Autor: Rubén Ramos
Lo que ocurre en Cajamarca-Perú, con relación al proyecto minero Conga es la resistencia de los que viven de la tierra, a la minería transnacional que invade el derecho de sus comunidades a la vida y a su reproducción. Es el rechazo a la resignación que significaría aceptar lo burlado y que se tornará en crisis ecológica a despecho de peritajes y estudios; en desocupación y exclusión, no obstante condiciones y ajustes. Es la oposición a la imposición salvaje de la racionalidad del costo/beneficio, que exalta la muerte. Es la respuesta al sino del fundamentalismo neoliberal que comparten por igual los idólatras de las armas y de la cruz mientras incitan a la resignación. A éstos, les asiste el autoconvencimiento de que la ley, es algo que vale la pena preservar, a fin de incrementar los beneficios que les pudieran sobrevenir, y como forma de negarle al pueblo cualquier utopía venidera.
Para los epígonos del mercado lo que nuestros pueblos merecen es una economía de depredación que supone la matematización de los beneficios como cálculo que hace inservible la naturaleza como medio para la reproducción de la vida. La tierra, el agua, los ecosistemas, son sólo cifras equivalentes a cero. La economía de mercado es descarnada y cruel con lo que se pueda oponer a la racionalidad de las ganancias por alcanzar.
De lo que se trata es de imponer una “religión” que exige sacrificio y sumisión a la ley. Los comuneros de Celendín y Cajamarca están hoy bajo la amenaza de ser sacrificados en nombre de la ley que establecería que las riquezas del subsuelo es de los 30 millones de peruanos a los que dice representar su presidente. Desde esta lógica, reinvindicar el derecho que les asiste sobre las lagunas que les permite la vida y su reproducción, no se condice con la ley. Por lo tanto hay que sacrificar a los directamente implicados en el usufructuo de sus aguas, porque según la ley, ésta no fue dada para proteger la vida, sino para “regular la gran minería”.
A quien está obligado de aplicar la ley nada hay que reclamarle, porque no se trata de quien la aplica u ordena su aplicación, sino de la ley misma. Extrapolando, Cristo fue crucificado no por quienes aplicaron la ley, sino por la ley existente. Así las cosas, no hay siquiera necesidad de lavarse las manos. Tampoco, que cumplir ofrecimientos. La relación entre ley y vida se juega de la misma manera, entonces y ahora. La ley que se aplica en nombre de la pura legalidad es lo que mata. Implica violencia. Y eso es lo que el pueblo de Cajamarca advierte y resiste.
¿Y la ordenanza regional que declara inviable el proyecto Conga? La ley dice que es inconstitucional. Tampoco se trata del Tribunal Constitucional ni del Fiscal que interpuso la demanda para que se le declare inconstitucional. Se trata de la Ley. De una Ley que se hizo para garantizar la vigencia del modelo económico neoliberal, que fue impuesta por el mismo Banco que hoy maneja las inversiones del Proyecto Conga, y es uno de los socios, y por la que el presidente actual no juramentó su cargo.
Precisemos algo más. La resistencia no es al desarrollo. Es a la racionalización por el crecimiento y las inversiones que revela la irracionalidad de lo racionalizado. Es a la competitividad y la eficiencia con la que los discípulos del Banco Mundial, enquistados en el ministerio de economía del Perú, han pretendido en los últimos 25 años, y desde siempre, justificar procesos destructores de nuestra herencia natural. Para estos “yuppies” del entreguismo aprendido en las universidades de “La Hiedra”, y para quienes aún les resta aprender el abc de la economía política, “Conga No Va”, resulta una amenaza para la homogeneidad que la ortodoxia del crecimiento económico ha impuesto al planeta sin importarle su extinción. La estrechez de su mirada que todo lo somete a la calculabilidad del orden económico impuesto, les impide advertir que la necesaria “inversión extranjera”, nos ha conducido a un tipo de sociedad que condena al hambre y la exclusión a más de la mitad de esos treinta millones de peruanos a los que supuestamente beneficiaría el proyecto Conga.
La resistencia es, también, al asistencialismo con que se pretende manipular la voluntad de algunos alcaldes y comunidades con “cinco millones” de soles para proyectos de “desarrollo e inclusión social” previstos en los manualitos del BM para el Perú de la “nueva era”. Su sentido y significado se inscriben en la perspectiva de la “estrategia de prevención de conflictos” que a algunos dirigentes del gobierno les es familiar. Esta estrategia advierte mantener y profundizar, y no descuidar -ni antes ni durante los conflictos- el apoyo a iniciativas “democráticas” de desarrollo a través de programas y proyectos en infraestructura, salud, educación, derechos humanos, capacitación de docentes, de futuros dirigentes vecinales, de poblaciones indígenas y nativas, de líderes religiosos y comunitarios, asignando fondos a través de USAID y cuidando, a la vez, el “marketeo” de esta institución, así como también del FMI, el BM, el BID. El asistencialismo así instrumentalizado, quiebra la movilización del pueblo hacia una auténtica inclusión que implique respeto, igualdad y justicia.
Reinvindicar el derecho a la libertad de decidir lo que es mejor para sus vidas y las de sus descendientes se ha convertido en un problema de fé para los cajamarquinos pensantes. Sin embargo, todos están bajo amenaza de ser sacrificados en nombre de la aplicación legalista de la ley, aunque no de la misma forma ni en el mismo tiempo.
En el proyecto Conga, se confrontan la legalidad ciega del valor capitalista, como legalidad jurídica del Estado peruano, con la afirmación por la vida de miles de campesinos frente a esa legalidad. No se trata de cualquier resistencia, sino de la responsabilidad por su humanidad. No se trata simplemente de confrontar la irracionalidad de la racionalidad medio-fin, sino de asignarle, por primera vez, un lugar a la vida, al bien común, a la convivencia comunal, al respeto por la tierra y por el agua.