Miguel Jaimes
Acá en Venezuela la situación es mucho más cruda y delicada por esto ocupamos el primer lugar de vulnerabilidad en cuanto a la recuperación de la industria petrolera nacional y sus activos a nivel internacional.
Ahora veamos algunas cifras alarmantes:
Solo en Sudamérica Venezuela había creado y consolidado 32 empresas relacionadas al accionar petrolero, de esas solo dos (2) quedan activas las demás fueron expropiadas, saqueadas y robadas por gobiernos de países sudamericanos.
Venezuela está aislada. Los primeros pasos se han acelerado desde aquella fatídica reunión entre el ex Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo con los presidentes de Brasil y Colombia la cual se desarrolló desde el 31 de diciembre del 2018 y el 2 de enero del 2019; sucesivo a esto vino la reunión del Grupo de Lima el día 4 del mismo mes y por supuesto su declaración consecuente a la reunión del hoy ex Pompeo y la intransigente declaración de la OEA el 10 de enero del mismo año. Desde la víspera de navidad 2018 nadie descansó con tal de ver destruida a Venezuela.
Pero las consecuencias de aquellas reuniones no se detuvieron durante todo el 2019, luego siguieron con el embargo de los activos de CITGO y la estructura dentro de la Administración norteamericana que coordinó esta estrategia fue la denominada Oficina para las Iniciativas de Transición (OTI) de la USAID, especializada en programas de cambio de régimen, es decir, el lucrativo negocio de derrocar gobiernos para después apropiarse de sus riquezas y reconstruirlos.
Todas estas agresiones continuaron creciendo cuando EE.UU. decidió contratar y enviar a Elliot Abrams. Sus acciones se consolidaron en el bloqueo. Con esto la triada bloqueo quedó consolidada y el «equipo» comenzó a actuar.
La tríada lista la componían Bolton—Rubio—Pompeo, todos demostraron su capacidad de influencia en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Aunque después quedó marcada su incapacidad con la misma fuerza que habían comenzado.
Fueron y elaboraron la limitación a la libre circulación impuesta sobre las y los principales directivos de la Junta Directiva de la empresa estatal venezolana, —PDVSA— responsable de más del 95% del PIB nacional, a la cual la Unión Europea impuso medidas que restringieron su circulación por su espacio geográfico, impidiendo en consecuencia su movilización, aun cuando desarrollaban funciones relacionados directamente con la finalidad comercial o de representación de la estatal más importante del país.
En el 2011 la Unión Europea era el tercer socio comercial de Venezuela (8,8% del comercio total) detrás de EE.UU. (35,1%) y China (15,1%). Además de ser un importante inversor extranjero —China— con 24.100 millones de euros para ese mismo año. España era el segundo mayor inversor directo en Venezuela, detrás de Estados Unidos.
En 2015, el Observatorio de Complejidad Economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los centros universitarios de educación e investigación privada más reconocidos en EE.UU., señaló que los principales países con los cuales Venezuela importaba bienes y servicios eran:
Estados Unidos ($8,07 miles de millones);
China ($5,31 miles de millones);
Brasil ($2,99 Miles de millones);
Argentina ($1,37 Miles de millones);
México ($1,22 Miles de millones);
Canadá ($496 millones);
Alemania ($534 millones);
Italia ($472 millones);
España ($381 millones);
Reino Unido ($318 millones);
Francia ($305 millones) y,
Suiza ($264 millones).
Entre los principales productos y bienes importados por Venezuela desde España, Alemania, Italia, Reino Unido se encontraban: medicamentos, instrumentos médicos, aparatos ortopédicos; productos refinados del petróleo, productos químicos y otros más.
El 50% de lo importado desde Suiza eran medicamentos envasados (USD 133 millones); 9.6% correspondiente a sangre humana o animal (USD 25.2 millones); así como medicamentos no envasados, antibióticos y reactivos de laboratorio: 1.8%, 1.3% y 1.2% respectivamente, totalizando aproximadamente USD 11 millones.
Esto llevó a que, en los últimos cinco años, las importaciones para Venezuela disminuyeran en una tasa anualizada de -31.2%, de USD 58.7 billones en 2012 a USD 9.1 billones en 2017. En el caso particular de los países europeos la reducción ha sido en promedio de 65%, viéndose reducidas todas las importaciones.
Las retenciones ilegales han sido un perfecto desastre realizado por financieras europeas, tal es el caso de Euroclear que una semana después de emitidas las «medidas restrictivas» retuvo 1.650.000.000 de dólares estadounidenses que el Gobierno venezolano había cancelado para la compra de alimentos y medicinas.
Para enero de 2019 la financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retiene 1 mil 543 millones de euros del Estado venezolano, destinados a cancelar los tratamientos para personas con enfermedades crónicas. Entidad que pasó a ser propiedad del fondo de capital de riesgo de Estados Unidos Lone Star, empresa que lo «adquirió» a costo.
Igualmente, para finales de 2018, el Banco Central de Venezuela se propuso repatriar los 1.200 millones de dólares de oro venezolano, depositados en el Banco de Inglaterra de los 8.000 millones de dólares en reservas venezolanas depositadas en esa entidad. Esto corresponde a 31 toneladas en oro macizo.
El Banco de Inglaterra negó esa solicitud, alegando dudas sobre la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro. Ello a la luz de la aprobación que hiciera el Parlamento Europeo de desconocer injerencistamente las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y reconocer de facto al ex presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, bajo la figura de presidente interino de Venezuela.
A la fecha, se estima que la suma de dinero venezolano retenido en más de 40 instituciones financieras repartidas a lo ancho del globo, asciende a más de 7 millardos de dólares estadounidenses.
Hasta más pronto…
Julio del 2021