(Argentina) Extranjerización y modelo agropecuario: dos caras de la misma moneda

La presentación por parte del gobierno nacional del “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020” casi al mismo tiempo que el proyecto de “Protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales” (más conocido como ley de tierras) son parte de la consolidación de un modelo productivo agroexportador sojero y extractivo.

Los beneficiarios solo se diferencian por su nacionalidad pero, en ambos casos, son propietarios de grandes extensiones de las mejores tierras de nuestro país y van camino a que se les habilite la posibilidad de seguir ampliando sus ganancias y la extensión de sus territorios.

Por medio de la ley de tierras, como ya dijimos en otro artículo (1), se les legalizará los cientos de miles de hectáreas que poseen en zonas estratégicas por sus recursos naturales (agua, petróleo, minerales, biodiversidad). Esto es así ya que el proyecto del Ejecutivo no toca derechos adquiridos, aun cuando las hayan comprado a precio vil y con prebendas de los poderes políticos de turno. En el caso del PEA llevará a consolidar “su” modelo agrario productivo (modelo sojero de producción y exportación).

Los perjudicados serán los de siempre: campesinos y pueblos originarios que sufren el paso de las topadoras que los expulsan de sus territorios. También pobladores que padecen los efectos de los agrotóxicos utilizados para sacarle a la tierra más de lo que por naturaleza quisiera dar.

Algunos datos pueden contribuir a mostrar que, en materia de tierras, no importa el lugar de nacimiento.

En el 2000, los primeros cuatro terratenientes del país eran el italiano Luciano Benetton (hoy, el mayor terrateniente de Argentina); el húngaro George Soros, propietario de Cresud; y los argentinos Juan y Jorge Born (Bunge & Born) y Amalia Lacroze de Fortabat. En conjunto eran propietarios de dos millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Bélgica.

En el 2008, Eduardo Basualdo, investigador de FLACSO, realizó una investigación sobre quiénes eran los que tenían por entonces más de 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Cinco grupos económicos (Bunge & Born, Loma Negra de Lacroze de Fortabat, Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma de la familia Blaquier) eran propietarios de casi 400 mil hectáreas y 35 grupos agropecuarios reunían poco más de 1 millón y medio. (2)

Como vemos, extranjeros y coterráneos que encabezan grandes empresas, se reparten las mejores tierras tanto por su fertilidad como por las riquezas que encierran sobre la superficie y debajo de ella.

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de 100 a 160 millones de toneladas de granos, extender la superficie sembrada de 34 a 42 millones de hectáreas, y aumentar las exportaciones agroalimentarias en un 145 por ciento. “Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola”, afirma Guillermo Almeyra, historiador, ex profesor de la UNAM y actual columnista del periódico La Jornada de México.

¿Cuánto de “plan”, de “estratégico” de “alimentario” y de “industrial” tiene el PEA?

“Es un plan que no tiene planeamiento. Se definen metas y objetivos, pero no se han fijado las estrategias y las políticas para alcanzarlas”, afirmó la historiadora y especialista en geopolítica Elsa Bruzzone, en el programa Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu.

“No se puede elaborar un plan de estas características si primero no se ha resuelto el tema de la tenencia de la tierra y de la concentración de la misma. ¿Sobre qué tierras se va a avanzar? En este plan ¿dónde está la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria la dan los pequeños productores, los campesinos y no los grandes pulpos que manejan todo; los grandes grupos económicos que son los que tienen concentrada la tierra y todo el proceso de comercialización, desde la semilla hasta que el producto llega a las góndolas”, agregó.

Para Tomás Palmisano, politólogo e integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, el PEA es una intensificación del actual modelo de agronegocio. “De hecho, lo dice literalmente”, afirmó en una nota del mismo programa radial.

“Según explica este plan, no hay una caída de la soja sino una disminución relativa de su peso en relación con el resto de los granos. Hoy casi un 60 por ciento de la superficie granaría argentina está dedicada al cultivo de soja. Y el plan no está proponiendo dar un paso atrás con eso o al menos detenerlo”.

Respecto al incremento de 10 millones de hectáreas que plantea el PEA, Palmisano comentó que “esas tierras se presentan como vacías pero son tierras ocupadas por comunidades campesinas y por pueblos originarios que ya están en litigio por el avance sojero y por la extranjerización”.

El aspecto “alimentario” que dice tener este plan es, en realidad, agricultura pensada para el mercado externo, no solo para la producción de derivados de la soja que son alimento para el ganado de los países hacia donde se exporta, sino para la producción de biodiesel como paradigma de la industrialización del agro.

Otro aspecto interesante son los “actores” a quienes se consultó para elaborarlo. Si bien se trabajó durante un año, poniendo muchos recursos del Estado, tanto humanos como materiales, tratando de relevar información en diversas provincias, poco de eso se volcó luego al PEA. En ese sentido, Palmisano afirma la clara ausencia de los movimientos sociales organizados vinculados a la tierra. “Si uno interpela a unos actores que sabe que están ganando mucho con este modelo, claramente lo que se va a presuponer es una profundizaron del mismo”.

Respecto a la participación de las universidades, encuentra que “hay un monopolio completo de las que están vinculadas a la agronomía, a la economía y al agronegocio. Y una participación enorme de las cámaras empresarias y de exportación. Grobocopatel fue una de las personas que literalmente propuso pautas de este plan”, afirmó Palmisano.

Damián Verzeñassi, Subsecretario Académico da la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó en nota publicada por Rosario 12: “La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas para el 2020 anuncia la continuidad de la agricultura dependiente de la química tóxica, de commodities y transgénicos. No es alimento para argentinos (…) La agricultura industrial es una manera de producir combustibles, no alimentos”.

Diversos referentes de organizaciones campesinas opinaron también acerca de este plan.

Benigno López, integrante del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), afirma que el plan mantiene a la soja como el principal cultivo y opina que el incremento de las hectáreas sembradas “conociendo a quienes hoy tienen el manejo del modelo agropecuario, eso se hará eliminando a las posesiones de los campesinos y los indígenas. (…) Esto significa la desaparición de los pequeños productores y de los pueblos originarios”.

Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) alertó en un documento sobre la profundización del modelo agropecuario y sobre el aumento de los desalojos, de los desmontes y de la utilización de los agrotóxicos. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”.

No es casual que el gobierno haya presentado el proyecto que dice pretender frenar la extranjerización de la tierra casi conjuntamente con este plan. Tierras para todos…los pooles de siembra, las transnacionales que comercian granos y los terratenientes. Un plan continuista, sojero, extractivo y agroexprotador.

Notas:

1) Las cosas por su nombre