Diego Rodríguez Panqueva

ALAI, América Latina en Movimiento

 

«La dinámica geopolítica desplegada por las políticas y medidas para enfrentar el cambio climático está ligada al fortalecimiento de tradicionales formas de extractivismo y el desarrollo de nuevos megaproyectos energéticos ‘limpios’. Pero también existe un fuerte componente ligado al control de territorios…»

Recurrentes imágenes empresariales en alusión a lo ambiental y la preocupación por el futuro de la humanidad son el reflejo de un “ajuste verde” del capital en su necesidad de expansión, el cual ha tenido que reconocer los enormes impactos ambientales generados por su modo de acumulación y por la ideología del progreso que impulsa (Gudynas, 2010). Este reconocimiento del capital se hace porque los impactos y conflictos que generan también lesionan sus posibilidades de acumulación, por ello este requiere limpiar la imagen de las tradicionales formas de explotación, concebir nuevos fundamentos para el modelo de crecimiento económico y así mantener vigente el paradigma del desarrollo, garantizar una mayor cantidad de recursos naturales y servicios ambientales para su reproducción y apaciguar la creciente protesta social y resistencia ligada a las luchas por el agua, la soberanía alimentaria, la diversidad y la defensa del territorio.

Este ajuste consiste en integrar la naturaleza y los seres como bienes escasos en el campo de los valores de uso, capitalizando[1] así las condiciones de producción para permitir la sostenibilidad del capital (O’Connor, 1994). Es decir, ya no se utilizan solamente como simples fuerzas productivas.

Esta variación o ajuste del capitalismo se entiende como capitalismo verde, una etapa del capital en la que el mercado es el principal medio para responder a la crisis ambiental, integrando consideraciones ambientales en la economía y los procesos de producción y creando nuevos mercados, denominados verdes o limpios, ello para permitir la reproducción del capital y una salida a la crisis económica y energética, sin alterar las relaciones sociales y de producción del sistema capitalista; teniendo como principales objetivos la ampliación de la matriz energética, un lavado verde del modelo extractivista y la implementación de una geopolítica del cambio climático que abra paso al capital para su entrada directa en aquellos territorios aun diversos y/o con un alto suministro de agua.

Por ello resulta importante identificar ¿cuáles son los caminos que toma el capitalismo verde para hacerse real y adquirir forma? Una caracterización de la estrategia del Banco Interamericana de Desarrollo (BID) en cambio climático permite dar respuesta a ello, dado que su enfoque, estrategia y operaciones permiten identificar tanto la expresión global de dicho ajuste, como también el papel que desempeñan los gobiernos nacionales, el sector privado, la banca y sectores de la sociedad civil de América Latina en el proceso de capitalización de la naturaleza y de la puesta en marcha de este ajuste verde del capital.

Fundamentos del capitalismo verde

La economía del cambio climático[2] y el desarrollo bajo en carbono representan la expresión global del ajuste verde de los marcos políticos y económicos. Ambas perspectivas están siendo promovidas por el BID en América Latina con el fin definir el rumbo de políticas públicas que den vía al capitalismo verde en la región.

El BID en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han formulado la economía de cambio climático de la región y realizado estudios particulares en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Ésta busca integrar variables económicas y ambientales de tipo global en función de incluir riesgos ambientales, específicamente el del cambio climático, en la planificación económica para fundamentar el desarrollo de nuevos mercados; su objetivo principal es enfrentar el cambio climático al tiempo que se mantiene el crecimiento económico, objetivo que resulta contradictorio entendiendo que el cambio climático es producto del creciente consumo de energías fósiles que permite el crecimiento económico.

Pero una “economía limpia” o “baja en carbono” no es el reflejo de un menor consumo energético, sino de un proceso de descarbonización entendido como una tasa de crecimiento de las emisiones de carbono menor a la tasa de crecimiento de la economía y del consumo de energía, en esta perspectiva desde el grupo del Banco Mundial se consagra en la región latinoamericana una transición hacia el desarrollo bajo en carbono, una perspectiva que encuentra en la crisis climática la posibilidad de continuar ampliando la órbita de influencia del capital a partir de nuevos argumentos que mantengan las fábulas del desarrollo y el potenciamiento de los mercados verdes y limpios en la región.

Esta transición busca evidenciar una transición hacia fuentes de energías renovables, destacando los agrocombustibles como uno de los nuevos mercados más agresivos que amplían la matriz energética; una transición hacia tecnologías limpias, asociadas a las tecnologías basadas en energías o recursos renovables; el potenciamiento de proyectos asociados a los Mecanismos de Desarrollo Limpio o nuevos mercados como REDD (reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo) y la venta de servicios ambientales.

Propuestas ligadas a los mercados de carbono como fuente de financiación, siendo estos el eje estructural de la nueva dimensión del desarrollo, dado que la compra o venta de carbono es el criterio a partir del cual se cataloga la “limpieza” de cualquier actividad, este carbono se negocia mediante certificados que garantizan la captura o no emisión del mismo y las diferentes propuestas enmarcadas en las políticas para enfrentar el cambio climático buscan mostrar a partir del nivel de emisiones capturadas o no emitidas los logros en mitigación al cambio climático y el desarrollo de una economía limpia.

Además de nuevos mercados el desarrollo adquiere también nuevas dimensiones. La lucha contra la pobreza se reafirma, y al ser ésta un factor de vulnerabilidad frente al cambio climático, se deduce que las políticas de desarrollo, que históricamente han atacado la pobreza, deben ahora enfrentarla atacando las vulnerabilidades ocasionadas por la crisis climática. La “vulnerabilidad” como nueva prioridad para el desarrollo justifica el fortalecimiento de los sectores económicos que mayores impactos pueden percibir por el cambio climático: según la economía del cambio climático para el caso de América Latina, el sector energético, agrícola, urbano y de infraestructura.

Estrategia y operaciones del BID en cambio climático

La problemática del cambio climático se convierte en una prioridad para las instituciones financieras; al igual que el Banco Mundial[3], el BID comienza a definir un marco estratégico, definido como la Estrategia integrada del BID para mitigación y adaptación al cambio climático, y de energía sostenible y renovable (EsCC). En 2010 se destina a esta estrategia el 25% del presupuesto general del Banco, en su Noveno Incremento General de Capital.

Las acciones del BID se encaminan entonces a financiar la creación de políticas de mitigación, adaptación y energía sostenible y renovable, y a facilitar el acceso a diferentes fondos que tienen el mismo fin[4]. Una lectura de este accionar muestra que la EsCC se orienta a crear todas las condiciones para que diferentes actores entren en la dinámica del mercado de carbono y a eso responde la compleja arquitectura de conocimiento, financiera, política y comercial que condiciona el BID; esto a partir de la promoción de las redes, alianzas o plataformas entre sector público y privado, banca comercial, banca de desarrollo y sociedad civil[5]; de esta manera se dota a estos nuevos mercados de todo tipo de condiciones para garantizar los incentivos e inversiones financieras que requiere.

En diferentes operaciones del BID puede evidenciarse el avance hacia el capitalismo verde en la región, a partir de la adecuación de los marcos políticos a nivel nacional, el fortalecimiento de instituciones financieras, un lavado verde del modelo extractivista y la ampliación de la matriz energética en la región y el apoyo a organizaciones de la sociedad civil como agentes de mercado en la geopolítica del cambio climático, teniendo todas estas operaciones como elemento central el fomento al financiamiento climático.

a. Reformas políticas en cambio climático

El BID busca adecuar un marco institucional y legal en el ámbito nacional, apoyando el desarrollo de una agenda de cambio climático, ya elaborada en México, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y Guatemala. Su objetivo es el desarrollo de la política de cambio climático cuyo enfoque sea sectorial, perfilándose como una política cuyo objetivo principal es atraer fuentes de inversión nacional e internacional en los diferentes sectores de la económica a través de las acciones de captura o no emisión de carbono. En este sentido el componente financiero define los objetivos y ámbitos de impacto de la política. Además de la política de cambio climático también son promovidas reformas en la política de agrocombustibles y la política de eficiencia energética, que se vienen promoviendo desde los 90 y buscan fortalecer las inversiones en fuentes de energía renovables y tecnologías limpias.

b. Fortalecimiento de la banca comercial y de desarrollo en el financiamiento climático

Las diferentes reformas de política en cambio climático buscan fortalecer los mecanismos financieros para atraer la inversión, además de la necesidad de un marco político también es necesaria la adecuación de condiciones comerciales y financieras que posibiliten la entrada de agentes privados en las políticas. En este sentido se fortalece la banca comercial y de desarrollo como intermediarios financieros para canalizar los recursos hacia actividades de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Desde el BID se desarrolla el programa Planet Banking que en colaboración con el Banco Mundial y el PNUMA implementan la Red de Conocimiento para el Financiamiento de Carbono. Además de ello se ha prestado apoyo técnico a la banca de desarrollo en la región y bancos comerciales como Bancolombia (Colombia), Banco Continental (Perú) e Itau (Brasil) para identificar riesgos en sus operaciones o proyectos de su cartera con potencial MDL (Modelo de Desarrollo Limpio).

c. Lavado verde del extractivismo y ampliación de la matriz energética

El lavado verde de extractivismo y la ampliación de la matriz energética son dos caras de la misma moneda en el capitalismo verde. Responden a la necesidad de contar con un número mayor de fuentes de energía y de legitimar los proyectos minero-energéticos existentes. Dentro de las operaciones del BID podemos identificar iniciativas como la de “carbón verde” financiada a la empresa Carbones el Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto en el mundo, el apoyo a proyectos MDL hidroeléctricos, de plantaciones forestales, rellenos sanitarios y de agrocombustibles.

El BID ha financiado con más de 2.100 millones de dólares proyectos de energía renovable en la región y se estima que en 2010 aumentó la suma a 3 mil millones, esto muestra una importante capacidad de ampliar la matriz energética y fortalecer los planes de integración regional como IIRSA y Plan Puebla-Panamá.

d. Organizaciones de la sociedad civil como agentes de mercado en la geopolítica del cambio climático

La dinámica geopolítica desplegada por las políticas y medidas para enfrentar el cambio climático está ligada al fortalecimiento de tradicionales formas de extractivismo y el desarrollo de nuevos megaproyectos energéticos “limpios”. Pero también existe un fuerte componente ligado al control de territorios denominados como “ecosistemas estratégicos” o “capitales escasos” por el rol que juegan en la oferta de recursos, servicios ambientales o stocks de carbono que conservan.

En este segundo componente, el BID financia en Colombia un Mercado Voluntario de Carbono (MVC) que busca generar incentivos a proyectos de carbono forestal en los territorios de bosque en el país. Este MVC es desarrollado por Fundación Natura en conjunto con el gobierno y la Bolsa de Valores de Colombia. Fundación Natura y otras organizaciones de su mismo carácter como WWF, Conservación Internacional o el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez buscan desempeñar el rol de sociedad civil en la formulación de la estrategia REDD en el país a ser financiada por el Banco Mundial, estrategia que busca permitir la llegada de los mercados de carbono a 50% del territorio nacional ocupado por bosques, en su mayoría territorios con títulos colectivos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Diego Rodríguez Panqueva, administrador público, miembro de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, clima@censat.org

Referencias

Banco Interamericano de Desarrollo – www.iadb.org

Gudynas, Eduardo, (2010). La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo. En Íconos. Revista de Ciencias Sociales. 36, 53 – 67. Quito.

O’Connor, Martin. (1994). “El Mercado de la Naturaleza. Sobre los infortunios de la naturaleza capitalista”. Revista Ecologia Politica. Cuadernos de debate internacional. 7, 15 – 34. Icaria. Madrid.

Stern, Nicholas. (2007). Stern Review: La economía del cambio climático. Recuperado de http://www.catedracambioclimatico.uji.es/docs/informestern.pdf

* Este artículo es una síntesis de la publicación “Capitalismo verde. Una mirada a la estrategia del BID en cambio climático” de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. Descargue el documento de http://www.censat.org/publicaciones?task=view&catid=10044&id=55

[1] “Por capitalización se entiende la representación del medio biofísico (naturaleza y de las economías no industrializadas, así como de la esfera humana doméstica (naturaleza humana) como reservas de «capital», y la codificación de estos stocks como propiedad susceptible de ser comercializada «en el mercado», es decir, que puede venderse a un precio que represente el valor (utilidad) del flujo de bienes y servicios como factores de producción (inputs) de artículos básicos y en el consumo” (O’Connor, 1994: 16).

[2] La economía del cambio climático es expuesta en el Informe Stern, redactado por Nicholas Stern. Este informe examina “los costes económicos de las consecuencias del cambio climático y los costes y beneficios de las medidas introducidas para reducir las emisiones de los gases invernadero (GI) que las causan” (Stern, 2007: 2) y estudia “los complejos retos de política que llevará consigo la gestión de la transición a una economía baja en carbono y los esfuerzos para conseguir que las sociedades puedan adaptarse a aquellas consecuencias del cambio climático que son inevitables” (2007: 1).

[3] En el 2008 el Banco Mundial definió su Marco Estratégico sobre Desarrollo y cambio climático (MEDCC) el cual define el trabajo en los países de desarrollo en torno a: respaldar medidas relativas a clima en los procesos de desarrollo, movilizar financiamiento, promover el desarrollo de mecanismos de mercado; movilizar recursos del sector privado; respaldar el desarrollo acelerado y el uso de nueva tecnología; y aumentar las investigaciones sobre políticas, los conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades.

[4] Otros fondos que buscan la promoción de acciones enmarcadas en el fomento a los mercados de carbono y la creación de marcos políticos que promuevan el acceso a estos son el Fondo de Tecnología Limpia (CTF), el Fondo Estratégico sobre Clima (SCF) y el Global Enviromental Facility (GEF).

[5] La categoría de “sociedad civil” comenzó a ser utilizada por el Banco Mundial para legitimar organizaciones que responden a sus intereses en la construcción de la política pública y que pareciera incluir a todo los sectores propositivos que realizan las construcciones sociales, pero que en realidad corresponden a la creación de enclaves para generar una falsa idea de participación. En el caso de la estrategia del BID en cambio climático el sector de la sociedad civil a ser llamado para legitimar, dar facilidades y participar en la implementación de las políticas en cambio climático está conformado por las grandes organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter conservacionista.