"No encuadra en el perfil": SGAE-OMPI impiden que abogada latinoamericana participe en seminario internacional de derechos de autor PDF Imprimir E-mail

Le sucedió a Maricarmen Sequera (Paraguay)

 

Cuando leí en las redes sociales “me indigno, luego existo”, la publicación de Luis Britto sobre #occupy movement en todo el mundo, me obligué a compartir la situación injusta e indignante que como ciudadana tuve que pasar.


Hoy puedo decir con certeza que la crisis de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha ido agravándose conllevando una serie de modificaciones en el marco de las relaciones internacionales y en el marco de encuadramiento jurídico en materia de propiedad intelectual. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) nos ha demostrado el declive del interés general y publico ante la presión de interés de corporaciones hoy evaporadas por la internet, y muestra una depresión y pasividad en sus acciones y declaraciones que hasta injustamente fundamentan políticas de la Organización donde Paraguay es Estado parte.


No hay coherencia en el discurso – práctica de la OMPI


La Academia de la OMPI fue fundada en marzo de 1998 en respuesta a la creciente demanda de los Estados Miembros por adquirir conocimientos y aptitudes en el campo de la propiedad intelectual (PI). La Academia es un centro de capacitación, debate e investigación en propiedad intelectual” expresa la pagina web de la OMPI


El curso al que había aplicado en la Academia/OMPI era para profesionales con deseos de formarse y discutir en mesas de trabajo acerca de los lineamientos de la Propiedad intelectual en el siglo XXI. Mi perfil fue aceptado y la notificación fue enviada a la Dirección General de Propiedad Intelectual (DGPI), institución que representa en Paraguay temas referentes sobre Propiedad Intelectual. En la comunicación se hacía referencia a que mi selección correspondía al tema OMPI/SGAE (organización cooperante)sobre derecho de autor y derechos conexos, a realizarse en Madrid (España) entre el 12 al 16 de diciembre de 2011. La DGPI, que además firmó mi aplicación para la acreditación, me había informado de la notificación el 26 de octubre de 2011. A los efectos de gestionar toda la agenda de actividades, me pusieron en contacto con un responsable de la OMPI en Ginebra/ONU, quien efectivamente confirmó mi participación.

Sin embargo, a pocas semanas del evento, se comunican conmigo expresando lo siguiente: que aunque fui propuesta por la OMPI, los responsables de evaluación de la SGAE en Madrid no aprobaron mi participación porque no encuadra en el “perfil”. Bien aclaraban, entre paréntesis, que “(la SGAE es cooperante y financia parte de la participación del curso)”, y finalizaban diciendo que valorarán mi perfil para una próxima actividad.

Aquí se rescatan varios elementos de discusión, a partir a qué probablemente se refirieron cuando mencionaron mi “perfil”: el hecho de ser una abogada con publicaciones criticas referente a esta materia, como es mi oposición al canon digital; también el activismo en Creative Commons/propiedad intelectual, organización que busca evitar, en una era de internet, la utilización de intermediarios, como es el caso de la sociedad de gestión en este caso SGAE, (Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual)

Y como segundo elemento -y mucho más delicado- tenemos el hecho constatable de poder verificar cómo el ámbito es un nuevo punto de ruptura en este tipo de relaciones internacionales donde es directamente rebasado por esta política de proyección hegemónica de los intereses corporativos. O cómo explicar que un simple cooperante tenga tanta influencia en la decisión –o revisión de decisiones- de un organismo internacional. En ninguna parte del documento de aplicación habla siquiera de que el cooperante es parte de la selección de un curso impartido por la OMPI.


¿Hasta qué punto este hecho representa una práctica extendida de los organismos de cooperación, que terminan priorizando sus intereses políticos particulares en contraposición a los intereses superiores de los proyectos o actividades que financian? Esta práctica poco común pero existentes en las cooperaciones que apoyan y financian proyectos siempre y cuando se parezca a lo que ellos quieren. Estas situaciones afectan los procesos, además pone en tremenda desventaja al organismo público receptor, en este caso la organización internacional (OMPI/ONU). Podríamos estar hablando incluso de una situación de abuso de poder, en la medida que el cooperante se aprovecha de la falta de recursos de la entidad receptora, que en determinado punto se ve en la disyuntiva de de que perder una cooperación ante tantas responsabilidades ya asumidas, es un “lujo” que no pueden darse, y no queda otra que adaptarse a lo que espera el cooperante para no perder los recursos disponibles y poder tener oportunidades futuras. Estas situaciones podrían reconocerse con organizaciones de la sociedad civil locales, o Estados –principalmente los que están en situación de crisis o escasos recursos- y, ahora, este manoseo se traslada a instancias internacionales, y allí la cuestión es aún más delicada, porque una organización que defiende intereses sectoriales, privados, actúa casi como un Estado parte de la organización pública internacional.



ONU/UNASUR


Esta experiencia demuestra, el riesgo de las asimetrías como elementos que atraviesan las relaciones bilaterales de un organismo internacional (OMPI/ONU) subordinado por un cooperante (SGAE)? Este mismo marco plantea una serie de interrogantes de fondo.


La integración que tiene hoy la ONU se caracteriza dentro del marco de subordinación no de los estados partes sino de los intereses de corporaciones hoy por ejemplo el caso de la OMPI con la SGAE, sociedad de gestión cuestionada en España por sus innumerables casos de corrupción. Llamar a la ONU como motor de integración, en el plano internacional, hoy ya es absurdo, más allá de la grave crisis por la falta de recomposición de la correlación de poderes: reforma constitutiva de la ONU, además de las tensiones tanto internas como externas.


Más que una conclusión, planteo una interrogante. Cuando vemos una serie de hechos que están permitiendo cosas como lo que me pasó a mí. América Latina se plantea UNASUR como un gran desafío de integración regional. Pero tengamos en cuenta que debe haber una gran reflexión y que necesariamente vamos a tener que discutir incluso en términos jurídicos, cuáles son los presupuestos políticos, ideológicos y jurídicos sobre los que se van a basar varios procesos de integración en el marco de propiedad intelectual, incluso el desarrollo que podemos denominar en una serie de velocidades, porque si no se establece bien la diferencia entre un proceso de integración, y cuando hablo de diferencia estoy hablando también de la responsabilidad y del desafío nacional de establecer una política de propiedad intelectual a favor de la ciudadanía (por ejemplo: políticas sobre los conocimientos tradicionales, evitar patentar de semillas transgénicas de las empresas Cargill en la región) con una jurisdicción intrarregional y regional, establecer bien las diferencias entre lo que normativamente pueda aparecer como integración, y lo que de facto la norma jurídica puede consagrar que no sería más que otra cosa que la lógica de la continuidad de una relación de subordinación. (De un Estado sobre la organización, o la situación más triste, de un cooperantes sobre la UNASUR)

Ese es un elemento subyacente esencial que debe ser objeto de debate y que evidentemente solo la práctica y las posteriores negociaciones van a permitir resolver.


Y es mi responsabilidad compartir este tema para plantear y perfilar al menos un debate abierto sobre este tipo de situación y evitar que vuelva a ocurrir en un escenario más próximo. UNASUR.


Maricarmen Sequera.

Paraguay




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