Guatemala
Ollantay Itzamná
Hace dos semanas atrás, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), publicó una investigación titulada: Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala. Los desgarradores datos revelan una verdad incómoda que ya se sospechaba pero que no se quería ver.
Guatemala, dócil a las orientaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., se convirtió, en las últimas tres décadas, en una renovada República de mega latifundista.
Mediante la concentración y reconcentración de la tierra, emergieron los “modernos” propietarios angroindustriales, acaparando más del 60% de las tierras de cultivo del país. Este latifundismo inmoral, tramitado por el propio Estado, no sólo convirtió a campesinos e indígenas del país en empobrecidos sin tierra, sino, además de quitarles la tierra, los convirtió y convierte en acorralados esclavos sin derechos.
Por las actuales estadísticas del mercado internacional, Guatemala es renombrada y aplaudida como la primera potencia regional en la exportación de etanol (con 265 millones de litros anuales). El cuarto país exportador de azúcar a nivel mundial (con 55 millones de quintales anuales). Uno de los principales productores de palma africana, etc. La agroindustria representa el 13% del PIB nacional (el PIB de Guatemala es de 46.9 millones de dólares) Pero, este “éxito” tiene olor a sangre y sudor maya.
Según la investigación realizada por CODECA, en 609 fincas agrícolas (de las cerca de 3 mil registradas), distribuidas en 14 de los 22 departamentos del país, el 91% de jornaleros/as agrícolas son indígenas. De estos, la gran mayoría desconoce sus derechos porque son analfabetos o porque tienen bajo nivel de escolaridad.
El 70% de las y los trabajadores agrícolas en las modernas empresas de agroexportación trabajan entre 9 y 12 horas diarias, sin conocer recompensa alguna por las horas extras, bajo amenaza de despido. Además, la gran mayoría de ellos sale de su casa al trabajo a las 3 de la madrugada, y vuelven a las 9 o 10 de la noche.
El 90% de trabajadores recibe un salario por debajo del mínimo establecido por Ley. Para el 97% de las mujeres jornaleras no existe ni siquiera salario mínimo. Sólo el 3% de las y los trabajadores tiene vacaciones. El 90%, indica que no les afilian al Seguro Social, aunque sí les descuentan del salario.
Las “exitosas” empresas agroexportadoras, sólo tienen 4% de sus trabajadores como empleados fijos. Al resto los mantienen bajo la modalidad de temporarios sin derechos. La sindicalización en las fincas agroexportadoras está sancionada con despido inmediato, lista “negra”, persecución y asesinato selectivo de dirigentes. Sólo el 1% de trabajadores/as dice estar sindicalizada. No existe inspección laboral, por parte del Estado en las fincas.
La desterritorialización de indígenas y campesinos, y su subsecuente esclavización en las fincas agrícolas, no sólo convierte a estos legítimos dueños de las tierras en cenizas o fertilizantes para la agroexportación, sino, sobre todo, acelera la pauperización, hambruna, migración, convulsión social y violencia generalizada en el país.
Estas empresas del desastre no sólo nos despojan la tierra. Nos quitan y matan nuestros ríos (más de 12 ríos muertos). Invaden áreas protegidas, y con sus fumigaciones áreas envenenan nuestro aire. Y lo más doloroso de todo esto es que lo hacen con el apoyo jurídico y político del Estado, y la legitimación moral de algunos jerarcas católicos y evangélicos (el actual Arzobispo de Guatemala es el principal defensor público de las azucareras esclavistas, https://www.youtube.com/watch?
Y si esto es “desarrollo”, mejor que nos dejen convivir con los nuestros y nuestra Madre Tierra como lo sabíamos hacer. Porque, lo que CODECA muestra con su investigación es sólo una parte del costo sociolaboral de la prepotente agroexportación. Aún falta medir las impredecibles nefastas consecuencias ecológicas de este mito de “desarrollo” que ya heredamos a quienes vienen después de nosotros/as.
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