- El Departamento de Estado tenía conocimiento previo del golpe.
- El Departamento de Estado y el Congreso de EEUU financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones hondureñas que participaron en el golpe.
- El Pentágono entrenó, capacitó, financió y armó al ejército hondureño que perpetró el golpe y sigue reprimiendo al pueblo de Honduras.
- La presencia militar estadounidense en Honduras, que ocupa la base militar de Soto Cano (Palmerola), autorizó el golpe de Estado con su complicidad tácita y la negativa a retirar su apoyo a los militares hondureños.
- El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, coordinó la expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya, junto con el subsecretario de Estado Thomas Shannon y John Negroponte, quien trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
- Desde el primer día del golpe, el gobierno de Washington ha hablado de las “dos partes” involucradas y la necesidad de un “diálogo” para restituir el orden constitucional, legitimando de esta forma a los golpistas.
- El Departamento de Estado se ha negado a calificar legalmente los sucesos de Honduras como un “golpe de Estado”, no ha suspendido ni congelado su apoyo financiero y el comercio con el país, ni ha tomado medidas para presionar eficazmente al gobierno de facto.
- Washington manipuló a la Organización de Estados Americanos para alargar el tiempo de debate sobre lo que había que hacer y así no apoyar el regreso inmediato del presidente Zelaya al poder, como parte de una estrategia que sigue en pie y simplemente busca legitimar al gobierno de facto y desgastar al pueblo hondureño que todavía se resiste al golpe.
- La Secretaria de Estado Clinton y sus voceros dejaron de hablar del regreso del presidente Zelaya al poder luego de la designación de Oscar Arias, presidente de Costa Rica, como “mediador”, y ahora califican al dictador que asumió el poder ilegalmente durante el golpe, Roberto Micheletti, como “presidente interino”.
- La estrategia de “negociar” con los golpistas fue impuesta por el gobierno de Obama como una manera de desacreditar al presidente Zelaya –culpándolo por los hechos que provocaron el golpe– y legitimando a los golpistas.
- Congresistas estadounidenses –demócratas y republicanos– organizaron una visita de unos representantes de los golpistas de Honduras a Washington, a los que recibieron con honores en diferentes instituciones de la capital estadounidense.
- A pesar de que fue el senador republicano John McCain quien coordinó la visita de los golpistas a Washington a través de un bufete de lobby, The Cormac Group, actualmente es el abogado de Bill Clinton y amigo cercano de Hillary, Lanny Davis, a quien se ha contratado como “lobbista” para lograr la aceptación pública de Washington del gobierno de facto en Honduras.
- Otto Reich y el venezolano Robert Carmona-Borjas, quien fue abogado del dictador Pedro Carmona durante el golpe de Estado de Venezuela en Abril de 2002, ayudaron desde Washington a preparar el escenario para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.
- El equipo de diseño del golpe de Estado en Honduras designado por Washington también incluía a un grupo de embajadores de Estados Unidos recientemente nombrados en Centroamérica, expertos en la desestabilización de la revolución cubana, y a Adolfo Franco, ex encargado del programa de Cuba de la USAID.
Nadie duda de la implicación de Washington en el golpe de Estado de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya que comenzó el pasado 28 de junio. Muchos analistas, dirigentes, e incluso presidentes, lo han denunciado. Sin embargo, la mayoría coinciden en disculpar a la administración de Barack Obama de algún papel en el golpe hondureño, haciendo responsables en su lugar a los rasgos del gobierno de George W. Bush y a los halcones que todavía andan por los pasillos de la Casa Blanca. La evidencia demuestra que sí, que es cierto que los halcones y los protagonistas de siempre de los golpes y sabotajes en América Latina también han participado esta vez, y además existen amplias pruebas que señalan el papel del gobierno de Obama.
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El Departamento de Estado
La nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras. Los voceros del Departamento de Estado, admitieron en una rueda de prensa el 1 de julio, que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los sectores que lo planificaban para buscar “otra solución”.[i] También admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Dicen que su propósito era “frenar” el golpe, sin embargo su presión verbal no concuerda con su respaldo a los sectores golpistas.
Después del golpe, la Secretaria de Estado Hillary Clinton publicó una declaración, el domingo 28 de junio, que no reconocía los sucesos como un “golpe” y tampoco exigía la restitución del presidente Zelaya en el poder. Adicionalmente, siempre hacía referencia a “las dos partes” del conflicto, legitimando a los golpistas y haciendo responsable públicamente al presidente Zelaya desde el primer día: “La acción contra el presidente hondureño Mel Zelaya viola los principios de la Carta Democrática de la OEA y debe ser condenado. Llamamos a todas las partes en Honduras a que respeten el orden constitucional y el Estado de derecho, que reafirmen su vocación democrática y se comprometan a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo. Honduras debe abrazar a los mismos principios de la democracia que ratificamos hace un mes en la reunión de la OEA celebrada en ese país.”[ii]
Y desde entonces, a pesar de diversas referencias al “golpe” de Honduras, el Departamento de Estado se negaba a calificarlo de golpe de Estado, lo que le obligaría a suspender toda clase de apoyo económico, diplomático y militar al país. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado lo explicaron de esta manera: “En referencia al propio golpe, lo mejor sería decir que fue un esfuerzo coordinado entre los militares y algunos actores civiles. Obviamente, los militares fueron quienes condujeron la remoción forzada del presidente y han actuado para asegurar el orden público durante este proceso. Pero para que el golpe sea más que una insurrección o una rebelión, hay que ver una transferencia del poder a los militares. Y en ese sentido el Congreso –la decisión del Congreso de juramentar a su presidente Micheletti, como presidente de Honduras, indica que el Congreso y miembros claves de éste han desempeñado un papel importante en esta situación.”[iii]
Esta posición ambigua, que condena los sucesos de Honduras como una ruptura del orden constitucional pero no llega a calificarlo como golpe de Estado ni exige la restitución del presidente Zelaya, se ratificó luego de la reunión que sostuvo la Secretaria de Estado Hillary Clinton con el presidente Zelaya el 7 de julio: “Acabo de celebrar una reunión productiva con el presidente Zelaya. Discutimos los sucesos de los últimos nueve días y el camino a seguir. Le reiteré que Estados unidos apoya la restitución del orden constitucional en Honduras. Seguimos apoyando los esfuerzos regionales a través de la OEA para lograr una resolución pacífica según las normas de la Carta Democrática. Llamamos a todas las partes a no cometer actos de violencia y a buscar una solución pacífica, constitucional y estable a las serias divisiones en Honduras, por medio del diálogo. Para ese fin, hemos trabajado con nuestros socios en el hemisferio para establecer una negociación, un diálogo que podría desembocar en una resolución pacífica de esta situación.”[iv]
Ya estaba claro, después de esa reunión, que Washington no iba a seguir abogando por el regreso del presidente Zelaya al poder, sino que buscaba “una negociación” con los golpistas que, al final, favoreciera los intereses estadounidenses. Fuentes cercanas a la Organización de Estados Americanos (OEA) afirman que una alta delegación estadounidense presente en la reunión del 4 de julio en la sede del organismo multilateral intensificó la presión hacia otros Estados para que aceptaran una salida “negociada” que no implicase necesariamente la restitución de Zelaya como presidente de Honduras.
Esta manera de desviar el tema, manipular el asunto y aparecer asumiendo una posición cuando en realidad las actuaciones demuestran lo contrario, forma parte de la nueva doctrina de Obama denominada “smart power” (poder inteligente), que pretende lograr los objetivos imperiales sin satanizar al gobierno de Washington. “Smart Power” es “la capacidad de combinar el ‘poder duro’ con el ‘poder suave’ para lograr una estrategia victoriosa. El ‘Smart Power’ utiliza estratégicamente la diplomacia, la persuasión, la construcción de capacidades, la proyección del poder militar, económico y político y la influencia imperial, de manera efectiva, con una legitimidad política y social.” Esencialmente, es una mezcla de la fuerza militar con todas las formas de la diplomacia, con énfasis en el uso de la “promoción de la democracia” como táctica para influir en el destino de los pueblos, en vez de perpetrar una invasión militar.
El embajador
El periodista Jean-Guy Allard ha revelado los orígenes del actual embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens[v]. Según Allard, Hugo Llorens, un cubano de nacimiento que llegó a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, es “especialista en terrorismo… La Casa Blanca de George W. Bush captó al astuto Llorens en 2002, nada menos que como Director de asuntos andinos del Consejo Nacional de Seguridad de Washington D.C., lo que lo convirtió en el principal asesor del presidente sobre Venezuela. El golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez se produjo mientras Llorens se encontraba bajo la autoridad del subsecretario de Estado para Asuntos hemisféricos, Otto Reich, y del muy controvertido Elliot Abrams. En julio de 2008, Llorens fue nombrado embajador en Honduras.”
El pasado 4 de junio, el embajador Llorens declaró a la prensa hondureña que “…Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla.”[vi] Esas declaraciones se emitieron en referencia a la encuesta popular sobre la convocatoria de una posible asamblea constituyente, que debería haber tenido lugar el 28 de junio si no hubiera ocurrido el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Los comentarios de Llorens no sólo ponen en evidencia su posición contra la encuesta, sino, además, su total injerencia en los asuntos internos de Honduras.
Pero Llorens no estaba solo en la región. Luego de su nombramiento como embajador en Honduras –cargo que obviamente se le asignó debido a la necesidad de neutralizar la creciente presencia de gobiernos izquierdistas en la región y la potencia regional del ALBA–, se nombraron varios embajadores más de Washington en los países vecinos, todos expertos en la desestabilización de la revolución cubana y operaciones psicológicas.
Primero llegó el diplomático Robert Blau a la embajada de Estados Unidos de El Salvador, el 2 de julio de 2008, como el segundo de la diplomacia estadounidense. En enero de este año, Blau asumió la embajada como encargado de negocios. Antes de su envío a El Salvador, Blau fue subdirector de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, luego de haber estado dos años en la Sección de Intereses de Washington en La Habana como asesor político. Fue tan eficiente en su trabajo en Cuba con la disidencia, que el Departamento de Estado le concedió el Premio James Clement Dunn a la Excelencia, debido a su labor con la oposición contrarrevolucionaria en Cuba. Llorens y Blau eran viejos amigos, luego de trabajar juntos en el equipo de Otto Reich en el Departamento de Estado.
Después fue nombrado Stephen McFarland como embajador de Estados Unidos en Guatemala, el 5 de agosto de 2008. McFarland, graduado de la Universidad de Guerra de Estados Unidos y ex miembro del equipo de combate número dos de los marines en Iraq, era el segundo en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela bajo William Brownfield, quien incrementó de manera alarmante el apoyo financiero y político a la oposición contra Chávez. Luego, McFarland estuvo en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, apoyando la construcción de la base militar del Pentágono en ese país. McFarland también fue director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado y su perfil lo destaca como un experto “en transiciones democráticas, derechos humanos y seguridad.”
El embajador Robert Callahan llegó a Managua, Nicaragua, también a principios de agosto. Ha trabajado en las embajadas en La Paz, Bolivia, y San José, Costa Rica, y ha sido profesor en la Universidad Nacional de Guerra de Estados Unidos. En 2004 fue enviado a Iraq como agregado de prensa de la embajada en Bagdad. A su regreso, estableció la oficina de prensa y propaganda de la recién creada Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Washington, que en la actualidad es el órgano más poderoso de la inteligencia estadounidense.
Juntos, estos embajadores –expertos en golpes de Estado, desestabilización y propaganda– han preparado el terreno para el golpe contra el presidente Zelaya en Honduras.
Financiamiento a los golpistas
Justo en el mes anterior del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “la unión cívica democrática”. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiría al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político.
La “unión cívica democrática” de Honduras esta compuesta por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.
La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiarias de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NED en el “desarrollo democrático” en Honduras. De hecho, un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad de COHEP como una organización hondureña y no un brazo de la USAID.”
Los voceros de la unión cívica democrática de Honduras en representación, según ellos, de la “sociedad civil”, declararon a la prensa hondureña el 23 de junio –cinco días antes del golpe contra el presidente Zelaya– que “confían en que las fuerzas armadas cumplirán con su deber de defender la Constitución, el Estado de Derecho, la paz y la democracia.” Cuando sucedió el golpe, el día 28 de junio, fueron los primeros que salieron a decir que no hubo un golpe de Estado, sino que habían “rescatado su democracia” de las manos del presidente Zelaya, cuyo crimen fue querer dar al pueblo voz, visibilidad y participación. También en representación de los sectores de clase media y alta, la unión cívica democrática ha calificado a los sectores que apoyan al presidente Zelaya de “turbas”
El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se ha dedicado a apoyar los “centros de pensamiento” y “grupos de presión” en Honduras, para influir en los partidos políticos y “apoyará iniciativas para implementar posiciones políticas durante las campañas de 2009.” Ésta es una clara intervención en la política interna de Honduras y evidencia del financiamiento de la NED a los sectores golpistas del país.
El lobby de Washington
El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington durante la semana pasada. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas” y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras. McCain ofreció los servicios de su empresa de lobby, The Cormac Group, que organizó una rueda de prensa de los golpistas en el National Press Club el 7 de junio.
Pero más allá de la conexión republicana con los golpistas hondureños, hay un vínculo más comprometedor con la actual administración demócrata de Barack Obama. El abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas y convencer a los poderes de Washington de que deben aceptar y reconocer al gobierno de facto de Honduras. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca, y es un conocido amigo y asesor de la actual Secretaria de Estado Hillary Clinton. Davis está organizando una ofensiva diplomática y mediática a favor de los golpistas, incluida la compra de publicidad en periódicos estadounidenses, y organizando reuniones entre los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL esta compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región. Por ejemplo, el actual representante de Venezuela en el CEAL es Marcel Granier, presidente de RCTV, la cadena de televisión que promovió e intentó legitimar el golpe de Estado contra el presidente Chávez.
Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia especial ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de congresistas demócratas y republicanos, y los testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter del Diálogo Interamericano de Washington, Guillermo Pérez-Cadalso, ex Canciller y Magistrado de la Corte Suprema de Honduras, y el famoso Otto Reich, cubano-americano conocido por su papel en la mayoría de las actividades de desestabilización contra gobiernos izquierdistas en América Latina desde los años ochenta. Como resultado de este encuentro, el Congreso de Estados Unidos está promoviendo una resolución que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.
Otro resultado del lobby de Lanny Davis fue la reunión convocada en el Consejo de las Américas el 9 de junio, en donde participó Jim Swigert, director de los programas de América Latina y el Caribe para el Instituto Demócrata Nacional (NDI), que recibe su financiamiento de la NED, Cris Arcos, antiguo embajador de EEUU en Honduras y Adolfo Franco, ex administrador de la USAID para América Latina y el Caribe y encargado del programa de “transición” en Cuba. Estos tres personajes han trabajado como asesores del gobierno de Obama frente a la crisis en Honduras. Franco, quien también fue asesor de política exterior para el senador John McCain durante su campaña presidencial en 2008, ha sido acusado de corrupción por su mal manejo de los fondos de la USAID para el programa de “promoción de la democracia” en Cuba, gran parte de los cuales se dieron a grupos de Miami, como el Comité para una Cuba Libre y el Instituto para Estudios Cubanos en Miami, sin pasar por ningún proceso transparente de revisión.
Negroponte y Reich, de nuevo
Muchos han especulado sobre el papel del antiguo embajador de Estados Unidos en Honduras, John Negroponte, quien dirigió la fuerza paramilitar denominada “la contra” y los escuadrones de muerte contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica durante los años ochenta. Negroponte tuvo varios cargos durante la administración de George W. Bush: embajador de EEUU en Iraq, embajador ante las Naciones Unidas, director nacional de Inteligencia y, por último, subsecretario de Estado bajo Condoleezza Rice. A su salida del Departamento de Estado, Negroponte pasó al sector privado. Le ofrecieron un trabajo como vicepresidente de la firma consultora más influyente de Washington, McLarty Associates. Negroponte aceptó. McLarty Associates fue fundada por Thomas “Mack” McLarty, ex jefe de gabinete del presidente Bill Clinton y enviado especial a América Latina durante su presidencia. Actualmente, McLarty maneja la consultora más poderosa de Washington. Hasta el año 2008, McLarty Associates se llamaba Kissinger-McLarty Associates debido a la unión entre Thomas McLarty y Henry Kissinger, que evidencia la unión política entre los sectores demócratas y republicanos en Washington.
En su nuevo cargo, John Negroponte trabaja como asesor sobre política exterior del Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Recordemos que el embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, trabajaba bajo el comando de Negroponte durante la mayoría de su gestión.
Otto Reich lleva unos años trabajando en una campaña contra el presidente Zelaya. Fue demandado por Zelaya en abril 2009 por haberlo acusado públicamente de robar 100 millones de dólares de la empresa estatal de telecomunicaciones, Hondutel. Resulta que Reich hacía lobby para una empresa privada de telecomunicaciones que quería privatizar Hondutel. Ahora, con Zelaya destituido y un empresario en el poder, lo más probable es que Reich consiga su negocio multimillonario.
Reich fundó una organización en Washington, llamada Arcadia Foundation[vii] junto a un venezolano, Robert Carmona-Borjas, abogado especialista en temas militares, vinculado al golpe de abril de 2002 en Venezuela, según su propio perfil. Robert Carmona-Borjas supuestamente estuvo en Miraflores con Pedro Carmona durante el golpe de abril de 2002 y escapó, junto a Carmona, del palacio cuando fue tomado por la guardia de honor presidencial. Desde entonces vive en Washington, DC. Desde el año pasado, Reich y Carmona-Borjas han llevado una campaña contra Zelaya por asuntos de corrupción, con una serie de micros que hablan de corrupción, libertad de expresión y cambio en Honduras.[viii]
Carmona-Borjas ha viajado con frecuencia a Honduras durante los últimos meses, incluso hablando de golpe de Estado “técnico” junto con otros actores, como el defensor del pueblo hondureño, Ramón Custodia, quien declaró a comienzos de junio que “Los golpes son una posibilidad que puede ocurrir en cualquier escenario político”. Luego del golpe, el 3 de julio, Robert Carmona-Borjas apareció en Honduras en la concentración de los golpistas en Tegucigalpa, y fue reconocido como un actor importante que hizo posible la salida de Zelaya y la llegada al poder de Micheletti.[ix]
El poder militar
Estados Unidos mantiene una presencia militar muy grande en la base de Soto Cano (Palmerola), ubicada a 97 kilómetros de la capital, que ha estado operativa constantemente desde el año 1981, cuando fue activada por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Ronald Reagan.
En los años ochenta, Soto Cano se utilizó por el coronel estadounidense Oliver North, como una base de operaciones para la “Contra”, las fuerzas paramilitares entrenadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargadas de ejecutar la guerra contra los movimientos izquierdistas en Centroamérica, y particularmente contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Desde Soto Cano, la “Contra” lanzaba sus ataques terroristas, escuadrones de muerte y misiones especiales que dieron como resultado miles de asesinatos, desaparecidos, torturados, lisiados y aterrorizados en Centroamérica.
John Negroponte, entonces embajador de EEUU en Honduras, junto a Oliver North y Otto Reich, dirigían estas operaciones sucias.
La base de Soto Cano es la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” (JTF-B) de Estados Unidos, compuesta por efectivos del ejército, las fuerzas aéreas, fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento Número 228 de la aviación estadounidense. Son 600 personas en total y 18 aviones de combate, incluidos helicópteros UH-60 BlackHawk y CH-47 Chinook. Soto Cano también es la sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Más de 650 ciudadanos hondureños y estadounidenses viven en las instalaciones de la base.
La Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, en un acuerdo “semipermanente”. El acuerdo se realizó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras. La base primero fue utilizada por la CIA para lanzar el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala.
Cada año, Washington autoriza cientos de millones de dólares en ayuda militar y económica a Honduras, que es el tercer país más pobre del hemisferio. Este acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede retirarse sin aviso.
El 31 de mayo de 2008, el presidente Manuel Zelaya anunció que Soto Cano (Palmerola) se utilizará para vuelos comerciales internacionales. La construcción del terminal civil se financió con un fondo del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
Los dos generales con mayor participación en el golpe contra Zelaya son graduados de la Escuela de las Américas y mantienen lazos estrechos con los militares estadounidenses en Honduras. El comandante de la Aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1996. El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vásquez, destituido por el presidente Zelaya el 24 de junio por desobedecer sus órdenes, y luego actor principal en el golpe militar sólo días después, también es graduado de la Escuela de las Américas. Los dos altos oficiales hondureños mantienen relaciones muy estrechas con el Pentágono y las fuerzas militares estadounidenses en Soto Cano.
El embajador de Estados Unidos en Honduras que cambió en septiembre 2008, Charles Ford, fue transferido al Comando Sur en Miami para encargarse de la asesoría para el Pentágono sobre América Latina.
Los militares hondureños están financiados, entrenados, adoctrinados y comandados por el ejército estadounidense sobre la base de la doctrina anti izquierdista y anti socialista. Por eso era tan fácil actuar contra el presidente Zelaya, su comandante en jefe, porque lo veían como parte de la “amenaza izquierdista”, contra la que llevan combatiendo desde hace decenios.[x]
De todas estas evidencias –y habrá más en el futuro– se comprueba el inconfundible papel de Washington en el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya.