Autor: Fabiana Frayssinet
La suspensión judicial de la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en la selva amazónica de Brasil puede ser una más de una incesante guerra en los tribunales. Pero deja una lección para otras obras de infraestructura: la exigencia jurídica de diálogo con las poblaciones nativas.
La orden de cancelar la obra de Belo Monte sobre el río Xingú, en el norteño estado de Pará, fue adoptada en la noche del lunes 13 en forma unánime por el Tribunal Regional Federal de la Primera Región y anunciada el martes 14.
Los jueces consideraron que la construcción de la que sería la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, no respetó la Constitución ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque las comunidades indígenas afectadas no fueron consultadas previamente.
«La Constitución Federal y el Convenio de la OIT dicen que el Congreso Nacional (legislativo) debe hacer una consulta con los pueblos tradicionales impactados, antes de autorizar cualquier programa de explotación de recursos existentes en sus tierras», argumentó el relator del proceso, el magistrado Antônio de Souza Prudente, al anunciar el fallo.
«Al contrario, diputados y senadores aprobaron el decreto que permitió el inicio de las obras, previendo una consulta póstuma y no previa», agregó Prudente al interpretar ese hecho como propio de «una dictadura». «Los pueblos indígenas deben ser oídos y respetados», subrayó.
Belo Monte es uno de los grandes proyectos de infraestructura planificados por las administraciones del Partido de los Trabajadores tanto en el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) como de su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff.
El gobierno argumenta que esta obra, que inundará unos 516 kilómetros cuadrados, es necesaria para satisfacer la creciente demanda energética del país.
Belo Monte tendrá una capacidad máxima de generación de 11.233 megavatios (MW) en épocas de crecida del río, aunque su capacidad media será de 4.500 MW, y abastecerá a unos 26 millones de personas, a la vez que contribuiría a elevar la oferta de empleo.
Pero las aldeas indígenas y comunidades tradicionales que viven en las márgenes del Xingú se oponen a la represa pues, si bien no inundará sus territorios, desviará 80 por ciento del caudal del río y causará, entre otros efectos, pérdida de agua y merma de la pesca.
Desde que comenzaron las obras previas esas comunidades han realizado innumerables actos de protesta, con amplia repercusión internacional, que aumentaron tras el inicio de la construcción en 2011.
En abril de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitó la suspensión de Belo Monte, justamente por falta de consulta a los nativos. El gobierno rechazó la solicitud.
«Este problema de Belo Monte debería ser una advertencia para que otros grandes emprendedores contemplen a las comunidades indígenas involucradas. En vez de una actitud autoritaria se debe tomar el camino del diálogo. Esta decisión judicial llama la atención sobre la exigencia jurídica del diálogo», dijo a IPS el jurista Dalmo Dallari.
«La decisión del tribunal confirma nuevamente la falta de consentimiento de las comunidades y la necesidad de tener estudios de impacto ambiental integrales antes de aprobar este tipo de proyectos, que pueden causar daños irreparables», dijo desde México a IPS el abogado Joelson Cavalcante, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que da apoyo legal a las comunidades afectadas.
«Celebramos esta decisión porque da esperanza que los jueces en Brasil aplicarán las leyes nacionales e internacionales para proteger los derechos de las comunidades y el ambiente», agregó.
Dallari, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y asesor de otras aldeas indígenas en conflictos ambientales y de tierras, recordó que en casos similares ya hubo consultas y que esto no necesariamente significa la interrupción definitiva de las obras.
El jurista recordó el caso de la central Tucuruí, también en Pará, en la que tras una consulta con las poblaciones originarias se llegó a un acuerdo que «atendió tanto los intereses nacionales como los de los indígenas».
Después del diálogo, se reformuló el proyecto de instalación de una línea de transmisión para que no pasara sobre una aldea, sino a un costado, indicó. «Oír a los pueblos indígenas no significa crear obstáculos, sino hacer los ajustes necesarios».
Dallari recordó otros casos, como tendidos de carreteras en áreas indígenas o la construcción de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, compartida con Paraguay, en los que inicialmente tampoco se consultó a las comunidades cercanas.
«Estas empresas encargadas de las obras suelen no acordarse de que existe esa obligación jurídica de oír a los indígenas, y quieren imponer sus soluciones contemplando apenas aspectos técnicos y económicos, cuando es necesario escuchar los aspectos humanos», sostuvo.
En cuanto a Belo Monte, el tribunal determinó que las obras solo podrán reanudarse después de consultar a los indígenas a través del parlamento. No está claro si en caso de que esas comunidades mantengan su posición de rechazo a la hidroeléctrica, esta se cancelará definitivamente.
Dallari cree que eso dependerá de los argumentos presentados. Pero confió en que, como en situaciones anteriores, se llegue a un acuerdo que contente a todos.
«Siempre existe la posibilidad de adaptación del proyecto para conciliar intereses. Y es posible que Belo Monte vaya por ese camino, con adaptaciones que contemplen el interés de ambas partes», opinó.
Las comunidades involucradas creen que el gobierno sobreestima la importancia energética de Belo Monte y defienden otros tipos de generación limpia, como la solar y la eólica, que no alteren la vida de las comunidades amazónicas.
En virtud de la represa, 100 kilómetros de la Volta Grande del Xingú sufrirán un efecto agravado de sequía en el verano, pues perderá la mayor parte de sus aguas retenidas en una represa y desviadas por un canal a un segundo embalse generador de energía.
En ese tramo viven unos 200 indígenas en dos reservas, Paquiçamba y Arara, y centenares de familias campesinas. El río es su principal fuente de proteínas y medio de transporte.
Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre en Pará, teme que las tierras indígenas, hasta ahora «muy conservadas», sean afectadas. La dirigente relató a IPS que ya con el comienzo de las obras, el río comenzó a secarse en algunas partes y que «comenzaron a perder peces».
De proseguir la obra, ella teme que esos efectos puedan agravarse y los indígenas «pierdan las tierras para sus futuras generaciones. Si tienen que irse a las tierras de los blancos, serán discriminados, afectados por el alcoholismo y la violencia de las ciudades», vaticinó.
Por eso celebró la decisión de la justicia, ante la cual el gobierno y el Consórcio Norte Energia, constructor de la central, ya no pueden seguir ubicándose «más allá del bien y del mal».
«Esto fortalece nuestra esperanza y nuestro movimiento de resistencia contra Belo Monte y ese modelo de hidroeléctricas depredador, destructor de la vida y el ambiente», enfatizó.
La decisión del tribunal establece que el incumplimiento generará una multa diaria equivalente a 250.000 dólares. Hasta este miércoles 15, Consórcio Norte Energia no se daba por notificado del fallo, que es apelable ante una instancia judicial superior.
La puesta en operación de la primera turbina de Belo Monte, valuada en unos 13.000 millones de dólares, está prevista para 2015. Y la finalización total de la obra para 2019.