El texto aprobado en el Senado uruguayo declara que «los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno».
En el Senado, la nueva norma contó con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio (FA), salvo el senador Jorge Saravia, que mantuvo su negativa, incluso a aceptar la orden de votar a favor por disciplina partidaria. La oposición votó en contra.
El debate parlamentario duró aproximadamente 12 horas y tuvo, como una consecuencia inesperada, la renuncia a su banca, anticipada por el ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, quien votó por disciplina partidaria, pero estando en contra de la salida que encontró el Frente Amplio al complejo problema.
El senador y abogado oficialista Oscar López Goldaracena dijo que la opción era «entre la arbitrariedad y los derechos», y que el único objetivo es «la justicia común como bien innegociable».
Su compañero de bancada Rafael Michelini, hijo del legislador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, sostuvo que «es un día histórico» porque «hay que eliminar esa ley definitivamente del ordenamiento jurídico uruguayo».
El ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del opositor Partido Nacional (PN), dijo que la norma interpretativa votada «viola la Constitución» y además «hará que los militares y policías presos recuperen su libertad».
El debate estuvo centrado sobre si la nueva ley avasalla la voluntad de los ciudadanos que decidieron en dos plebiscitos (1989 y 2009) mantener la ley, aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, en 1986.
El presidente José Mujica expresó sobre el proyecto tratado en las últimas horas en el Senado que «la decisión corresponde al Parlamento» ya que él es el presidente de todos los uruguayos y por lo tanto no debe intervenir.