| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Cada agujero de bala en los postes de alumbrado en el centro de Asunción, Paraguay, cuenta una historia. Algunos de ellos son de guerras civiles de hace décadas, otros de golpes exitosos y fracasados, otros de represiones policiales. El tamaño del agujero, el ángulo del impacto, todos hablan de un escape, una muerte, otro dictador en el palacio junto al río.
El 22 de junio de este año, un nuevo tirano entró en el palacio del gobierno. El derechista Federico Franco llegó a la presidencia en lo que se consideró un golpe parlamentario contra el Presidente izquierdista democráticamente elegido Fernando Lugo.
Lo que está tras los titulares de hoy, de las luchas y combates políticos por la justicia en Paraguay, es un conflicto por el acceso a la tierra, la cual representa el poder y el dinero para las elites, la supervivencia y la dignidad para los pobres, y ha estado en el centro de importantes batallas políticas y sociales en Paraguay durante décadas. A fin de comprender la crisis de Paraguay posterior al golpe, hay que entender el peso político del suelo de la nación. Por lo tanto hay que echar un vistazo a la historia de la guerra por los recursos naturales de Paraguay, por la tierra, los eventos que condujeron al golpe, y a la historia de la resistencia de una comunidad agrícola que se encuentra en el corazón de la actual crisis de la nación.
El golpe y la tierra
La esperanza rodeó la victoria electoral de Fernando Lugo en 2008, una victoria que terminó con los 61 años de dominación de la política paraguaya por parte del Partido Colorado. Fue una victoria contra la injusticia y la pesadilla de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y una nueva adición a los gobiernos de tendencia izquierdista de la región. La elección de Lugo, exobispo y partidario de la teología de la liberación, se debió en gran parte al apoyo en la base del sector campesino y a la promesa de Lugo de realizar la imprescindible reforma agraria
No obstante, Lugo estuvo aislado políticamente desde el comienzo. Tuvo que aliarse con la derecha para ganar la elección; su vicepresidente, Federico Franco, es un dirigente del derechista Partido Liberal y fue un elocuente opositor de Lugo desde poco después de su llegada al poder. Durante toda la estadía en el poder de Lugo, el Partido Colorado mantuvo una mayoría en el Congreso y hubo varios intentos derechistas de destitución del “Obispo Rojo”. Semejantes desafíos impidieron el progreso de Lugo y crearon un ambiente político y mediático dominado por ataques y críticas casi permanentes contra él.
Al mismo tiempo, Lugo no mostró una actitud positiva hacia el sector campesino que ayudó a llevarlo al poder. Su gobierno ejerció regularmente una severa represión y criminalización de los movimientos campesinos del país. Por lo tanto se vio aislado desde arriba en el ámbito político y abajo carecía de una fuerte base política debido a su posición hacia los movimientos sociales y el lento progreso de la reforma agraria. A pesar de todo muchos sectores izquierdistas y campesinos consideraban a Lugo un aliado relativo y una fuente de esperanza frente a la alternativa derechista.
El problema que terminó por inclinar la balanza hacia el golpe parlamentario del 22 de junio contra Lugo fue un conflicto por la tierra. En abril de este año, 60 campesinos sin tierras ocuparon tierras en Curuguaty, en el noreste de Paraguay. Esa tierra es de propiedad del exsenador colorado Blas N. Riquelme, uno de los mayores y más ricos terratenientes del país. En 1969, el gobierno de Stroessner dio ilegalmente a Riquelme 50.000 hectáreas de tierras que supuestamente debían destinarse a campesinos pobres como parte de la reforma agraria. Desde el retorno a la democracia en 1989, los campesinos han estado luchando por obtener acceso a esas tierras. La ocupación de tierras en abril fue uno de esos intentos. El 15 de junio, fuerzas de seguridad llegaron a Curuguaty para desalojar a los campesinos sin tierras. El enfrentamiento resultante durante el desalojo (los detalles específicos de este último siguen siendo confusos) condujo a la muerte de 17 personas, incluidos 11 campesinos y 6 policías. Ochenta personas resultaron heridas.
Aunque ciertamente fue el enfrentamiento más sangriento de este tipo desde la dictadura, fue solo uno de las docenas de conflictos semejantes que han tenido lugar en los últimos años en una nación con enorme desigualdad en la distribución de la tierra. La reacción de la derecha ante este tipo de conflictos fue generalmente tomar partido por los terratenientes y dirigentes empresariales y criminalizar a los activistas campesinos. Ante la tragedia de Curuguaty, la derecha vio una oportunidad más de actuar contra Lugo.
La derecha culpó a Lugo de los sangrientos acontecimientos en Curuguaty, una acusación carente de fundamento pero que sirvió de alimento a los continuos ataques políticos contra el Presidente. Como respuesta a las críticas, Lugo reemplazo a su ministro del Interior por el miembro del Partido Colorado Rubén Candia Amarilla, exfiscal conocido por su criminalización de grupos sociales izquierdistas y campesinos, quien fue entrenado en Colombia para exportar políticas al estilo del Plan Colombia a Paraguay. Lugo también convirtió al Comisario General de Policía Moran Arnaldo Sanabria (quien estuvo a cargo de la operación de Curuguaty) en Director Nacional de Policía.
De esta manera, Lugo entregó los principales poderes de seguridad y represión del Estado al Partido Colorado. La acción fue un esfuerzo por evitar el juicio político de la derecha, pero fue contraproducente: el Partido Liberal se opuso a los reemplazos de Lugo, y empoderado por las críticas al manejo de Curuguaty por parte de Lugo, colaboró con el Partido Colorado y otros partidos derechistas del Congreso para proceder a la destitución.
El proceso comenzó el 21 de junio, y dentro de las 24 horas siguientes el Senado se reunió e inició oficialmente el juicio, dando a Lugo solo dos horas para su defensa. Al día siguiente, Lugo fue destituido en una votación de 39 contra 4. Fue acusado de alentar ocupaciones de agricultores sin tierras, de mal manejo como Presidente y de no haber logrado la armonía social en el país. Lugo renunció y el vicepresidente y dirigente del Partido Liberal, Federico Franco, tomó su lugar. Ahora se planifican nuevas elecciones para abril de 2013.
Este golpe parlamentario fue condenado por antidemocrático e ilegal por muchos dirigentes latinoamericanos que se negaron a reconocer a Franco como Presidente legítimo. Como reacción al golpe, bloques comerciales y políticos latinoamericanos como Unasur y Mercosur han suspendido la participación de Paraguay en sus organizaciones hasta las elecciones del próximo año. Como era de esperar, la Organización de Estados Americanos decidió no suspender a Paraguay de su calidad de miembro del grupo porque, según el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, hacerlo crearía más problemas en el país y lo aislaría regionalmente. Es el segundo golpe en la región en los últimos años; en junio de 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue depuesto en circunstancias similares.
El telón de fondo de esta lucha política es una batalla para controlar, utilizar y distribuir las vastas tierras de Paraguay. Aproximadamente un 2% de los terratenientes controlan un 80% de las tierras del país y unas 87.000 familias de agricultores carecen de tierras. Aunque Lugo no cumplió muchas de sus promesas electorales al sector campesino, en realidad trabajó para bloquear muchas de las políticas de la derecha que habrían empeorado la crisis en el campo. Por ejemplo, Lugo y su gabinete se resistieron al uso de semillas transgénicas de algodón de Monsanto en Paraguay, una acción que probablemente contribuyó a su destitución. Sin embargo, incluso antes de la elección de Lugo, las alianzas y victorias políticas estuvieron influenciadas por la cuestión de la tierra. Las corporaciones agroindustriales multinacionales están firmemente arraigadas en la política paraguaya y sus enemigos fundamentales en esta guerra por los recursos han sido siempre los campesinos paraguayos.
Un mar de soja
Durante décadas, los pequeños agricultores de Paraguay han sido atormentados por un maremoto de cultivos de OGM y de pesticidas que se propagan por todo el campo. Paraguay es el cuarto productor de soja del mundo, y la soja representa un 40% de las exportaciones paraguayas y un 10% del PIB del país. Se calcula que veinte millones de litros de agroquímicos se fumigan en Paraguay cada año, envenenando a la gente, el agua, la tierra cultivada y el ganado que encuentran en su camino.
Compañías transnacionales de semillas, agrícolas y de agroquímicos que incluyen a Monsanto, Pioneer, Syngenta, Dupont, Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) y Bunge dirigen la enorme agro-industria. Instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo han promovido y financiado el negocio de agro-exportaciones de cosechas de monocultivos, gran parte de la soja paraguaya se utiliza para alimentar animales en Europa. Los beneficios han unido a entidades políticas y corporativas de Brasil, EE.UU. y Paraguay y han aumentado la importancia de la cooperación de Paraguay con empresas internacionales.
Desde los años ochenta, grupos militares y paramilitares nacionales conectados a grandes empresas agrícolas y terratenientes han desalojado de sus casas y campos a casi 100.000 pequeños agricultores y han impuesto la reubicación de innumerables comunidades indígenas para favorecer los campos de soja. Mientras tanto más de cien dirigentes campesinos han sido asesinados en este período y solo uno de los casos fue investigado y llevó a la condena del asesino. En el mismo período, más de 2.000 campesinos se han enfrentado a acusaciones contra ellos por su resistencia a la industria de la soja. La vasta mayoría de los agricultores paraguayos han sido alejados de sus terrenos por los productos tóxicos, sea intencionalmente o como un efecto secundario de los peligrosos pesticidas utilizados cada año para el cultivo de la soja en Paraguay. Desde el principio de los años noventa, cuando los agricultores vieron la muerte de sus animales, la ruina de sus cultivos, las enfermedades de sus familias y la contaminación de sus pozos, la mayoría tomó sus cosas y se mudó a la ciudad.
El caos infligido por las agroindustrias ha causado parte de las violaciones más graves de los derechos humanos desde el reinado de Stroessner. Un informe del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas señaló que “la expansión del cultivo de la soja ha traído consigo el uso indiscriminado de pesticidas tóxicos, provocando muerte y enfermedad en niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas, y daño a los recursos nutritivos tradicionales de las comunidades”.
La expansión de la industria de la soja ha ocurrido en tándem con la violenta opresión de pequeños agricultores y comunidades indígenas que ocupan las vastas propiedades de tierra de los ricos. La mayoría de los paraguayos que viven en el campo realizan diversos cultivos de subsistencia en pequeños terrenos de entre diez y veinte hectáreas, pero no tienen títulos de propiedad de sus tierras ni reciben generalmente ayuda del Estado. El gobierno paraguayo ha representado históricamente a los cultivadores de soja en este conflicto, utilizando a la policía y al sistema judicial para castigar a los dirigentes campesinos.
La pequeña comunidad agrícola de Tekojoja ha estado en la vanguardia de esta lucha durante años. Su historia y su lucha son representativas de innumerables comunidades agrícolas en el campo paraguayo.
La resistencia de Tekojoja
El primero de varios autobuses que tomamos desde Asunción hacia Tekojoja en abril de 2009 se calentó como una sauna mientras una polca resonaba en la radio. Vendedores ambulantes subían al autobús ofreciendo gafas de sol, radios y DVD piratas. Vendedores particularmente entusiastas pronunciaban apasionados discursos sobre las características superiores de su producto, presionando con muestras a los pasajeros reacios y aburridos. Un argumento de ventas prometía que las píldoras de ajo podían curar el insomnio y el cáncer.
Pasamos innumerables campos de soja y silos de Cargill, pero también pequeños puestos de pequeños agricultores y simples restaurantes al borde de la ruta donde la gente se podía escapar hacia la sombra con una cerveza fría. La carretera de tierra de Caaguazú hacia Tekojoja era un espacio escabroso de ardiente arena roja; Necesitamos tres horas para viajar 50 kilómetros. El autobús se abrió camino por sobre profundos baches, su motor alcanzaba un tono febril y cada uno de sus huesos de metal rechinaba junto a los de sus pasajeros.
Esa misma noche llegamos a Tekojoja y fuimos a la casa de Gilda Roa, una estructura hecha por el gobierno, sin agua corriente (aunque el gobierno construyó el edificio, nunca terminó la instalación de cañerías). Activista de los derechos a la tierra y de los agricultores, la camisa de Gilda mostraba plantas que irrumpían a través de un código de barras. Dentro de su casa, las paredes estaban cubiertas de afiches contra la soja y los OGM. Sacó al jardín sillas de plástico para nosotros, con brillantes estrellas como telón de fondo, y comenzó a hablar. Gilda pasó de 2000 a 2002 en Asunción, estudiando para ser enfermera y había trabajado en su profesión en una localidad cercana. Cuando la visitamos, en abril de 2009, estaba dedicada exclusivamente al activismo en su comunidad. Mientras la música paraguaya sonaba en la radio y las mariposas nocturnas se reflejaban en las luces, Gilda nos contó la historia de su comunidad y su lucha contra la soja transgénica.
La comunidad de Tekojoja es la sede del Movimiento Agrario Popular (MAP) de Paraguay. Es un sitio que ha enfrentado la enorme represión de los agricultores de la soja y sus matones y ha liderado una legendaria resistencia en su contra, produciendo numerosos dirigentes campesinos.
Tekojoja se encuentra sobre tierra entregada a los campesinos como parte de un Programa Público de Reforma Agraria. En los años noventa, agricultores brasileños de la soja –con matones armados, abogados y conexiones políticas para su protección– se expandieron gradualmente sobre la tierra de la comunidad, imponiendo una serie de violentos desalojos de las familias de agricultores. En 2003, el MAP comenzó a recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por los brasileños, pero jueces corruptos y mercenarios contratados por los productores de soja siguieron expulsando a los agricultores de sus tierras.
El 2 de diciembre de 2004, terratenientes brasileños acompañados de policías quemaron numerosas casas y tierras agrícolas en Tekojoja como parte de un proceso de desalojo. Una declaración del MAP describió ese brutal acto:
Después de que los tractores destruyeron nuestros cultivos, llegaron con sus grandes máquinas y comenzaron de inmediato a sembrar soja mientras el humo seguía saliendo de las cenizas de nuestras casas. Al día siguiente retornaron con bueyes y volvieron a plantar en todos los campos sobre la tierra preparada. Cuando llegaron los policías, los enfrentamos con nuestras herramientas y machetes. Éramos unos setenta y estábamos listos para enfrentarlos. Finalmente se fueron.
Las casas y los cultivos de los campesinos fueron destruidos y no contaban con ninguna seguridad de que los brasileños no organizarían otro desalojo. A pesar de ello, como la mayoría no tiene ningún otro sitio adónde ir, los miembros de la comunidad decidieron perseverar, quedarse en sus tierras y luchar por su reconocimiento legal como propietarios. Gilda explicó: “Plantamos semillas con temor ya que no sabíamos si nuestros cultivos serían destruidos. Y comenzamos a construir las casas”. Pero de nuevo, a las 4 de la mañana del 24 de junio de 2005, los brasileños y los policías atacaron la comunidad. “Arrestaron a niños, ciegos, ancianos y mujeres embarazadas, a todos, lanzándolos a todos a un camión”, dijo Gilda. “Rociaron las casas con gasolina y petróleo y las quemaron todas mientras continuaban los arrestos”.
En este enfrentamiento entre matones, policías, y campesinos desarmados, dos agricultores, a quienes los brasileños identificaron erróneamente como dirigentes del MAP y los hermanos Jorge y Antonio Galeano, fueron asesinados a tiros. Una de las víctimas fue
Angel Cristaldo Rotela, un joven de 23 años que estaba a punto de casarse y que acababa de construir su propia casa el día antes que fuera quemada totalmente por los policías. La esposa de Leoncio Torres, la otra víctima, quedó sola con ocho hijos. Un monumento se ha erigido en el centro de la comunidad en memoria de los campesinos caídos.
Después de los asesinatos, campesinos y activistas de todo el país se manifestaron en apoyo de Tekojoja y ayudaron a los miembros de la comunidad asediada con lonas y alimentos. Finalmente, la Corte Suprema dictaminó que la tierra debía entregarse a los agricultores locales, y como parte de las reparaciones por la violencia sufrida por la comunidad, el presidente Nicanor Frutos ordenó la construcción de cuarenta y ocho casas. El sufrimiento de Tekojoja ilustra la situación en la que se encuentran numerosas comunidades agrícolas de todo Paraguay. Mientras los residentes de Tekojoja permanecen en sus tierras, muchos otros se ven obligados a huir a los barrios bajos de la ciudad mientras los productores de soja los expulsan de las suyas.
Gilda explicó este ciclo de desplazamiento:
Cuando los pequeños agricultores están desesperados y los pesticidas los están afectando, no poseen medios para sobrevivir, por lo tanto venden sus tierras por poco dinero, que es más del que jamás han tenido, pensando que la vida en la ciudad será mejor, más fácil, pero no es tan fácil. Mucha gente que termina recogiendo basura en la ciudad proviene del campo. No saben cómo administrar su dinero, por lo tanto, por ejemplo, gastan todo su dinero en un coche usado, maltrecho, y terminan en la ciudad, sin un centavo, sin trabajo o dónde vivir.
La victoria de Tekojoja se debió a la tenacidad de los agricultores que se negaron a abandonar sus tierras por la falsa promesa de una vida rica en la ciudad. Pero su lucha está lejos de haber terminado. Aunque arrancaron las plantas de soja de sus tierras, los residentes viven encerrados entre espacios aparentemente ilimitados de soja y ellos, sus animales y sus cultivos siguen sufriendo la exposición a pesticidas tóxicos.
Al amanecer del día siguiente, la mayoría de los vecinos de Gilda ya estaban en pie, yendo al trabajo antes de que el sol se hiciera insoportable. Los pollos pululaban alrededor de las casas, los patios de tierra roja todavía estaban húmedos de rocío nocturno y se oían radios sintonizadas a una emisora comunitaria que mezclaban música y comentarios políticos en guaraní. Un activista comunitario vecino nos invitó a su casa para comenzar el día con la bebida esencial de los paraguayos, yerba mate servida caliente por la mañana y preparada especialmente con coco y romero. Nos sentamos en su cocina mientras el sol se filtraba entre las tablas del muro, iluminando nubes de humo del fuego, mientras sus hijos y los cerdos jugaban en el piso de tierra.
Una aciaga presencia surgía amenazadoramente sobre esa bucólica escena. Los vecinos agricultores brasileños de la soja ya habían aparecido con sus tractores, fumigando pesticida sobre los cultivos cercanos. Pude oler los productos químicos en el aire. Caminamos hacia los campos hasta que aumentó el dulce olor tóxico. Pasamos muy cerca de un tractor mientras las nubes de pesticidas se aproximaban. Comencé a sentir una sensación desorientadora de mareo y náusea. Mis ojos, garganta y pulmones ardían y me dolía la cabeza, algo que la gente del lugar sufre todos los días. La enfermedad física causada por los pesticidas contribuye a quebrar la resistencia de los campesinos.
Eso me recordó que estaba en una comunidad sitiada, no solo por los cultivos de soja que cercan estas islas de humanidad o los pesticidas que penetran cada fuente de agua, cultivo y conversación, sino también porque los agricultores brasileños de la soja viven cerca y conducen a través de estas comunidades empobrecidas con total impunidad con los cristales de sus brillantes camiones nuevos bien cerrados. Subidos de un modo algo precario en los asientos traseros de unas pocas motonetas, anduvimos a saltos por los caminos de tierra, que desaparecían en sendas hacia otro grupo de casas. En camino hacia ellas, pasamos a un brasileño que nos observó hasta perdernos de vista. Gilda lo conocía: había participado en la destrucción e incendio de sus casas. El hecho de que siguiera en libertad empeoraba las cosas. Y si los habitantes del lugar los acusaran, dijo Gilda, o incluso gritara a los asesinos brasileños, aparecería la policía y se los llevaría a la cárcel. “Es la parte más difícil” explicó. “Los vemos y no podemos hacer nada”.
La motoneta rodó hasta detenerse frente a la casa de Virginia Barrientos, a pocos kilómetros de la de Gilda, directamente junto a un campo de soja. La tierra en la que Barrientos vivió durante los últimos cuatro años es una península que penetra en un mar de soja. Ocupó su tierra, que solía estar cubierta de soja, en febrero de 2005 y consiguió la propiedad legal sobre ella. Pero la vida después de recuperar la tierra no ha sido fácil; los pesticidas han aterrorizado a su familia desde que se mudó allí.
“Justo antes de que cosechemos nuestro alimento los brasileños fumigan pesticidas muy poderosos”, explicó Virginia. “Esos pesticidas causan los dolores de cabeza, la náusea, la diarrea que todos sufrimos”. Sus delgados hijos están junto a ella en el pórtico de la casa. “Hay muchos problemas con el agua”, siguió diciendo. “Cuando llueve, los pesticidas afectan nuestra única fuente de agua”.
Virginia Barrientos dijo que los pesticidas también afectan a sus plantas y animales, y causan que algunos de los cultivos tengan un gusto demasiado amargo para consumirlos. Las crías de sus cerdos murieron y los pollos están enfermos. Parte del problema, señaló, es que los agricultores brasileños de la soja deciden intencionalmente fumigar durante fuertes vientos que transportan el veneno hacia su tierra. Pasamos tallos con mazorcas muertas de camino a su pozo, que insistió en mostrarnos. Estaba ubicado al final de un largo campo de soja, de modo que el escurrimiento del campo corría hacia el pozo, concentrando los pesticidas en su única fuente de agua. La familia vive en una miseria envenenada mientras el productor de soja responsable reside en un relativo lujo lejos de sus campos.
Isabel Rivas, vecina de Virginia, nos dijo con una amplia sonrisa y sonora risa a pesar de su lamentable situación: “Cuando bebemos el agua podemos oler los productos químicos. Resulta que lavan sus fumigadores químicos en nuestra fuente de agua, en un pequeño riachuelo cercano”. Virginia estaba de pie frente a su casa amamantando a su bebé mientras los pollos picoteaban cacahuetes en su patio. Los niños nos miraban con los ojos bien abiertos. “No podemos ir a otra parte”.
Aunque la incapacidad y renuencia de Lugo a encarar suficientemente semejantes dificultades constituyó una traición a su base, el reciente golpe contra él fue también un golpe contra la esperanza, un golpe contra Virginia y sus hijos, contra Gilda y sus vecinos, y contra los cientos de miles de agricultores que luchan en el campo. Detrás del golpe yace un vasto país, en parte envenenado, en parte todavía fértil, y en gran parte bañado en lágrimas y sangre. Hasta que se realice la demanda de justicia por la tierra no habrá paz en Paraguay, no importa quién duerma en el palacio presidencial.
El nuevo libro de Benjamin Dangl Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America (AK Press) trata de movimientos sociales contemporáneos en Latinoamérica y sus relaciones con los nuevos gobiernos izquierdistas de la región. Es editor de TowardFreedom.com, una perspectiva progresista de los eventos mundiales, y de UpsideDownWorld.org, una web sobre activismo y política en Latinoamérica. Contacto: BenDangl@gmail.com