El pasado martes 28 de febrero los habitantes del departamento jujeño de Tilcara finalmente se verían a la cara en una audiencia judicial con los representantes de Uranios del Sur, la firma que pretende explotar uranio en la Quebrada de Humahuaca. Pero la cita se frustró, porque el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy aceptó el pedido de prórroga de la empresa y suspendió el encuentro sin fijar fecha para su próxima concreción.
Uranios del Sur es la subsidiaria de Uranio AG, la firma suiza integrada también por capitales canadienses, que hace casi cinco años recibió permisos por más de 14 mil hectáreas en zonas cercanas a Tilcara y Juella; y que además ya tiene concesionadas cerca de 170 mil hectáreas en las provincias de La Rioja y San Luis, según destaca en su propio sitio web.
El juez Sebastián Damiano aceptó suspender la audiencia, luego de que el abogado de la minera alegara que no fueron notificados con el tiempo suficiente. La cita se enmarca en un recurso de amparo que en 2008 los vecinos de Tilcara presentaron para frenar la minería a cielo abierto en la Quebrada de Humahuaca.
En aquella presentación ante la Justicia, los jujeños habían exigido “que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en trámite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy”.
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Aunque el siguiente texto lo publiqué hace casi 12 meses (y es conocido el amargo sabor que tiene repetirse), quizás volver a traerlo a la memoria ayude a recordar quién es Uranio AG, cómo se enteraron los vecinos de la Quebrada, qué otras experiencias ya tuvieron con empresas mineras, y de dónde viene la raíz de la pelea que ahora la Justicia decidió postergar a pedido de la firma suiza-canadiense.
Uranio: Ese maldito amarillo
A Gaspar no se lo contó nadie. No lo leyó en un estudio geológico, ni necesitó el informe académico de una prestigiosa universidad para aprenderlo. Antonio Gaspar, de 57 años, sabe cuánto contamina la minería a cielo abierto porque trabajó en una de ellas durante años. De aquellos tiempos conserva las cicatrices y marcas que hoy transporta en su cuerpo. Y lo sabe también porque su padre falleció en la misma mina El Aguilar de la que él heredó el reumatismo y la artritis que hoy interrumpen su siesta.
Antonio Gaspar Ramos vive en Juella, a siete kilómetros de Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Su cuerpo está ajado y parece haber vivido una década más que su alma; pero, aún así, se le marcan músculos que no hay gimnasio o turismo aventura que marque. Músculos que brotan únicamente en el estómago negro de una mina.
Él, junto a los otros 149 habitantes de Juella, se alió con los vecinos de la Quebrada de Humahuaca para impedir que se instale Uranio del Sur S.A., una compañía suizo-canadiense que intenta explotar el uranio que duerme en los cerros amarillos de la zona.
“Si se instala una mina a cielo abierto, los 500 metros alrededor de la zona de explotación se van a transformar en un cráter gigante o, en el mejor de los casos, en un desierto”, explica Gaspar. Lo cuenta sentado en la vereda de su casa, a menos de 200 metros de donde comenzaría la explotación… ni siquiera hace falta que especifique que su casa y su pueblo desaparecerían; a veces, hasta el desenlace más temido también puede llegar a ser obvio. “Nos van a ir borrando de a poquito”, dice al rato, todavía con los ojos fijos en el cerro.
De las formas de enterarse: Juella no figura en el mapa del circuito turístico, aunque está en el corazón de la Quebrada. Como está a dos kilómetros de la Ruta 9 para adentro (y no hay más signo de vida que un viejo y obsoleto puente oxidado), Juella casi ni distingue entre temporada de alto y bajo turismo.
Pero desde hacía unas semanas, había algo raro en el pueblito: Por las mañana pasaban unas camionetas 4×4 que recién regresaban entrada la tarde. Sus pasajeros no parecían turistas; ni fotos tomaban. Hasta que la mañana del 4 de junio de 2008, el Mono y su esposa Arcoíris (dos artesanos de la comunidad) se pararon en medio de la calle y obligaron a una de esas camionetas a detenerse. Los increparon; querían saber quiénes eran. El vidrio empañado apenas si se abrió, lo suficiente para que una mano anónima entregara al Mono una tarjeta de presentación: “Uranio del Sur S.A. – Lic. Juan Guillermo Orozco”. Así fue como los habitantes -primero de Juella y después de toda la Quebrada- se enteraron de las exploraciones de Uranio que la empresa suizo-canadiense estaba haciendo en su territorio.
Pasado y presente: Uranio del Sur S.A. es la filial en la Argentina de Uranio AG, una compañía transnacional de apenas tres años, con base en Suiza, que tiene sus principales explotaciones en la región de África Central. En nuestro país, la empresa tiene otorgados 27 permisos mineros para explotar 179 mil hectáreas, donde los inversores esperan ansiosos encontrar decenas de miles de toneladas de uranio. A esos permisos declarados hay que agregar los sitios que están en el proceso de exploración sin informar, posiblemente con la complicidad de alguna autoridad del lugar: En Tilcara, por ejemplo, el cateo en el cerro no había sido declarado en ningún documento, sino que fueron los mismos vecinos los que se abrieron camino hasta descubrir qué pasaba. Esos 27 permisos oficializados cubren únicamente a las provincias de La Rioja y San Luis.
El último gran capítulo de explotación del uranio en la Argentina se extendió desde comienzos de la década del 50 hasta mediados de los noventa, cuando traer el mineral del exterior pasó a costar menos que extraerlo del suelo argentino. De esas décadas de explotación quedó hasta el día de hoy un saldo de casi cinco millones de toneladas de residuos contaminantes, que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reconoce como un “pasivo ambiental”.
Montañas de residuos marginales, toneladas de piedra y tierra estériles, metros cúbicos de lodo, endebles diques de cola, tambores radiactivos y esqueletos de fábricas tan oxidadas como abandonadas: Esos son los pasivos ambientales del uranio que se pueden ver hoy en localidades de Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis, La Rioja y Chubut. Tres de los lugares que Uranio AG planea trabajar ya fueron explotados por la CNEA o por capitales privados hasta la década del 80.
Frente a este panorama, la cuestión que sobrevuela es si tiene sentido abrir una nueva ruta uranífera (en manos extranjeras), cuando todavía se desconocen los alcances de la contaminación del último auge del uranio, y los años y el dinero que demandará remediarlo. De hecho, con el objetivo de “restituir el medio ambiente”, la CNEA lanzó hace ya años el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU). Básicamente, el programa apunta a identificar todos los males que la extracción de uranio dejó en el territorio y hacer un plan de trabajo para remediarlos. Aunque no hay informes que determinen el avance del proyecto, quienes estudian el tema desde hace tiempo estiman que aun no se ha logrado completar ni un 30 por ciento de esa “restitución” proclamada.
Conociendo estos antecedentes, a los pocos días de enterarse, los vecinos de Tilcara comenzaron con las asambleas, las reuniones con funcionarios y finalmente las marchas que impulsaron la ordenanza de la intendencia de Tilcara que prohíbe “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto”. La ordenanza, de todas formas, “tiene un alcance limitado”, explican los vecinos, porque “no puede contradecir una norma o ley superior”. Es decir que si la legislatura jujeña emite una ley para promover la minería en la Quebrada, poco efecto pasaría a tener esa ordenanza. Por ello, conociendo lo endeble de la medida, los vecinos decidieron iniciar en paralelo un proceso judicial para detener la instalación de Uranio del Sur.
Balances: El rechazo anticipado de Tilcara a la minería adquiere mucho más sentido cuando se analizan los resultados que arrojó la actividad en localidades cercanas. En Abra Pampa, el principal poblado de la puna jujeña, el 81 por ciento de los niños de entre cinco y doce años presenta un altísimo nivel de plomo en sangre, superando por mucho los valores aceptados internacionalmente, provocado por residuos mineros que duermen en el pueblo desde hace décadas. En la localidad de Casa Grande, a pocos kilómetros de la mina El Aguilar, la situación no es mucho más alentadora: el pozo de agua de la escuela del pueblo muestra 50 veces más plomo que el correspondiente y, aunque aún no se realizaron estudios en los niños, se estima que el panorama no distará mucho al de Abra Pampa. Además, en uno de los últimos informes de impacto ambiental “la misma empresa minera reconoció que generó cierto grado de contaminación en el Río Grande, sumado a la contaminación del aire”, según asegura Remo Leaño, uno de los habitantes de Tilcara que más radicalizado se mostró en contra de la instalación de la mina de uranio.
Años atrás, un estudio supervisado por el CONICET y el juzgado de minas jujeño había demostrado ya altos niveles de plomo e hierro en las cuencas y subcuencas que desembocan en el poblado turístico de Tilcara (Río Grande), así como también en los ríos Casa Blanca y Casa Grande que atraviesan y abastecen decenas de otros pueblos y comunidades. Aquel informe, que buscó reflejar científicamente “el impacto de la actividad minera en Jujuy”, concluyó que la “toxicología” presente en el agua “constituye un riesgo para la salud humana” y también para la “biodiversidad del valle”.
Mina El Aguilar tiene ya casi siete décadas de producción, aunque hace algunos años pasó a ser parte del grupo económico Glencore, el mismo que tiene el 35 por ciento de Xstrata, la compañía que maneja Bajo La Alumbrera y que también participa del Proyecto El Pachón, el yacimiento de cobre y molibdeno en el sudoeste de la provincia de San Juan. El Aguilar es la mina más grande de Jujuy y, a nivel mundial, una de las de mayor producción de zinc y plomo. “El detalle que muchas veces se olvidan de nombrar es que El Aguilar está dentro de la Quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad, lo cual imposibilitaría la actividad”, dice Leaño, medio como resignado, aparentemente cansado de repetirlo.
La segunda mina, a nivel producción en la provincia, es Pirquitas. Mediante la explotación a cielo abierto, extrae toneladas de plata, utilizando químicos para desprender el mineral de las piedras. La técnica de cielo abierto vino a reemplazar los viejos socavones que iban persiguiendo las vetas por dentro de la montaña. Actualmente, los minerales están dispersos por el cerro, por lo que es mucho más “productivo” dinamitar y pulverizar la roca, para luego regarla con millones de litros de agua dulce y unas cuantas toneladas de sustancias tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico. Así, se logra separa el mineral de la piedra, para luego procesarlo (etapa que generalmente no se hace en el país).
De la minería a cielo abierto se desprenden diferentes problemas: El primero es que usualmente se van formando montañas de escombros que, con los años y los efectos del aire y el agua, terminan por formar un “drenaje ácido” que se filtra en la tierra y en las napas de agua. El segundo problema es que los desechos tóxicos van a parar a un “dique de cola” que tiene la función de contener los residuos, pero que muchas veces no resiste con entereza los años que se le exige y las filtraciones pueden contaminar tierra, agua y aire en kilómetros alrededor. El tercero es que en la tierra queda un cráter gigante que torna improductivas decenas de hectáreas alrededor.
De acuerdo con un relevamiento de Vecinos Autoconvocados de Tilcara, entre la zona de la puna y la Quebrada jujeña, las comunidades aborígenes realizaron hasta ahora ocho denuncias penales por contaminación minera. Se trata de acusaciones directas a Mina El Aguilar, Pirquitas, La Pulpera, Eureka, Providencia, ex mina Pan de Azúcar y la ya cerrada planta fundidora Metal Huasi de Abra Pampa que cuando se fue olvidó llevarse consigo los tambores donde transportaban químicos, la fábrica de refinación y los residuos de décadas de producción. El resultado de este último caso es la contaminación de casi toda la población infantil… Caso de similar olvido pasó también con la ex mina Pan de Azúcar.
Más allá de la contaminación, los vecinos de Tilcara tomaron el caso de Mina Pirquitas para desbaratar uno de los argumentos más difíciles de rebatir en una provincia donde el trabajo estable es un lujo para pocos. Pocos meses antes de recomenzar el funcionamiento (hace poco fue adquirida por el grupo canadiense Silver Standar), los empresarios mineros prometieron en el departamento de Rinconada -donde está ubicada la mina- que lloverían los puestos laborales. Sin embargo, “de los 600 empleados que se incorporaron, solamente uno es de Rinconada”, señala Leaño, mientras a menos de un metro, Gaspar Ramos asiente con la cabeza y vuelca agua ya no muy caliente sobre un mate de calabaza. “Las fuentes laborales que se pierden son mucho más de las que puede generar la actividad minera”, agrega finalmente.
Blog del autor: http://relatosdetierra.