Además, el Estado se propone reunir a través de privatizaciones y venta de sus bienes inmuebles otros 50.000 millones (unos 72.000 millones de dólares).
Los sindicatos, sobre todo los del ámbito público, anunciaron amplias medidas de huelga para el próximo 15 de junio.
Papandreu había advertido reiteradamente, durante esos debates, que era una «obligación nacional» no contraer nuevas deudas adicionales durante los próximos años, según reportó la emisora griega Skai.
La iniciativa de recorte aún debe ser aprobada por el Parlamento, en una sesión decisiva que tendrá lugar el 28 de junio, informaron medios locales. Los gobernantes socialistas disponen de 156 bancas entre los 300 escaños del Parlamento.
La aprobación del paquete es un requisito para que la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) den luz verde para el próximo tramo de la ayuda financiera para Atenas, por más de 12.000 millones de euros (unos 17.400 millones de dólares).
En caso de que esos fondos no ingresen, Grecia estaría en la bancarrota a fines de julio, según las palabras del ministro de Finanzas, Giorgos Papakonstantinou.
El programa enfrentaba la oposición del ala más izquierdista del partido socialista en el gobierno. El Estado griego no ha podido bajar el déficit fiscal más allá del 10% a pesar del ajuste que redujo salarios, pensiones y aumentó impuestos. Así, el país vive actualmente una recesión y desocupación creciente en el marco de protestas sociales masivas contra el ajuste.