Durante la última década Costa Rica vivió un intenso crecimiento del sector turístico-residencial, concentrado especialmente en las costas de Guanacaste y Puntarenas. La crisis económica internacional que empezó a manifestarse a partir del año 2008 disminuyó el ritmo de construcción, aunque en la actualidad empiezan a verse ya algunos signos de reactivación. Los grandes capitales, tanto extranjeros como del mismo país, protagonizaron esta acelerada transformación del litoral costarricense, que el mismo Estado promovió, privilegiando la “vocación” turística del litoral sobre otro tipo de usos. Por su parte, las comunidades y poblaciones costeras, asentadas previamente en esos territorios, dedicadas mayoritariamente a la pesca y a la explotación de otros recursos de la zona, han vivido tradicionalmente en una situación de enorme pobreza, y en muchos casos sin una especial atención por parte de las políticas públicas, siendo claramente invisibilizadas.
La inversión turística de grandes capitales entró frontalmente en competencia con las comunidades costeras por su presencia en esos territorios. De una u otra forma, muchas de ellas han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen. Este proceso en realidad sigue el mismo patrón que en muchos otros lugares de América Latina y El Caribe, en los que la inversión turístico-residencial ha ido desplazando progresivamente a las poblaciones pre-existentes, con episodios esporádicos de resistencia muy concentrados en alguna comunidad. Sin embargo, en Costa Rica desde el año 2008 asistimos a un singular proceso de articulación de más de cincuenta comunidades costeras en el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción. Además de romper el aislamiento y hacerse visibles en la sociedad costarricense, las comunidades han logrado elaborar una propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios e incidir activamente en la Asamblea Nacional para lograr su aprobación. Esta propuesta de ley, inspirada en la legislación de pueblos indígenas, se ha convertido en la base de una estrategia de lucha que despierta el interés en muchos otros países.
Sobre todas estas cosas conversamos en una reciente visita a Costa Rica con Wilmar Matarrita, actual coordinador del Frente de Comunidades, quien además es economista, abogado, especialista en Derechos Humanos e incidencia política legislativa y municipal, Director Ejecutivo de la ONG FEDEAGUA y presidente del Frente Amplio en la provincia de Guanacaste y miembro de su Comisión Política Nacional.
Sobre el modelo de desarrollo turístico de Costa Rica
¿Qué características ha tenido el fuerte crecimiento experimentado por el turismo en Costa Rica durante los últimos años y qué impacto ha tenido en las zonas costeras?
En los últimos veinte años, más o menos, Costa Rica optó por un desarrollo turístico concentrado en dos grandes líneas, lo que llamamos mega-proyectos turísticos, tipo Papagayo, con grandes hoteles en las zonas costeras, y los desarrollos inmobiliarios, es decir la construcción de apartamentos para vender casas a extranjeros. La mayor parte de las zonas costeras de Guanacaste y Puntarenas, sobre todo de Guanacaste, han sido dedicadas a este tipo de desarrollo.
¿Qué es lo que cambia para que este modelo de desarrollo tome tanta fuerza?
Hasta 1982 en Costa Rica había un modelo de país que posibilitaba una mejor distribución de la riqueza y fortalecer a diferentes sectores, como las pequeñas empresas o las cooperativas. Pero hacia 1982, con los programas de ajuste estructural, se replantea el modelo de desarrollo del país. Dentro de ese replanteamiento está lo que se llamó por un tiempo “la agricultura de cambio”, y se empezó a producir para la exportación, y no necesariamente lo que Costa Rica normalmente sabía hacer, sino que se empieza a introducir el melón, las flores,… Y en el campo del turismo se impulsan los grandes mega-proyectos y la atracción de la inversión de los grandes capitales extranjeros. Empieza entonces el “boom” de los grandes hoteles en Guanacaste.
Pero esto no puede explicarse sin un sector nacional que resultó claramente beneficiado…
¿Quiénes están detrás de eso? En primer lugar, hay una clase de políticos costarricenses que empiezan a tener ligamen con el capital internacional y eso los lleva a establecer algún tipo de alianzas. Recordamos, por ejemplo, al presidente Rafael Ángel Calderón; también están los Arias, que llegan al poder en el año 1986, y empiezan a promover este tipo de iniciativas, concretamente en Guanacaste. Detrás de esto hay políticos costarricenses ligados al capital transnacional que pretenden abrir nuevas posibilidades de negocio.
¿Qué implicaciones tuvo la consolidación de ese modelo, particularmente en el ámbito turístico?
Este modelo de desarrollo ha expulsado a cientos de comunidades que estaban ubicadas en la costa. Después de veinte años de usar las tierras costeras de Guanacaste para este tipo de actividad, los indicadores sociales no han subido. En el Sexto Informe del Estado de la Nación, en donde se realizó el Informe del Estado de la Región Chorotega, en 1999, Guanacaste sale como la región más pobre de Costa Rica, y esto se viene repitiendo cada cuatro años en los diferentes estudios que se han estado haciendo.
Sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre y los planes reguladores
¿Qué papel ha jugado la Ley de Zona Marítimo Terrestre en la consolidación o no de este modelo de desarrollo turístico?
La Ley de Zona Marítimo Terrestre se crea hace más de treinta años, en 1977, bajo el impulso inicial de una opinión pública que planteaba la necesidad de resguardar los territorios de las zonas costeras, hasta los 200 metros desde donde llega la marea, para el interés nacional. A partir de allí se da un fuerte debate sobre qué intereses debía proteger o tutelar esa Ley. Por una parte había quienes defendían que la Zona Marítimo Terrestre debía dedicarse a la explotación turística. Pero por otra parte, en la misma Ley parece ser, o se interpreta, que hay algún interés por proteger a la gente que vive en esos territorios, y por eso se crea el concepto de “poblador” y se le da a las municipalidades la potestad para que protejan a esos pobladores.
El problema es que los políticos afincados en las municipalidades, incluso algunos diputados que siempre han gobernado en las municipalidades, no les interesó mejorar las condiciones de los pobladores, y resolver o legalizar su situación. Al contrario, vieron la Ley de Zona Marítimo Terrestre como una Ley que los ponía a trabajar para la explotación turística de las áreas costeras.
¿Y cómo se hacía esto?
La Ley contemplaba que el uso de la zona marítimo-terrestre debía establecerse a través de los planes reguladores, por lo que se interpretó que estos eran el instrumento fundamental para ponerla en práctica. Y se dio potestad al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a las municipalidades para que implementasen esos planes reguladores costeros. El problema fue, repito, que desde el ICT y las mismas municipalidades se valoró que esos territorios debían dedicarse fundamentalmente a la explotación turística.
¿Qué supuso esta orientación turística de los territorios costeros?
Las comunidades locales que ya habitaban allí quedaron en el abandono. Es decir, no hubo esfuerzos reales, por lo menos reconocidos, en los que podamos encontrar una política municipal o una política pública que garantizara a esas comunidades locales que habitaban allí unas condiciones para que pudieran desarrollarse y seguir viviendo en esos territorios.
Al contrario, lo que encontramos son una serie de inventos que acabaron perjudicando a las comunidades. Por ejemplo, empiezan a crearse los planes reguladores privados, pagados por las mismas empresas desarrolladoras. Y esos planes reguladores privados generan barbaridades porque están hechos a la medida del interés de aquellas empresas. Esto lo que ha llevado es a despoblar la mayoría de las zonas costeras.
Pero no es hasta hace pocos años que se incrementa enormemente la elaboración de los planes reguladores, e incluso encontramos grandes organismos de cooperación que los están financiando. ¿Cómo explicas esta aceleración?
Hace unos ocho años la clase política gobernante costarricense topó con cerca en relación modelo de desarrollo que estaban impulsando en Costa Rica. Esto puso en evidencia la necesidad de redistribuirse los recursos que hay en el país. Y para ello tenía que replantearse también los instrumentos que estaban usando para impulsar ese modelo de desarrollo, de tal forma que necesitaban reformar leyes, políticas,… Y es así, por ejemplo, como esa clase política costarricense asociada al capital trasnacional nos impone para el 2007 el Tratado de Libre Comercio (TLC). Con el TLC impulsan una serie de leyes en la Asamblea Legislativa, lo que llamaban las famosas leyes de implementación. Lo que está en juego es la distribución de la riqueza del país.
Entonces es cuando viene la cooperación internacional con un programa de catastro, y luego vienen a apoyar la elaboración de los planes reguladores. Al final lo que quieren es mapear todos los recursos que tenemos y cómo se los van a distribuir los grandes oligarcas de este país aliados con el capital transnacional. De lo que se trata es de preparar la mesa en la que se van a repartir la riqueza de Costa Rica.
¿No hay manera de que la población tenga más capacidad de participación, incidencia y, en definitiva, de control, sobre los planes reguladores?
El modelo de plan regulador es como una cosa importada, de otra cultura. Es un instrumento que está dirigido a poder usar de la manera más intensa aquel territorio que es regulado con un fin concreto. En este caso los planes reguladores de por sí encierran la posibilidad de usar al máximo la zona marítimo-terrestre para una actividad, no para que se desarrolle una cultura sino para una explotación, en este caso para el turismo. Para dar un ejemplo: las parcelas que se pueden ubicar o regular en un plan regulador tienen un mínimo de extensión, estamos hablando de 500 m2, cuando en la mayoría de los pueblos costeros la gente habita en territorios que son de menos de 200 m2. A partir de ahí ya tenemos gente que tiene que salir porque no está cumpliendo con esa condición que la Ley dispone.
Por otro lado, como el plan regulador tiene un marcado interés de distribuir el territorio para un aprovechamiento, en este caso, comercial-turístico, a la par se establece el pago de cánones. Y por lo general, como el valor de la actividad turística en esos territorios se ha incrementado muchísimo, el pago de canon es muy alto para la gente. Tenemos zonas en este país en donde hay gente que está pagando más de cien mil colones por mes, que para un costarricense común y corriente como los que viven en las zonas costeras, pescadores, gente que tiene pequeños negocios, es algo impagable.
Sin embargo, en lugares como Escazú, cerca de San José, sí fue posible que las comunidades incidieran en el plan regulador, y por medio de él lograron frenar un proceso de desarrollo que iba a excluirles. ¿Crees que es posible la repetición de este modelo exitoso de participación e incidencia en las zonas costeras?
Las zonas costeras como tal están sujetas a una ley con unas disposiciones muy concretas. En este caso, la Ley de Zona Marítimo Terrestre regula los 200 metros que van desde el punto más alto de la marea hacia tierra adentro. De esos 200 metros hay 50 que son intocables, o sea que son patrimonio nacional, y 150 que pueden ser concesionados. Esos el Estado los ha destinado fundamentalmente para la actividad turística.
Y en los planes reguladores, por mucha metodología que quieran implementar, en general es muy difícil que lo que dice la comunidad se vaya a poder reflejar en el documento final, porque en este país la democracia no llega hasta el punto de decir que la voluntad comunal es vinculante. Al contrario, la comunidad puede proponer muchas cosas, pero al final la voluntad la tiene el equipo técnico que diseña el plan regulador y la municipalidad, que son grupos políticos aislados de la realidad de la comunidad. En realidad no conocemos ningún proceso en este momento que realmente esté diciéndole a una comunidad: “vamos a hacer un plan de acuerdo a los intereses de ustedes”. No lo hemos encontrado todavía. Por ejemplo, en este momento se está haciendo el plan de manejo de Ostional, y la comunidad está diciendo: “a nosotros nos interesan determinadas cosas, por ejemplo nos interesa ubicar la zona de desarrollo y de aprovechamiento sostenible de huevos en este lugar”, pero los técnicos están diciendo otra cosa.
Ha habido alguna experiencia positiva en el país. Yo sólo conozco, efectivamente, el caso de Escazú, en donde se trató de elaborar un plan regulador con altos niveles de participación. Sin embargo, a la hora de ver los resultados de ese proceso en el tiempo, estos no son totalmente los que la comunidad hubiera querido. Es decir, que del dicho al hecho hay un trecho, hay mucho que caminar, y en este caso concreto nos encontramos que las comunidades están muy lejos de ver reflejados sus intereses por medio de un instrumento como el plan regulador.
Es por eso, en definitiva, que el Frente Nacional de Comunidades Costeras considera que los planes reguladores no son un instrumento idóneo y que la misma Ley de Zona Marítimo Terrestre ya no es un instrumento adecuado para la gente que vive en las zonas costeras.
Sobre la Ley de Territorios Costeros Comunitarios
Hablemos de esta experiencia tan singular de organización comunitaria de las zonas costeras que estáis desarrollando. ¿Cómo surge el Frente Nacional de Comunidades Costeras?
El Frente Nacional de Comunidades Costeras Amenazadas por Políticas de Extinción nació en el año 2008. Inicialmente surge en la comunidad del Ostional, como un esfuerzo de ese pueblo acompañados por FEDEAGUA que, en un momento de movilización frente a la Asamblea Legislativa, nos encontramos con otras comunidades, caso de Montezuma, Tambor, Pochote, Paquera, … que tenían los mismos problemas. Ese encuentro en la Asamblea Legislativa nos llama a la necesidad de una articulación, una red más grande, que involucre a las diferentes comunidades.
Para nosotros un reto muy grande es lograr generar en cada una de esas comunidades la capacidad de organización y de propuesta para luchar por el control comunitario de los recursos que están en esos territorios y que esos recursos en general se puedan distribuir mejor o estén a la disposición de la mayoría de los costarricenses. Ese es el reto muy grande. En las zonas costeras vive mucha gente, en general hay mucha población ahí, pero es muy apática, muy desorganizada. ¿Cómo elevamos la capacidad de organización de la gente de esas comunidades? A pesar de la dificultad hemos logrado un aumento muy importante de la participación y de la articulación entre las diferentes comunidades. Hoy el Frente está constituido más o menos por 58 comunidades.
¿Cuáles son las propuestas que han podido aglutinar a todas estas comunidades?
En el Frente, después de un estudio profundo, llegamos a la conclusión de que la única vía que teníamos era la creación de una nueva ley que venga a reformar la Ley de Zonas Marítimo Terrestre y otras leyes. De este modo nos dimos a la tarea de elaborar el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, también conocida como Ley TECOCOS. Esta ley debe contemplar fundamentalmente aspectos como garantizar el derecho a la gente que ha vivido ahí por más de diez años a seguir viviendo en esa zona, siempre y cuando esto no signifique acaparamiento de tierras en las zonas marítimo-terrestre. El otro asunto importante es el de garantizar la gratuidad de vivir ahí, es decir que por vivir en la zona marítimo-terrestre la gente debe pagar los impuestos correspondientes, como paga cualquier costarricense, por ejemplo de bienes e inmuebles, pero no un impuesto especial por vivir en la zona marítimo-terrestre. El otro elemento es el tiempo que se le puede dar a una persona una concesión. Nosotros estamos planteando que el tiempo debe de ser de 70 años, con la posibilidad de heredar el uso de ese territorio.
¿Y qué ocurriría con los planes reguladores si se aprobara esta Ley?
Si el proyecto de Ley TECOCOS se aprueba, esos planes reguladores serán derogados por la misma ley, que obliga a crear una nueva figura de ordenamiento territorial, una figura más participativa, en donde el actor fundamental es el mismo pueblo con el acompañamiento técnico correspondiente y con la tutela municipal. Hay un artículo en la ley que obliga a una consulta, a una discusión profunda sobre el resultado de ese plan de ordenamiento territorial, y la resolución de la comunidad es vinculante para la implementación de ese plan de desarrollo territorial. En este momento la legislación costarricense no garantiza que lo que se hizo en el plan regulador y lo que dice la comunidad sobre ese plan regulador sea vinculante. El proyecto de Ley que hemos elaborado sí obliga que se tenga que consultar a la comunidad y que lo que la comunidad decida sea santa palabra. Este es un tema clave y nosotros consideramos que es un avance muy importante para la democracia costarricense. Creo que eso también marca la diferencia entre cómo se hace ahora un plan regulador y como se haría un plan de gestión territorial una vez que esté aprobada la Ley de Territorios Costeros Comunitarios.
¿Cómo se elaboró la propuesta de Ley de Territorios Costeros Comunitarios y en qué punto se se encuentra para su posible aprobación?
El proyecto de Ley fue elaborado por las comunidades a través de un proceso muy participativo hace más o menos dos años. En mayo del año 2009 se terminó el proceso y fue presentado al Congreso de la República. En este momento está en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Antes de mayo de este año, la perspectiva no era tan clara como ahora. Pero recientemente, el 1º de mayo de 2011, hubo un cambio importante en la Asamblea Legislativa: la oposición se apoderó del Directorio Legislativo y planteó algunas cosas muy interesantes para nosotros. En primer lugar ellos plantean lavarle la cara a la Asamblea Legislativa, y eso significa convocar proyectos sociales, y nosotros creemos que uno de los proyectos sociales más importantes que está planteado en este momento es este proyecto de Ley.
Estamos hablando que más o menos unas cincuenta mil familias que viven en las zonas costeras tienen amenaza de desalojo, y esto es un problema político nacional, de tal forma que la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad ahora, con los cambios que ha tenido, de poder poner en la agenda, en los primeros lugares, este proyecto de Ley. Nos hemos planteado la meta de que en los siguientes tres meses, para terminar en julio, vamos a generar una gran ofensiva de cabildeo y presión política en la Asamblea Legislativa para la aprobación de este proyecto de Ley.
¿Desde vuestra perspectiva, qué alternativas de desarrollo tienen las comunidades costeras fuera de este esquema turístico dominante, que como bien dices les acaba excluyendo?
Nosotros creemos en un modelo de desarrollo para las comunidades costeras en donde los recursos que tienen, la belleza escénica, la cultura o los mismos recursos marinos, puedan ser aprovechados por las comunidades organizadas. Por ejemplo, el turismo rural comunitario es una opción, incluso tiene ya alternativas muy importantes en el país. La pesca artesanal responsable y sostenible también es una alternativa. En Ostional tenemos el proyecto de aprovechamiento sostenible de huevos de tortuga. Podríamos decir que la comunidad del Ostional se mantiene a puro huevo, en este caso de huevo de tortuga. Pero además los estudios científicos nos demuestran de que, lejos de poner en amenaza a la tortuga, el sistema que están implementado ha garantizado la conservación y el aumento de la población de tortugas, debido a que la comunidad tiene una participación activa en todo el proceso, tanto de aprovechamiento, como de conservación y cuido de ese recurso. Nosotros creemos que una política pública que, por ley, le garantice a la gente sus derechos, pero que a la vez fortalezca el acceso a créditos, capacitación y formación, mercados, la organización,… La gente ya tiene una dinámica, una forma, un estilo de vida, una forma de vivir, lo que hay que hacer es fortalecer esa forma de vida que ellos tienen, darles mejores condiciones a esa forma de vida.
A la mayoría de la gente que vive en las zonas costeras le ha faltado acompañamiento para poder usar de mejor manera ese territorio. Pero hay procesos o iniciativas en el país que se pueden vincular muy bien para potenciar esa riqueza y la participación de la gente que vive en las zonas costeras. Para poner un ejemplo: hay iniciativas de organizaciones y sindicatos que perfectamente pueden usar el territorio costero para su centro de vacaciones, muchas veces la infraestructura ya está, los pescadores tienen sus botes, las familias tienen sus casas.
Entonces se pueden crear proyectos en esas comunidades en donde se puedan usar las habitaciones y las casas de los vecinos, o los instrumentos que tienen ellos para ir al mar. Conocemos algunas experiencias en Golfo de Nicoya donde las mujeres han jugado un papel muy importante. Las mujeres trabajan en artesanías usando muchos de los recursos que hay en la zona costera, también han empezado a brindar servicios de turismo (gastronomía, guiado,…). La experiencia de organización de las mujeres usando los recursos costero puede también articularse con otras formas de organización de mujeres en otros sectores, en otros lugares del país y generar condiciones de vida mejores, tanto para las mujeres de allá como para las que viven en las zonas costeras.
Pero no son sólo las comunidades costeras las que pueden estar interesadas en una propuesta de Ley de estas características.
Hay que recalcar que todo este asunto de las comunidades costeras ha generado opinión pública, y hay sectores muy importantes del país presionando para que se legisle a favor de las comunidades. En Costa Rica hay un sentimiento muy fuerte de que hemos perdido nuestras playas, que los costarricenses ya no tenemos derecho de llegar a nuestras playas. Para los costarricenses en general es importante que puedan seguir las comunidades costeras viviendo ahí, porque por lo general las comunidades costeras reciben muy bien al resto de costarricenses que llegan. Entonces, hay una serie de instituciones y organizaciones de la comunidad costarricense que han venido respaldando de manera importante el proyecto de Ley. Debemos reconocer el aporte de la Iglesia Católica y de las Universidades. Por ejemplo, en este momento 4 universidades públicas han manifestado su rotundo apoyo al proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios: la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. También movimientos sociales como el ambiental, sindical y comunal han manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a esta iniciativa, que responde, podríamos decir, a intereses y necesidades de sectores importantes del pueblo costarricense.
Sobre el Congreso del Frente Nacional de Comunidades Costeras
Recientemente, sostuvisteis vuestro último Congreso, ¿Qué participación de las comunidades hubo y cuáles fueron los principales acuerdos adoptados?
Participaron 32 comunidades, de las 58 que están asociadas y que impulsan el proyecto de ley. Eso es una buena participación. Fue también importante atraer comunidades estratégicas como son Ostional (del Cantón de Santa Cruz), Montezuma (Península de Nicoya), la Isla Venado (Golfo de Nicoya), Dominical del Sur del país, Playa Nosara (cantón de Nicoya), para citar algunas.
Algunas de las resoluciones del II Congreso, que son determinantes en este proceso fueron, por una parte, trabajar para convertir el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas y Políticos del Exterminio en una gran red nacional con capacidad de defensa de territorios y sus recursos, pero también de propuesta. Y por otra, profundizar el tema del empoderamiento de las mujeres en nuestro Frente Social, trabajando para visibilizar su liderazgo, de la misma manera establecer mecanismos rigurosos que garanticen que la mujer sea tratada con justicia en los derechos que otorga el proyecto de ley de TECOCOS.
¿Con qué estrategia sale del Congreso el Frente Nacional de Comunidades Costeras de cara a la labor de incidir de forma definitiva en la aprobación de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios?
Los aspectos más relevantes de la nueva estrategia comunitaria, se ubica en lo que llamamos la elaboración de una Hoja de Ruta en función de lograr la aprobación definitiva del proyecto de ley de los Territorios Costeros Comunitarios que pasa por el despliegue de diferentes formas de movilización y cabildeo durante los meses de mayo, junio y julio de 2011, entre las que destacamos: 1) la visita periódica y presión diaria a diputados y diputadas, para ello elaboramos una lista con 4 categorías: diputados de apoyo, diputados simpatizantes, diputados desinformados (a ganar o perder), diputados enemigos (aliados al capital transnacional); 2) establecer de manera agresiva un plan con diputados y diputadas con fechas y pasos para la rápida aprobación del proyecto de ley (esto incluye ver en qué comisión debería estar); 3) lograr la conformación de un grupo de diputados de apoyo; 4) organizar una caminata nacional para sensibilizar al país, de San José a Puntarenas en alianza con otros sectores; 5) establecer mecanismos efectivos de relación con la prensa, establecer vínculos estrechos de relación con organizaciones hermanas nacionales, locales y regionales; 6) mejorar los niveles de coordinación y movilización de comunidades estratégicas (casos de Costa Pájaros, Colorado, Montezuma, Tambor, Paquera, Ostional–Peladas); 7) insertarnos con mayor energía en espacios como el Frente Cívico Guanacasteco y la Red Activa de Derechos Humanos; 8) cerrar esta campaña de 3 meses con una movilización masiva (en la que esperamos convocar a unas cinco mil personas) el 25 de julio 2011 a la ciudad de Nicoya, fecha en que se celebra la fiesta nacional de la anexión, ya que este día llegan al parque de la ciudad todos los poderes de la República. La idea es tomar el parque y obligar al gobierno a negociar.
Y ya para terminar, ¿cómo valoras la situación actual en la lucha de las comunidades costeras?
El tema está planteado de esto modo: ¿Hasta donde podrá permitir el pueblo costarricense que esos recursos los acaparen unos pocos y los estén saqueando? Ese es el reto que tenemos actualmente nosotros y muchas organizaciones sociales. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan robando el agua? ¿Vamos a permitir que nos sigan robando las playas? ¿Vamos a permitir que nos sigan robando las minas, nuestras riquezas, nuestros tesoros? Y el pueblo costarricense a pesar de toda esta riqueza sigue siendo pobre. Este es el reto que tenemos, y me parece que eso también también está en lucha que han hecho las comunidades costeras con la defensa del proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios.
Ernest Cañada, coordinador de ALBA SUD