España: Se avecina una avalancha de medidas antipopulares

Asumiendo sin titubeos este discurso gubernamental, la mayoría de los medios afines al Partido Socialista, tanto en Canarias como en el resto del Estado, orientan hacia los electores sus dardos críticos por su supuesta «responsabilidad» en el ascenso de la ultraderecha española representada por el PP. En la interpretación efectuada por tales medios sobre el ‘voto de castigo’ al Partido Socialista, el cuestionamiento superficial de «algunos aspectos» de la política económica del Ejecutivo es convenientemente matizada por el mensaje de que “no existen alternativas” a la misma. El miércoles 25 de mayo el diario Público reforzaba dicho mensaje con la opinión del “experto ” estadounidense y ex asesor del presidente del Gobierno George Lakoff. Lakoff –presentado por el periódico del multimillonario amigo de Zapatero Jaume Roures como un “gurú del progresismo en EE.UU. y España”- sostiene que el único problema de los “socialistas” ha sido «no saber explicar a los votantes por qué se han visto obligados a hacer los recortes sociales». Para el «gurú», por tanto, el partido del Gobierno sólo necesita «un candidato que comunique mejor a los ciudadanos que está atrapado por una política de derechas” y que las consecuencias hubiesen sido nefastas si “Zapatero no hubiera tenido en cuenta a los banqueros europeos». El PSOE –concluye George Lakoff en la entrevista concedida a Público- debe trasmitir a los ciudadanos que «está haciendo lo que está haciendo porque es la alternativa menos mala” y que “todo sería peor si el PP llega a gobernar”.

La insistencia de estos analistas y medios de comunicación en el discurso que orientó, con evidente fracaso, la reciente campaña electoral del Partido Socialista no es casual. Manifiesta, por el contrario, un intento de “preparar” a los potenciales electores de este partido para que los nuevos “ajustes” que tiene previsto aplicar el Ejecutivo Zapatero de aquí al final de la legislatura tengan el menor efecto posible en las elecciones generales de 2012. Según reconoció el propio presidente del Gobierno, la posibilidad de modificar su política económica ni siquiera se ha planteado, ya que esto equivaldría a «hacernos una enmienda de totalidad». La declaración de Zapatero viene a confirmar las que había efectuado antes de las elecciones autonómicas y locales del 22M. Y es que, pese a la evidente diligencia con la que el Gobierno socialdemócrata ha aplicado las recetas neoliberales dictadas desde el FMI y el Banco Central Europeo en nombre de los grupos hegemónicos del Capital internacional, estas instituciones estiman que el «trabajo» realizado todavía está por concluir. De manera recurrente Jean-Claude Trichet, gobernador del BCE, ha reclamado a España que acelere la reforma laboral y de las pensiones y garantice un draconiano recorte del Déficit Público.

En marzo de este mismo año, Rodríguez Zapatero –después de reunirse con los máximos accionistas de 37 de las mayores empresas del Estado- confirmaba su intención de continuar por esta senda, defendiendo la “necesidad” de establecer «los mecanismos precisos para dotar de mayor flexibilidad el mercado laboral y la negociación colectiva».

Actualmente, el Gobierno central, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la Patronal CEOE ultiman una modificación de los convenios colectivos que, entre otras cosas, introducirá en los mismos la llamada «flexibilidad interna». Concepto que alude a la posibilidad que se ofrecerá de ahora en adelante a las empresas para descolgarse de los convenios sectoriales o provinciales e imponer nuevas y peores condiciones a sus trabajadores. Pero no es éste el único ataque a las clases populares que pactan en este momento, entre bambalinas, el Ejecutivo, la representación del gran empresariado español y las organizaciones sindicales cooptadas por el Sistema. Las miras están puestas ahora en el corazón de los salarios. En un acto celebrado en el círculo de empresarios este mes de mayo el presidente de la CEOE, Juan Rosell, manifestaba sin ambages que la actualización de éstos no se debe continuar ligando al Índice de Precios al Consumo (IPC). En su lugar, la Patronal reclama que cualquier posible incremento del nivel salarial esté supeditado a un aumento de la productividad. Medida que provocaría una continuada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, en favor de los beneficios empresariales. La exigencia de que el “nuevo ajuste” en el mercado laboral se efectúe mediante una disminución de los salarios –tanto nominales como reales- es compartida por la totalidad de los economistas liberales y por algunos keynesianos con inmerecido prestigio de “progresistas” como el Premio Nobel Paul Krugman. Por su parte, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez han manifestado su intención de llegar a un acuerdo sobre este punto con los representantes de la CEOE. Las declaraciones realizadas al respecto por Cándido Méndez, mostrando su disposición a “ discutir el modelo salarial, con todas las consecuencias», permiten presagiar el más negativo de los desenlaces.

Quedan aún por especificar, en cualquier caso, cuáles serán los recortes específicos del Gasto Social con los que el Ejecutivo intentará satisfacer la demanda del Banco Central Europeo sobre la reducción del Déficit. Sin embargo, algunos de los voceros oficiosos del PSOE –como la delegada en Madrid de El periódico de Cataluña y procaz defensora de todo lo que huela a gubernamental en el programa 59 segundos , Margarita Sáez-Díez– ya adelantan cuál será el alcance de los mismos. En el espacio de debate político de TVE «La Noche en 24 horas”, Sáez Díez afirmaba que “Zapatero deberá tomar medidas duras que provocarán el descontento social, por lo que al PP en realidad no le interesa un adelanto de las elecciones».

Una vez más, pues, será la socialdemocracia española la encargada de efectuar el «trabajo sucio” requerido por las instituciones financieras del capitalismo internacional. A partir de 1982 fue el PSOE liderado por Felipe González quien impuso una brutal reconversión industrial y privatizó las empresas públicas más rentables para insertar al Estado español en el proyecto europeo de la gran burguesía del continente. Hoy, Zapatero se aplica a fondo para llevar adelante las contrarreformas que éstos exigen, arramblando con las derechos conquistados por los trabajadores a las clases dominantes a lo largo de décadas. Paradójicamente, aún hay quienes pretenden asustar a los votantes con el futuro desembarco de la derecha en el escenario institucional del estado español, cuando la realidad histórica es que ésta no ha dejado de ocuparlo, en régimen de monopolio, desde el 1º de abril de 1939.

Fuente: http://www.canarias-semanal.com/medidasseavecinan.html