Esa ilegalidad de Excellon Resources Inc., manifestada en las múltiples violaciones a la Ley Federal del Trabajo, al medio ambiente y a sus propios compromisos contractuales con los campesinos del ejido La Sierrita y con sus trabajadores mineros, acreditan la necesidad de que el gobierno le retire la concesión minera con la que opera y deje de solapar los atropellos de esa compañía.
En su boletín del 16 de julio, esa empresa señaló que “cuenta con el pleno apoyo de los gobiernos estatal y federal sobre este tema y sigue trabajando con el gobierno para ayudar a poner fin a esta acción tan pronto como sea posible”. Ante esta afirmación de Excellon Resources, es preciso que los gobiernos federal y del estado de Durango respondan si realmente están apoyando a la empresa en su conflicto ilegal contra campesinos y mineros, pues su obligación principal es hacia los gobernados, que son los propios duranguenses. Ambos gobiernos están obligados a pronunciarse públicamente para negar que estén apoyando a la empresa en sus propósitos de ilegalidad manifiesta, que es la causa de la movilización campesina-minera al tomar la mina de La Platosa.
Pues esta empresa ha estado señalando a nivel local de Durango que la Organización No Gubernamental, PRODESC, está financiando el movimiento de los campesinos y mineros, acusación que PRODESC ha señalado como absolutamente mentirosa. La misma Excellon ha señalado equívocamente que el Sindicato Nacional de Mineros es quien financia esta protesta minero-ejidal, lo cual es igualmente calumnioso. Tal pareciera, según esas versiones, que los ejidatarios y los trabajadores mineros no tuvieran criterio propio y hubieran de ser movidos por entidades externas a ellos para demandar justicia.
Lo que es un hecho verificable es que Excellon Resources Inc. ha mentido persistentemente a lo largo de este conflicto. Mintió al firmar un convenio de colaboración y entendimiento del 2008 con los ejidatarios de la Sierrita, en el cual les ofreció supuestamente hacerlos socios de la empresa, y establecer diversos servicios de beneficio para la población del ejido, así como privilegiar la contratación de familiares de ejidatarios para trabajar en la mina La Platosa, y crear un sistema de tratamiento de aguas residuales para limpiar la contaminación de las que la mina utiliza en el lavado de los materiales que extrae del suelo. Nunca ha cumplido con estos compromisos establecidos en 2008 y, al reclamarle los ejidatarios este incumplimiento, simplemente se ha negado a todo diálogo.
Esto hace sospechar a ejidatarios y mineros que hay funcionarios públicos de México que están detrás de Excellon Resources Inc. para promover sus acciones ilegales. Ni las autoridades federales ni las del estado de Durango pueden mantenerse inactivas ni hacerse de la vista gorda ante esta presunción de complicidades y deben investigar qué hay de todo ello, y castigar penalmente a quienes resulten implicados en esta indebida intromisión, que impide se cumpla con justicia el contrato firmado en el 2008 y, asimismo, viola la Ley Federal del Trabajo y la Jurisprudencia 150/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que los recuentos de trabajadores para fines de titularidad “deben ser secretos, libres y con garantías de seguridad”, lo que no ocurrió en el recuento del 5 de julio.
Es sumamente significativo que en su boletín de Toronto, Canadá, del lunes 16 de julio, Excellon manifiesta que los trabajadores sindicalizados de la Sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros hayan obtenido solamente un tercio de los votos necesarios para adquirir el reconocimiento de la representación por la parte trabajadora, cuando es un hecho notorio que la propia empresa recurrió, una vez más ilegalmente, al uso de bandas de golpeadores para inclinar la votación a favor de cualquiera de los dos sindicatos blancos que esa empresa protege, así como al terrorismo empresarial, mediante amenazas de despido y oferta de sobornos a los auténticos trabajadores que participaron en el recuento del 5 de julio, con lo cual dicha votación resultó absolutamente amañada y adversa a los intereses de los trabajadores. Pero más grave aún, que Excellon Resources y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Durango hayan permitido y promovido el voto de empleados de confianza, cuando un recuento es solamente para que participen los trabajadores pertenecientes a la organización sindical.
Otros compromisos de establecidos en el convenio de 2008, que la empresa no ha cumplido y para los que se niega siquiera a dialogar son, junto con la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, el conseguir de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, los permisos necesarios para la operación de esa planta, previamente a su edificación. Tampoco ha cumplido su ofrecimiento de aportar recursos para fletar el acarreo de los minerales de la mina, ni para instalar el comedor, ni para sufragar los gastos de transporte del personal de la mina, que había prometido y firmado en el contrato referido.
Excellon Resources Inc. está fuera de la ley, por todas estas evidencias. Pero además, esa empresa ha ocupado arbitrariamente terrenos de vecinos de la comunidad, para construir represas, líneas eléctricas y de barrenación, invadiendo sin consulta alguna, tierras comunales o de pobladores para convertirlas en tiraderos de desperdicios de la mina La Platosa, con alto contenido de arsénico muy por encima de las normas que permite la Norma Oficial Mexicana al respecto.
Ni el gobierno del estado de Durango ni Excellon se han presentado ante la comunidad, por su temor de que los vecinos de la misma les reclamen su negligencia y abusos, que se corrobora en el dato de que la empresa alega en su boletín mencionado del 16 de julio que cuenta con toda la protección de los gobiernos federal y estatal de Durango y pretende responsabilizar a las organizaciones mexicanas e internacionales solidarias de este conflicto. De igual manera lo viene haciendo su testaferro, Carlos Pavón, “la marrana” según lo califican los trabajadores mineros, cuando los únicos responsables de esta agresión contra trabajadores y ejidatarios son Robert More, vicepresidente de Operaciones en México de Excellon, y Pablo Gurrola, subdirector de Relaciones Laborales de la misma empresa, a los cuales se les deben fincar los cargos penales por sus actividades ilegales en contra de ejidatarios y trabajadores mineros, las cuales además dañan tanto a la comunidad como al ecosistema en el entorno de la mina La Platosa.
Jorge Campos Miranda es miembro del Sindicato Minero.