El órgano, que es un tradicional portavoz de los sectores más conservadores de quienes participaron de la dictadura brasileña, volvió a cuestionar la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff para investigar los crímenes de la dictadura.
Sin embargo, esta comisión está impedida de elevar a la justicia los casos que reúna, ya que en Brasil rige la Ley de Amnistía de 1979, sancionada por el general Joao Baptista Figueireido, que impide la apertura de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.
“La inquietud nuestra radica en que la comisión se torne unilateral, lo que facilita la injusticia, ya que no tenemos un asiento en la comisión. Entonces la comisión ya decidió quien será el héroe y el villano de esta historia”, dijo Bandeira al diario O Estado de Sao Paulo.
Los militares brasileños también fueron beneficiados por la democracia: el año pasado, el Superior Tribunal Federal (STF) ratificó el vigor de la ley de amnistía por sobre los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad.
El régimen brasileño asesinó a 400 personas y torturó a miles de detenidos, entre ellos la presidenta Rousseff, quien participaba de la resistencia armada al régimen.
Rousseff estuvo detenida casi tres años y fue torturada durante 22 días. La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de Sao Paulo archivó por prescripción una causa pedida por la fiscalía para procesar a cuatro acusados de torturar a la hoy presidenta.
Otro de los influyentes militares retirados habitualmente escuchados por la prensa, el capitán de reserva José Geraldo Pimentel, que tiene un blog en el que reinvindica la dictadura y la califica como e un “movimiento democrático” que venció una “guerra” contra el “comunismo”, dio un paso más en la estrategia militar para boicotear a la Comisión de la Verdad.
“El gran objetivo (de la Comisión) es condenar a los militares que lucharon contra los ex terroristas y ex guerrilleros”, argumentó, y convocó a sus pares a quemar los documentos oficiales que tengan en su poder sobre el período de ilegalidad.
La gran mayoría de las entidades de derechos humanos y militantes históricos de la izquierda respaldaron a la comisión, aunque otros le objetan la capacidad para llevar a los tribunales a los acusados de violar derechos humanos.
El viernes 18, la presidenta Rousseff sancionó la ley que crea la comisión de la verdad, en presencia de los jefes de las tres fuerzas armadas.