Se trata de un programa de la CIA de transporte de personas sospechosas de terrorismo hacia cárceles secretas ubicadas fuera de EE. UU.
De hecho, la administración de Barack Obama ha reconocido la existencia de este sistema, afirmando que la justicia debería rechazar el caso porque revela datos que “amenazan a la seguridad de Estados Unidos”.
Bennis opina que esto es muy peligroso ya que las compañías privadas desempeñan un papel importante en las guerras de Irak y Afganistán, al igual que en los asuntos internos de EE. UU., y podrían beneficiarse de decisiones de este tipo.
“Esto es un problema muy grande, porque significa que tenemos decisiones ilegales y que las compañías privadas salen ganando gracias a esto. Esta situación dificulta las posibilidades de conocer la verdad y es un ataque contra el sistema judicial de EE. UU.”, asegura la politóloga.