Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. En la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA.
“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, espacio técnico emblema del sector rural). Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.
El rol de YPF, la contaminación y las posibles afecciones en la salud.
El trabajo censurado
“Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro (EFO), Alto Valle del Río Negro”, es el nombre de la investigación del INTA, firmada por Diego Rodil, que trabaja en la institución desde hace diez años y desde hace dos que se dedica a profundizar el impacto petrolero en la tradicional zona de chacras de Allen (entre General Roca y Cipolleti). De 19 páginas, aclara desde que se trata de la primera etapa de una investigación más amplia, un trabajo exploratorio-descriptivo y que se enmarca en el proyecto específico “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.
“Desde el 2013 se experimenta un avance acelerado de la extracción de gas y petróleo (con más de 70 pozos activos) sobre la zona rural de Allen, la ciudad productora de manzanas (2971 hectáreas) y peras (3200 hectáreas) más importante del país”, explica la investigación y destaca: “No es posible hablar de convivencia entre las dos economías cuando la decisión de hacer fruta o petróleo queda librado a las dinámicas del mercado, que para petróleo paga diez veces más por hectárea. La incompatibilidad de actividades se visualiza en la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro; además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”.
En el INTA regional trabajan más de 130 técnicos de las más diversas áreas de conocimiento. La institución, que tiene como uno de sus objetivos favorecer el desarrollo agropecuario y asesor a los productores, nunca se había expedido sobre la avanzada petrolera.
Otro párrafo del trabajo censurado advierte: “Algunos de los problemas denunciados por la población rural fueron ruidos molestos en el momento de la perforación, contaminación de suelo y agua, rajaduras en casas por tránsito de maquinaria pesada, y el incremento de problemas de salud manifestado en afecciones respiratorias por venteo de gases. Preocupa también la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública para determinar las posibles causas y su relación con el fenómeno estudiado”.
El trabajo se centra en la localidad de Allen, “capital nacional de la pera”, ubicada en el centro del Alto Valle del Río Negro, a 25 kilómetros de la capital de Neuquén. Se caracteriza por tener la mayor concentración de chacras productoras de peras y cuenta con una amplia infraestructura de galpones de empaque, frigoríficos y empresas exportadoras. La investigación del INTA revela que entre 2009 y 2014 Allen perdió 409 hectáreas de frutales (el 6,3 por ciento del total) y lo atribuye a un fenómeno multicausal, enmarcados en la llamada “crisis de la fruticultura”. El trabajo señala como hipótesis que “el avance extractivo y la falta de políticas públicas acertadas de protección del pequeño productor, han acelerado éste fenómeno (la crisis)”.
La actividad hidrocarburífera se da en la zona desde la década del 60, pero con la explotación de la vecina Vaca Muerta se aceleró (con la cuestionada técnica de “fracking” o fractura hidráulica). La Estación Fernández Oro (EFO) es la mayor formación gasífera de Río Negro y pertenece a YPF (a través de su empresa “Yacimiento del Sur”). Allí funciona una planta separadora del petróleo y el gas, que los pone en condiciones para el bombeo y comercialización. Rodil afirma que cuenta con más de 70 pozos activos (de más de 160 existentes) que producen 1.750.000 metros cúbicos de gas.
“Este avance acelerado de los últimos tres años trajo numerosas consecuencias. A pesar de que diferentes voces del gobierno municipal, provincial y nacional aseguraron la compatibilidad con la fruticultura, en la zona de Allen ya se perdieron 58 hectáreas de forma directa y se observa un importante número de chacras en estado de abandono. También se registró en este periodo derrames de crudo, roturas de caños de agua, explosiones e incendios, contaminación del agua, rajaduras de casas por tránsito de maquinaria pesada”, detalla el trabajo del INTA.
Explica que se observa una “competencia/tensión” por el uso del espacio rural. “La expansión de la frontera hidrocarburífera presiona sobre las tierras sistematizadas para la agricultura. El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”, advierte.
Afirma que no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que dejan de existir. “Tampoco se contempla que sobre el suelo productivo se producen alimentos y que se trata de una economía sustentable que lleva cien años y puede continuar en el tiempo. Las economías extractivas tienen un ciclo de vida limitado, cuando se acaba el recurso, se acaba la actividad”, destaca Rodil.
Avanza en la caracterización: “La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”.
Y alerta que “la apuesta de Ysur (YPF) es duplicar la producción de gas en los próximos cinco años. La campaña de perforación representa 100 pozos más”.
El trabajo aborda tópicos como “el extractivismo en América Latina”, “pasivo ambiental y maldesarrollo” y “matriz y política energética”, entre otras. Recuerda que en septiembre pasado el gobierno provincial licitó otras seis áreas petroleras en el Alto Valle y el Valle Medio, lo que puso en alerta a productores de Villa Regina, histórica zona de frutas y chacras.
Entre las conclusiones parciales, la investigación destaca: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.