Con “gran pompa” se anunció que desde el 23 al 27 de junio en San José, Costa Rica, se realizaría el Congreso de Biología Tropical llamado: “Las nuevas fronteras en biología tropical para los próximos 50 años» [1]. El evento reunió a 900 investigadores de 53 países, y estuvo organizado por la “Association for tropical Biology & Conservation (ATBC) y la Organization for Tropical Studies (OTS), ambas organizaciones no gubernamentales.
Aparentemente el congreso tenía la intención de dictar las directrices de las líneas de investigación en la biología tropical para más de la mitad del siglo XXI. Desgraciadamente, estas seguirán marcadas por el negocio mundial y transnacional de la naturaleza, ya que el diálogo de los participantes se centró en “las medidas para la conservación de los ecosistemas con el fin de que estos sigan brindando servicios como biodiversidad para la seguridad alimentaria e insumos para la industria médica…” [2].
La biodiversidad es una riqueza explotable, sobre la cual se cierne la geoestrategia y la geopolítica. Existe un interés por monopolizar el conocimiento sobre la biodiversidad y almacenar bancos de germoplasma, que es donde se almacena y conserva la variabilidad genética, representada por células germinales, semillas o especies de animales que poseen un uso aprovechable para la humanidad.
Para lograr estos objetivos, las multinacionales y las metrópolis, que representan la lógica del capital, han montado dos líneas de acción. La primera consiste en “la construcción de un sistema de bioprospección mundial constituido por las transnacionales, Estados, instituciones e investigadores (ONGs y Estados nacionales” [3]. Y la segunda es “un sistema mundial de protección de la propiedad intelectual que penetre las oficinas de patentes nacionales y que permita hacer válida la propiedad privada» [4].
Los proyectos de bioprospección permiten explotar y seleccionar la diversidad biológica con la finalidad de hallar recursos genéticos y bioquímicos comercialmente valiosos, con el fin de patentarlos, lo que en 1993, Pat Money llamo Biopiratería y que se entiende como: “la utilización de los sistemas de propiedad intelectual para legitimizar la propiedad y el control exclusivo de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones de las comunidades indígenas y campesinas” [5] (y agregamos: ni a los estados tropicales). Delgado Ramos afirma que la biopiratería: “no es una conceptualización solo analítica sino también política, es un mecanismo de enriquecimiento capitalista de acciones ecologicidas y antitesis de la sostenibilidad” [6].
Para la catedrática Silvia Rodríguez, existen diferentes tipos de bioprospección que se asocian a los actores sociales. Entre estos tipos están: “la bioprospección al azar e intencional” y la “bioprospección etnobotánica”, la cual según la autora “representa para muchos el método mas efectivo” [7] para encontrar con mayor facilidad los principios activos que generarían un fármaco potencialmente rentable o la obtención de moléculas para la generación de alimentos transgénicos igualmente rentables y perjudiciales.
Al finalizar el Congreso de Biología Tropical (Biopiratería Tropical), los investigadores realizaron lo que han llamado: “La declaratoria de San José”, y en la cual se destaca el llamado al gobierno de Costa Rica de: “retirar y eliminar el proyecto de ley 17.680, el cual pretende segregar unas 1.000 hectáreas del Parque Nacional Rincón de la Vieja con el fin de dedicarlas a la geotermia” [8]. Además enuncian la importancia de las interconexiones biológicas que deben realizarse entre las diferentes áreas protegidas. Podemos especular que estas se enmarcan dentro de los programas que integran el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), es decir, la cara verde del Proyecto Mesoamérica.
Llama mucho la atención en la declaratoria la afirmación que realizan, cito: «Costa Rica podría perder su liderazgo mundial como una sociedad capaz de haber integrado el progreso social, económico y ambiental» [9], lo cual podría asumirse como una advertencia al gobierno nacional, si no se retira el proyecto de ley 17.680 de la corriente legislativa.
Pero nos preguntamos: ¿conocerán estos “900 científicos” la realidad que acontece con el déficit de producción de energía eléctrica al que se enfrenta el país en época seca? ¿ Tendrán idea que los incrementos en el consumo eléctrico en Costa Rica son cerca del 5,4 % anual, lo que nos proyecta una duplicación de lo producido hasta hoy en los próximos 12 años? ¿Como científicos habrán sido rigurosos al tomar en cuenta tales aspectos para realizar tan romántica declaratoria?
En el 2008, y gracias a la conducción del catedrático Freddy Pacheco, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, hicimos un estudio integral de caso sobre el Proyecto Hidroeléctrico Diquis (PHD), en el cual descubrimos que según las proyecciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de algunos desarrolladores de proyectos para la producción de energías limpias, el PHD debía estar funcionando a más tardar en el 2016 y así eliminar el uso de las plantas térmicas (consumidoras de combustible fósil) las cuales, además de incrementar la factura petrolera del país, nos causan una dependencia energética, son altamente contaminantes y la emisión de gases que generan aportan bastante al tan mencionado calentamiento global.
Un ejemplo de esto es la planta térmica Garabito en Puntarenas, Costa Rica, que pasó de consumir 8561 barriles de bunker en 2009 a 32952 barriles en 2010 [10]. Otro aspecto negativo de esta forma de producción de energía eléctrica es que un proyecto de planta térmica como Garbito le costó a los costarricenses 316 millones de dólares, para producir 200 megavatios de electricidad, con un costo ambiental y económico muy alto, lo que sin duda alguna se carga a la factura de los consumidores mes a mes.
Las soluciones posibles que hasta ahora se conocen, para tener una Costa Rica productora de energías limpias son: las Plantas Hidroeléctricas, Parques Eólicos y las Plantas Geotérmicas.
Entre las soluciones estaba precisamente el PHD, que pretendía satisfacer la demanda de los costarricenses por algunos años, como lo hizo el embalse de Arenal en su tiempo. Si no se podía realizar el proyecto, se debía abrir el tema de concesiones de agua para que los empresarios pudiesen construir pequeños proyectos hidroeléctricos, y cambiar la ley que limita la producción de energía privada, por lo que el ejecutivo presentó un proyecto de ley, donde se le permitiría incrementar la generación de electricidad privada de un 15% a un 25% en el país. En el tema del modelo desarrollo, este proyecto de ley responde al modelo de privatización tan impulsado en los últimos años por los gobiernos neoliberales.
En el tema de la conservación e impacto surge la pregunta: ¿Qué impacta más: muchas hidroeléctricas pequeñas en manos privadas en la mayoría de los ríos del Caribe o el PHD? Es importante aclarar que por razones técnicas los únicos ríos que cumplen las condiciones geológicas para construir estas pequeñas plantas están en la Vertiente Caribeña. También hay que mencionar que según la ley, el ICE esta obligado a comprarle al pequeño empresario la electricidad producida se ocupe o no y que al termino de unos 20 años deberá pagarle al desarrollador el valor de la planta hidroeléctrica que construyó (negocio redondo).
La otra solución que el ICE ha ido implementando son los Parques Eólicos (PE), pero estos poseen el problema que produce oscilaciones en la energía, ya que depende de la fuerza del viento, lo que hace que esta fuente sea inestable para algunos sectores cuyos equipos no pueden sufrir de variantes en los voltajes, por lo tanto los parques son insuficientes para cubrir la demanda actual y futura.
Por último, el ICE presenta la propuesta de la energía geotérmica, la cual es mucho menos contaminante e impactante que la hidroeléctrica, pero con el agravante de que todos los sitios aptos en Costa Rica se encuentran bajo la modalidad de Parque Nacional y su costo de construcción es mayor que un proyecto hidroeléctrico. Pero hay que visualizar la opción de energía geotérmica como una inversión en una fuente inagotable de energía que no depende del estado meteorológico, que no impacta la flora y la fauna y, además, que no desplaza a los pueblos originarios como sucede con los embalses hidroeléctricos.
Según los estudios realizados por el Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE, el potencial teórico geotérmico de Costa Rica asciende a 900 Mega-Watios, siendo las áreas de mayor potencial las ubicadas en la Zona Volcánica de Guanacaste y la Cordillera Volcánica Central [11]. Es importante acotar que esta forma de producir electricidad sólo se puede hacer en determinadas partes del mundo, lo que hace de toda el área centroamericana un importante núcleo de energía geotérmica.
La Ley # 3763, indica que las riquezas de los Parques Nacionales en Costa Rica, no se explotarán con fines comerciales, pero debe tenerse en cuenta que las plantas geotérmicas no son propiamente actividades comerciales, ya que el recurso geotérmico es usado para la satisfacción de fines públicos, el desarrollo de la calidad de vida, derecho al servicio eléctrico y sobre todo a la soberanía y seguridad energética [12].
Lo que no sucede con la bioprospección, que traslada la riqueza en biodiversidad de nuestras áreas de conservación a una molécula capaz de sintetizar un fármaco para su uso comercial generando una alta rentabilidad a alguna de las casas farmacéuticas transnacionales o las productoras de alimento transgénico.
Según el proyecto de ley #17680, al afectarse una parte del inmueble del Parque Nacional, este se repone mediante una permuta del terreno, como también lo propone en su texto sustitutivo a la ley la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), ONG que reúnen a las asociaciones ambientalistas y de conservación de todo el país. En el texto sustitutivo, se reconocen en los principios que existe la “necesidad nacional del desarrollo geotérmico. La energía geotérmica constituye un recurso natural sostenible, de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Representa energía firme de bajo a moderado impacto ambiental, que además constituye un recurso autóctono que le otorga soberanía energética a nuestro país” [13].
Por lo visto, entre las ONGs transnacionales y las ONGs nacionales existen dos visiones sobre el tema de la energía geotérmica y del uso soberano de los recursos naturales, debate que debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria por parte de los científicos de la biología tropical para “no caer inocentemente” en declaratorias que intentan violentar el derecho soberano de los países para el uso de sus recursos naturales de una forma sostenible y para el bien de sus habitantes.
Costa Rica debe tratar el tema energético como prioridad del Estado, y no permitir que núcleos ligados a los intereses de las metrópolis le dicten la política de la única empresa estratégica que posee el pueblo costarricense. Conviene empezar a ver hacia el sur en el tema energético y seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos, los cuales han fortalecido y recuperado las empresas estratégicas de energía y recursos naturales, hecho que les ha permitido una independencia energética, la cual hoy hace de ellos uno de los bloques regionales más importantes del mundo (Chile con Codelco, Brasil con Petrobras, Venezuela con PDVSA, Bolivia con la YPDFB, Ecuador con Petro-Ecuador y Argentina con YPF).
En el tema de biodiversidad ya es tiempo que las investigaciones científicas y sobretodo las realizadas en bioprospección contengan mecanismos para que el beneficio llegue a toda la población de los países tropicales que aportan el 70% de la biodiversidad mundial.
NOTAS:
[1] Subrayado es nuestro
[2] La Nación, 24-06-2013 (Subrayado es nuestro).
[3] Delgado Ramos G. (2002). “Hacia un sistema mundial de Biopiratería” (en) “La amenaza Biológica: Mitos y falsas promesas de la biotecnología”. Primera edición. Editorial Plaza y Janes. México. 453 p.
[4] Ídem.
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Rodríguez S. (2003). Injusticia y lucro en contratos de Bioprospección. En Revista Ambientales. No.26. Págs.59-69. Universidad Nacional Costa Rica.
[8] La Nación, 28 -06-2013.
[9] Idem.
[10] Diario extra, 11-10-2010.
[11] Proyecto de ley 17680. (Gaceta, 24-06-2010).
[12] Ídem.
[13] http://feconcr.org/doc/geotermia/17680-TEXTO%20SUSTITUTIVO%20GEOTERMIA%20.pdf (acceso: 28-06-2013) (Resaltado es nuestro).
Óscar Barboza Lizano es latinoamericanista, biólogo tropical y miembro de AUNA-Costa Rica.