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El secretario de la Comisión de Defensa Nacional defendió la resolución legislativa e indicó que no buscan «implementar alguna base militar extranjera» en el país.
El Congreso de Perú aprobó en la madrugada de este viernes un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de tropas militares de EE.UU. a territorio peruano, del 1 de junio próximo al 31 de diciembre.
Con 70 votos a favor, 33 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Parlamento avaló esta medida que fue repudiada por las bancadas de la izquierda.
El encargado de justificar el texto fue el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, quien señaló que el personal de EE.UU. realizará actividades de «cooperación y entrenamiento» con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Igualmente, el congresista aseguró que la entrada del destacamento estadounidense «no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional», según informó la Oficina de Comunicaciones del Parlamento.
En ese sentido, el pasado 31 de diciembre el Ministerio de Defensa aclaró que «no existe una sola base militar de los Estados Unidos en territorio peruano».
La alerta internacional
Esta votación se llevó a cabo dos semanas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentara graves violaciones, por parte de militares y policías, durante las protestas en contra del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte.
Para la CIDH, el uso «desproporcionado, indiscriminado y letal» quedó confirmado por el alto número de muertes, que en total se ha contabilizado en 67, de las cuales la mayoría (49) se dieron tras choques con las fuerzas de seguridad pública.
La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, incluso declaró que «las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales» en Ayacucho, una de las regiones donde se registraron los actos más cruentos.
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Mientras que este miércoles, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, coincidió en que hubo «uso excesivo» de la fuerza durante las manifestaciones.
«El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre», subrayó Voule.