.
Por su parte, la posición del Secretario de Agricultura de la Nación, Leonardo Basso, es que «la ley está pensada para los semilleros argentinos, no para los que producen transgénicos. Y va a haber una mayor trasnacionalización de semilleros argentinos”. Publicado por InfoCampo, también aclaró que la norma no se aplicará a los productores de baja escala: «Del 65% al 70% de los productores de la Argentina no va a pagar ningún tipo de regalía».
Actualmente se puede ver esta orientación a la patentización y privatización de las semillas en varios países de Latinoamérica. En Chile, el pasado 11 de mayo el Senado aprobó el Convenio UPOV 91, pasando por alto la consulta a los pueblos indígenas establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trata de tratado muy similar al proyecto de ley de semillas en Argentina.
Por ejemplo implica el pago de una patente (“Derecho de obtentor”) a las transnacionales que manipulan genéticamente las semillas campesinas y originarias, la prohibición a los agricultores de guardar la semilla para la resiembra, y la facilidad para patentar las plantas ya que sólo se pide un cambio de carácter, que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea. En México se sancionó una ley similar a esta y en Ecuador está en camino la derogación de la prohibición constitucional de los organismos modificados genéticamente.
Con esto se confirma la denuncia de Romero: las cinco empresas biotencológicas más grandes del mundo son quienes actualmente orientan las decisiones políticas de los países latinoamericanos. De esta forma la política nacional de semillas queda subordinada a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización impulsada por las empresas transnacionales comercializadoras de semillas y por algunos gobiernos. De esas empresas, Monsanto es la principal ya que controla más del 90 por ciento del mercado de semillas transgénicas.
La agricultura campesina e indígena está siendo reemplazada por los agronegocios y los monocultivos de semillas transgénicas, eliminando la biodiversidad y por lo tanto la capacidad de resistencia de las plantas y de la tierra a los fenómenos del cambio climático.