No es nuevo el tema en cuestión, ya que en las páginas de ¡Libertad! ha sido tratado en números anteriores. Y por más que se haya abordado desde diferentes perspectivas, todas ellas confluyen en la misma idea: en la de entender la importancia crucial del medio ambiente y sus ecosistemas en el presente y el futuro de cualquier proyecto de emancipación integral que procure poner en tensión las relaciones sociales capitalistas. Tomando como faro esta premisa, intentaré ahondar en la problemática minera desde una posición que en las notas anteriores toqué superficialmente: el marco regulatorio que permitió a las trasnacionales instalarse en puntos estratégicos geográficos y económicos del estado argentino.
Explotación minera: marco regulatorio y transnacionales
Hasta no hace muchos años hablar de “mega minería” o “minería a cielo abierto” era una rareza para economías caracterizadas históricamente por ser agro-exportadoras, como es el caso argentino. Sin embargo, desde la apertura y profundización neoliberal de la década de los 90, la fisonomía económica y los actores involucrados cambiaron con la ola privatizadora que caracterizaron el comienzo de la década. Como sostienen Maristella Svampa y Mirta Antonelli en el libro “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”: “Son tres los modelos de desarrollo que caracterizan la Argentina contemporánea: el modelo agrario, el industrial y el extractivo-exportador. Los dos primeros han sufrido drásticas transformaciones en las últimas décadas, y continúan operando de manera explícita o implícita como narrativa social fundamental y horizonte de expectativas de nuestras sociedades, el perfil del tercero, ligado a la explotación de los recursos naturales, pese a su expansión exponencial, aparece desdibujado y apenas está presente en el imaginario cultural de los argentinos.” Vale aclarar que aunque no es una temática con arraigo en el imaginario colectivo, en diferentes puntos de la región argentina han aparecido y logrado perdurar en el tiempo grupos de personas que se ven afectadas directamente por los perjuicios de la instalación de estos mega emprendimientos mineros. Y pese a que aún hoy la conflictividad social contra la minería y la profundización de las luchas deben ser leídas dentro de parámetros geográficos específicos, como pueden ser el ámbito local o provincial, antes que desde una visión más inclusiva a nivel nacional, de a poco se van visualizando propuestas que intentan ir más allá buscando romper el cerco local, como puede ser la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Sin embargo, como sostienen las autoras del libro citado, es real que aún hoy el “tema minero” no está instalado definitivamente como un problema que afecta el presente, y sobretodo el futuro, de millones de personas. Sino que se sigue viendo como un problema específico de áreas geográficas determinadas.
Esta situación, junto a la complicidad de la clase política, posibilitó que el lobby de las transnacionales del modelo extractivo-exportador minero lograra profundos cambios en el marco regulatorio del sistema productivo. Citando nuevamente a las autoras del libro: “La expansión de este modelo, como también la del relativo al del agro-negocio, no puede comprenderse sin involucrar también la perspectiva histórica, y muy especialmente, la política de privatizaciones, ya que fue precisamente esta política, la que estuvo orientada no sólo hacia los servicios públicos, sino también hacia los hidrocarburos, y de manera más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales. En este sentido, con las reformas constitucionales y legislativas las nuevas normas jurídicas institucionalizaron la auto-exclusión del estado como agente productivo y la consecuente exclusividad del sector privado como único autorizado a explotar los recursos naturales.” Si trazamos una imaginaria línea temporal para fortalecer la cita precedente podemos nombrar la reforma del Código Minero, la ley de inversión minera, el Pacto de Olivos y la provincialización de los recursos naturales durante el menemismo, políticas que encontraron continuidad en los gobiernos kirchneristas con el Plan Minero Nacional y el veto a la Ley de Glaciares. La receta fue, y sigue siendo, la misma: preparar el terreno político, endeudarse públicamente, promover discursivamente la necesidad de las reformas legislativas, abrir el juego al lobby empresarial y, por último, definir la “seguridad jurídica” que posibilite el cambio regulatorio. El punto cúlmine es la conformación, en agosto de 2000, de la llamada Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), protocolo firmado por 12 estados, y definido por sus integrantes como un “foro de diálogo” para “promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración física de los países sudamericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial y sustentable.” En la práctica no es más que la confirmación de la alianza del binomio estado/empresas, o sea, poder político/poder económico en lo concerniente al marco regulatorio del modelo minero-extractivo que permite a las transnacionales tomar posesión de los recursos naturales y minerales.
Geografía Minera
En la actualidad, existen en la Argentina, más de 150 proyectos a gran escala en etapa exploratoria, distribuidos en 12 estados diferentes, desde la Puna a la Patagonia a través del sistema geográfico cordillerano. A estos hay que sumarle 6 proyectos en plena actividad extractiva, y un proyecto binacional entre los gobiernos de Chile y Argentina, Pascual Lama, en proceso de construcción, posicionándose, este último, entre los de mayor envergadura a nivel mundial.
Este proceso extractivo se define como de “acumulación por desposesión” ya que, como argumenta Marivella Svampa “las características de este modelo minero son la multiescalaridad y la multiterritorialidad. El problema es que esta minería, analizada como un proceso, abarca desde que entran los insumos que se requieren y se desplazan por distintos tramos de la geografía, hasta el traslado del barro que se saca del país como exportación primaria, a su mínimo valor, hay más de 12 provincias involucradas y todas están afectadas de alguna manera, aunque el yacimiento esté en la cordillera.” De esta manera, y por más que resulte obvio, no está demás resaltar, como ya hicimos en números anteriores, las consecuencias negativas de su implantación: devastación y agotamiento de la tierra; depredación de los ecosistemas específicos, ruptura de la relación hombre-naturaleza y desplazamiento de poblaciones rurales hacia los márgenes de las grandes urbes acentuando el despojo, la explotación, el olvido y la precarización de la vida.
A fines de marzo tuvo lugar en Colón, Entre Ríos, el XV Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), “espacio de reflexión, articulación y acción” según propias definiciones. Desde hace aproximadamente una década este espacio viene interactuando e intentando ser una alternativa de socialización ante el modelo minero que se viene consolidando e imponiendo.
En sus últimas reuniones las diferentes asambleas y movimientos sociales que componen la UAC se han definido como: de carácter anticapitalista, con vocación de aportar a la construcción desde debajo de un modelo de producción, desarrollo y consumo alternativo que sea respetuoso de la naturaleza y de la autodeterminación de los pueblos que con ella conviven históricamente a partir de vínculos de reciprocidad y armonía. Para ello, apuesta a visualizar, denunciar y difundir las consecuencias del despojo; consolidar y extender lazos solidarios entre las distintas luchas, construir un espacio comunitario entre sus miembros que permita ir prefigurando la sociedad futura, y profundizar la movilización colectiva, como formas complementarias de ir transformando la realidad social.
Si bien es notorio que con el paso de los años, pero sobretodo, con la experiencia ganada en la lucha contra la megaminería en la última década, se han originado lazos más sólidos entre quienes han decidido dejar la pasividad de lado. Y, pese a que aún hoy la conflictividad social contra la minería y la profundización de las luchas deben ser leídas dentro de parámetros geográficos específicos y particulares, es una realidad que poco a poco éstas se extienden a lo largo y ancho de la región argentina; vinculándose unas a otras, radicalizándose, buscando nuevas formas de sociabilidad, nuevos caminos que transitar. Y esta búsqueda debe ser constante y decidida para seguir profundizando los interrogantes propios de todo movimiento que pretenda extenderse, radicalizarse, hacerse inclusivo: ¿Cómo conformar una alternativa real de sociabilidad? ¿Cómo romper el cerco exclusivamente ambiental para poder vincularse con otras luchas sociales? ¿De que manera profundizar y radicalizar las propuestas? ¿Cómo originar una alternativa autónoma y realista de desarrollo? ¿Sobre que parámetros?
Contestar, superar y mejorar estos y otros interrogantes es el desafío en la búsqueda real de alternativas al modelo extractivo minero.
Publicado en: Libertad! Nº 59, octubre-noviembre 2011, Buenos Aires
Autor: Gastón
2) FEUDOS Grupos económicos y poder político: la familia Blaquier
Las ocupaciones de tierras en Libertador General San Martín y Ledesma, en la provincia de Jujuy, y la posterior represión estatal con la ayuda logística de la familia Blaquier, accionista mayoritaria del grupo económico Ledesma, debe entenderse desde un trasfondo político, económico y social que se viene configurando desde hace décadas. Las ocupaciones no se dan porque sí, sino que responden, organizada o espontáneamente, a un contexto caracterizado por la concentración económica en manos de pocas familias, que al mejor estilo feudal deciden sobre el presente y el futuro de miles de personas, bajo la tutela y el beneplácito del estado provincial y nacional. Poder económico y poder político en plena armonía.
Ledesma es uno de los grupos económicos concentrados más tradicionales y poderosos de la Argentina, ya que es uno de los pocos que se puede vanagloriar de pertenecer en su totalidad a capitales nacionales. Produce caña de azúcar, alcohol etílico, azúcar para consumo, celulosa, papel, frutas cítricas, jugos y paltas, derivados del maíz, papel, agricultura, ganadería, gas natural y petróleo. Posee el 31% del mercado del papel y el 22% del de azúcar. Concentra bajo su órbita empresarial alrededor de 155000 hectáreas, o sea, el 80% de las tierras del departamento jujeño de Ledesma. 37000 de esas hectáreas están dedicadas a las plantaciones de caña de azúcar. A su vez, y desde 1982, incursiona en San Luis, a través de su subsidiaria Glocovil en la molienda de maíz y elaboración de jarabes de fructuosa y glucosa. Para ello destina 5000 hectáreas.
Pero no todo termina allí, sino que también dedica 2000 hectáreas a la plantación y empaque de cítricos y a la comercialización de jugos concentrados y administra 52000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el litoral destinadas a la producción ganadera. Y como no podía ser de otra manera, incursiona también en el negocio de la soja, a la que dedica 2000 hectáreas. Participa de la producción de petróleo y gas natural por medio de la UTE Aguaragüe, en la que es socia de Repsol, Tecpetrol, Petrobrás, Mobil Argentina y CGC. El oligopolio Ledesma tiene una facturación anual de 1500 millones de pesos y emplea a 7000 personas, decidiendo, de esa manera, sobre el devenir de la mayoría de las familias que viven y subsisten en el departamento de Ledesma y poblaciones aledañas.
Esta obscena realidad económica y social posiciona al grupo Ledesma, y a la familia Blaquier como los dueños no sólo de las tierras en el norte argentino, sino de la vida de miles de personas que por una cuestión de dependencia se ven obligados a vender su tiempo y fuerza a este monstruo económico que configura la fisonomía social del norte argentino. Nada escapa a su órbita, ni ninguna decisión estatal no pasa primero por los escritorios del oligopolio. Rara paradoja, ya que mientras el kircherismo continúa con su cruzada cuasi religiosa contra el grupo Clarín, más aún después de los resultados de las primarias del 14 de agosto, la presidenta Cristina Fernández sumó a la comitiva que la acompañó a Brasil a Federico Nicholson, uno de los principales ejecutivos del emporio Ledesma. Ambivalencias políticas que no hacen más que confirmar el rol de los grupos económicos, y sus convivencias con el poder de turno.
Como es de esperar, el poderío económico del grupo Ledesma se traduce inevitablemente en poder político. Y es tal la incidencia de la familia Blaquier que un recordado suceso histórico la muestra tal cual es:
El 27 de julio de 1976, la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la policía de Jujuy, la policía federal, el ejército y la gendarmería. A las 22hs se produjo, simultáneamente en las dos localidades, un apagón total, salvo en la fábrica de la empresa Ledesma.
Amparados en la oscuridad, en vehículos de la propia empresa manejados por sus empleados, las fuerzas represivas secuestraron a 400 personas: obreros, estudiantes, amas de casa. Todos fueron llevados a lugares clandestinos de detención, en los galpones de mantenimiento del ingenio Ledesma, donde permanecieron días y meses atados y encapuchados, para finalmente ser trasladados en grupos a la sede de la gendarmería o bien a la central de la policía en Jujuy. Los detenidos eran recibidos por el comisario E. Haig. La historia reciente de Jujuy lo recuerda como a uno de los asesinos más grandes del noroeste argentino. Él era quien decidía quien viviría y quien moriría. Los que sobrevivían a las torturas eran destinados al penal de Gorriti y de ahí al campo de concentración en la localidad de Guerrero, actual escuela de policía.
Este campo de concentración era habitualmente visitado por el obispo José Miguel Medina, quien en días de la “democracia” fue elevado a vicario castrense de las Fuerzas Armadas.
Ocupación, represión y muerte
El problema habitacional que sufre Jujuy se ha agudizado a partir de los cambios económicos que se vienen produciendo desde la década de 1990 en toda la Argentina. El avance de las plantaciones de monocultivos, sobretodo por la preponderancia dada a la soja transgénica, ha ocasionado la concentración de tierras en pooles empresariales agrícolas, en detrimento de las economías regionales, empobreciendo a grandes sectores poblacionales. En las localidades de El Libertador y Ledesma es alarmante la situación social: alrededor de 3000 familias (una de cada tres familias que componen la población de El Libertador) tienen serios problemas habitacionales.
Esta situación de desigualdad territorial, crisis habitacional y total dependencia del ingenio azucarero para la subsistencia diaria, a llevado a centenares de personas a ocupar tierras sin esperar nada a cambio por parte de los políticos de turno, ni de organizaciones sociales como la Tupac Amaru de Milagros Sala afín al gobierno kirchnerista, y menos aún de la familia Blaquier. La respuesta fue la de siempre ya que el 28 de julio los ocupantes fueron reprimidos por efectivos de la policía provincial jujeña ante la orden del estado provincial y nacional de desocupar los terrenos de la empresa. La represión se cobró la vida de tres ocupantes: Félix Reyes Pérez, Víctor Heredia y Ariel Farfán, pertenecientes los tres a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Hubo más de treinta heridos de bala de plomo, incluidos niños y se realizaron infinidad de detenciones para amedrentar y desalentar las ocupaciones que aún persisten.
El Indoamericano en Capital Federal; La Primavera en Formosa, Ledesma y El Libertador en Jujuy.
El Poder y sus camaleónicas formas: el capitalismo en estado puro.
Publicado en: Libertad! Nº 59, octubre-noviembre de 2011, Buenos Aires
Autor: Gastón