En octubre pasado, entidades, ayuntamientos y varias personas se empezaron a preocupar al salir a exposición pública dos concesiones denominadas Leonardo y Darwin que afectaban la Cataluña interior: Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, la Segarra,… y, con la sorpresa de que un año antes ya había sido concedido un permiso de investigación denominado Ripoll y que afectaba sobre todo a la Garrotxa y el Ripollès.
En ninguna de estas concesiones se menciona explícitamente la técnica de la fractura hidráulica (fracking) pero se deja abierta la posibilidad de poderla utilizar. Este hecho queda más que claro cuando se investiga los currículums de las empresas implicadas o concesionarias, que utilizan esta técnica habitualmente.
¿Pero qué es la fractura hidráulica? El fracking, como se conoce usualmente, es una técnica moderna que se empezó a utilizar a partir de 2002, que consiste en una perforación en vertical a gran profundidad (de 2.000 a 3.000 metros) y posteriormente en horizontal por dentro del estrato donde hay localizados los hidrocarburos (gas o petróleo) hasta unos 2.000 metros de distancia. Posteriormente se inyecta agua a gran presión para fracturar la roca junto con una sopa de arenas y elementos químicos para disolverla. Todo este proceso provoca que se incremente la permeabilidad de la roca y así poder extraer el petróleo o el gas que estaba atrapado en pequeñas vacuolas dentro de la roca.
Esta técnica es tecnológicamente muy avanzada pero conlleva riesgos ambientales y sociales muy elevados:
a) Peligro de contaminación de acuíferos al utilizar productos químicos. Una parte (el 20%) de ellos se calcula que no se pueden volver a extraer y permanecen en el subsuelo. Esto puede conllevar contaminación en acuíferos profundos y también superficiales si las maniobras con los tubos de la perforación no se realiza correctamente.
b) Sobreexplotación de acuíferos al ser una técnica que necesita mucha agua. Son habituales inyecciones de 12.000 a 24.000 metros cúbicos, que es el equivalente a 12 ó 24 piscinas olímpicas.
c) Tránsito y ruido típico de una industria pesada. Estas explotaciones funcionan como una industria pesada con el consecuente tránsito de grandes camiones, lo cual, en un ambiente rural, afecta la tranquilidad y salud de las personas.
d) Impacto en el paisaje, por las grandes extensiones que se necesita ocupar en las explotaciones, equivalente a más de una campo de fútbol. En un entorno rural ello conlleva una agresión al medio y un impacto visual de extraordinarias proporciones, al repetirse la huella de la explotación por todo el territorio.
e) Pequeños terremotos. Generados por carga o extracción de agua al haber fallas cercanas.
El uso de esta técnica es consecuencia del agotamiento de las reservas de petróleo convencional que desde el siglo XIX se están explotando, y que ha sido la sangre de la sociedad industrial desde los años 20, al facilitar el transporte y el acceso a energía barata y muy eficiente. En estos momentos se calcula que el petróleo fácil de extraer, y por tanto el más barato, ya se está agotando, lo que provoca un incremento del precio que hace rentable que intenten técnicas como el fracking, que requieren mucha inversión y, a la vez, con muy poca tasa de retorno energético (diferencia entre la energía utilizada para la extracción y la que da los hidrocarburos extraídos).
El fracking es una prueba más de que estamos tocando los límites de los recursos geológicos y ecológicos. La lógica capitalista del beneficio y el hecho de no internalizar el impacto ambiental en los balances de las empresas hace que se generen graves impactos sociales y ambientales en diferentes territorios del planeta. En estos momentos urge un cambio de modelo, ambiental y socialmente más justo. Pero por los sesgos que toma esta crisis sistémica no parece que éste sea el camino, sino todo lo contrario. La lucha por los pocos recursos naturales que quedan en el planeta, sobre todo el petróleo, está sirviendo para mantener a una élite con una elevada riqueza. A estos sectores ya les interesa que el 99% de la humanidad llegue a niveles de pobreza suficientes y que mantengan un bajo consumo de estos recursos naturales cada vez más reducidos, en lugar de hacer lo que realmente sería necesario: socializar los recursos para poder decrecer y repartirlos de manera sostenible entre el conjunto de la población.
En este cambio de modelo Catalunya no está exenta, ya sea por medio de recortes brutales como de la debilidad de la administración que debe velar por los intereses de la comunidad. Y es en este último aspecto, en el marco de una administración débil, donde las empresas hacen y deshacen según sus intereses, que nos encontramos estas concesiones de hidrocarburos. Sino no se entiende cómo la concesión Ripoll, que a diferencia de las otras concesiones su permiso de investigación ya está adjudicado, que tiene más que ver con una típica historia de países poco democráticos y con estructuras de estado muy débiles que de un país moderno y con una democracia bien establecida. Esta concesión que abarca buena parte de la Garrotxa y del Ripollès y una parte de Osona se concedió a una empresa que se llama Teredo Oils Limited propiedad de un multimillonario excéntrico de 94 años. El procedimiento habitual en estos permisos sería, si la administración que nos gobierna fuera seria y rigurosa, analizar primero el impacto ambiental que pueden generar estas explotaciones en el territorio, informar y captar la opinión de la población que vive ahí y, finalmente, si ninguna de las dos anteriores es negativa, conceder la explotación. Pero la única información que tuvo Riudaura, lugar donde la empresa quiere empezar, y donde en los años 60 se localizó gas pero se descartó por su baja rentabilidad, fue la de la empresa y el excéntrico multimillonario. Meses más tarde las entidades ecologistas locales alertaron que se debía hacer un seguimiento estricto de las operaciones de esta empresa, porque las informaciones eran contradictorias, la administración decía una cosa y la empresa otra. En este marco es donde todos y todas debemos reflexionar en que, aparte de vendernos el territorio por un plato de lentejas (hay muy pocas reservas de gas), lo hacemos a pequeñas empresas que aprovechan lo que las grandes no quieren y donde la seguridad para la realización de este tipo de explotaciones genera todavía muchas más dudas y más riesgos de impacto ambiental.
Por eso es necesario que el pueblo de Catalunya haga suyos los planteamientos de la Plataforma Anti-Fracking y pida que se detengan estas investigaciones. No queremos el fracking porque no nos llevará a la soberanía energética, ni por recursos disponibles en el subsuelo ni por los impactos que generará en el territorio. Queremos un cambio de modelo a través de energías renovables limpias para alcanzar la independencia energética y así conservar el territorio para las generaciones futuras. Por eso es necesario invertir en investigación y tecnología, inversión que recuperaremos en el futuro al ahorrar en la factura energética las importaciones de hidrocarburos (actualmente el 70% viene de fuera de Cataluña). La implantación de estas energías renovables también debe ser socialmente justa, es decir no controlada por grandes empresas sino por cooperativas locales o empresas públicas para así no caer en la lógica del enriquecimiento de unos pocos. Hay que pensar que en el futuro debemos disponer de menos, con más eficiencia y más equidad.
Llorenç Planagumà i Guàrdia es geólogo, miembro del Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST) y colaborador de Alba Sud.