Autor: Fabián Pena
La enterrada propuesta del ALCA como mecanismo de saqueo de los países ricos para apropiarse de recursos naturales, creaba la posibilidad de contaminar el planeta subvirtiendo las regulaciones que protegen nuestro medio ambiente y creando nuevas regulaciones. Un plan de apropiación de lo que producen nuestros pueblos.
La incorporación del desarrollo sustentable al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue exigida por más de 200 representantes de organizaciones no gubernamentales, programas intergubernamentales y empresas que se movilizaron hasta la ciudad canadiense de Quebec en los años 90. Hoy las reivindicaciones ecologistas son parte esencial de la nueva propuesta del neoliberalismo global que intenta imponer su “Economía Verde”, nuevo mascarón de proa de las transnacionales de Estados Unidos y Europa.
En una nueva reedición de los aspectos verdes del ALCA, ahora globalizados, el documento denominado ‘borrador cero’ de la declaración de Río+20 —basado en más de 600 propuestas oficiales realizadas por países individuales, llamados ‘grupos principales’, y organizaciones civiles y no gubernamentales— solicita apoyo a la investigación científica y a la transferencia tecnológica en países en desarrollo; el fortalecimiento de la gobernanza mundial ambiental; y la creación de objetivos de desarrollo sostenible, que podrían complementar y eventualmente reemplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.
La propuesta implica que en los primeros tres años después de que el acuerdo sea pactado (2012-2015) se contemplará el establecimiento de indicadores para evaluar la implementación de la transferencia de tecnología, el intercambio de know-how y la construcción de capacidades. Para ello se pretende utilizar a la propiedad intelectual como mecanismo de control del «conocimiento limpio» de las empresas del Norte.
La hoja de ruta de la economía limpia sería implementada y evaluada entre 2012 y 2030, y en 2030 habría una “evaluación exhaustiva del progreso”. El documento también reconoce las limitaciones del Producto Interno Bruto (PIB) como medida del bienestar: “Acordamos desarrollar y fortalecer más los indicadores que complementan el PIB”, según los redactores.
El documento final, que se espera sea firmado al terminar la reunión de Río+20 en junio, no será legalmente vinculante y establece un renovado compromiso político con los principios y planes de acción acordados, (pero no cumplidos) en la cumbre de 1992 describiendo un marco para la transición a una supuesta “economía limpia”.
Las nuevos conceptos-objetivos del “desarrollo sostenible” intentan ser usados para medir el progreso, y cubrirían los patrones de consumo y producción; los océanos; el acceso al agua y su uso eficiente; ciudades sostenibles; empleos ‘verdes’; trabajo “decente” e inclusión social; reducción del riesgo de desastres y resiliencia. La panacéa a la solución de todos los males ocasionados por el capitalismo gobal serán resueltos por sus propios causantes de acuerdo al discurso verde de los gobiernos de países en desarrollo, sus empresas y ONGs adictas.
La ausencia del presidente de los Estados unidos y Canadá y otros países ricos preanuncian el fracaso de esta nueva iniciativa global que, como el ALCA, encontrará la resistencia de varios gobiernos de países en desarrollo y menos adelantados como de organizaciones políticas y sociales que se harán presentes en Rio de Janeiro para frenar un nuevo avance de las corporaciones globales en su estrategia de saqueo de los recursos naturales (petróleo, gas, agua, minerales, etc) en pleno territorio de la Patria Grande.