Prensa Latina (PL)

La audiencia preliminar contra el soldado estadounidense Bradley Manning, por filtrar información secreta al portal web Wikileaks, concluyó hoy con una petición de sus abogados de reducir a tres los cargos que se le imputan.

Tras siete días de debate, la defensa del analista de inteligencia del Ejército explicó por qué consideraba inadecuado procesarlo por 18 de los 22 delitos de los cuales se le acusa.

A juicio de su representante legal, David Coombs, el gobierno exageró en el número de acusaciones, que de ser comprobadas podrían llevar al militar a enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

Según precisó, se deben omitir los cinco cargos relacionados con supuestas alteraciones de computadoras del gobierno, para extraer los documentos que se le acusa de filtrar, pues todos los miembros de su unidad accedían a software no autorizado.

Asimismo, Coombs recomendó desechar el argumento de que ofreció información al enemigo “a sabiendas”, por falta de evidencias para demostrar daños provenientes de las filtraciones.

Finalmente sugirió reducir a tres los 16 cargos que prohíben conductas perjudiciales para el orden y la disciplina, bajo la ley militar, por los cuales cumpliría una condena de 30 años.

Por su parte la fiscalía, consideró que todas las imputaciones están bien justificadas, pues Manning permitió el acceso a documentos clasificados que entregó a la organización dirigida por el australiano Julian Assange.

El oficial Paul Almanza, quien dirige los debates, tendrá hasta el venidero 16 de enero para definir si Manning debe ir ante una corte marcial.

El analista está acusado de entregar a Wikileaks cientos de miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado de este país norteño y reportes de combates en Irak y Afganistán.

También debe responder por enviar un video secreto sobre un ataque de un helicóptero en territorio iraquí, en el cual fallecieron 11 personas, divulgado por el portal digital bajo el nombre de “Asesinato Colateral”.

Varios medios locales destacaron que el objetivo de Washington con el proceso es intentar armar un expediente para pedir la extradición a territorio estadounidense de Assange.