Afirmó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ser víctima de una persecución del Estado que lleva casi 20 años y que concluyó con la decisión de la Procuraduría de destituirla de su cargo por presuntos vínculos con grupos irregulares.
Córdoba hizo la denuncia durante una reunión privada con la CIDH citada para revisar el estado de las medidas cautelares que la Comisión ordenó a su favor hace varios años.
“Lo que se hizo fue tipificar todo lo que ha venido dándose, la campaña de desprestigio, las declaraciones del presidente Uribe en mi contra, que se mostraron en la audiencia. La muerte moral y sicológica a la que he sido sometida durante todo este tiempo”, dijo Córdoba a la salida de la audiencia en la CIDH.
Según Córdoba, esa “muerte” concluyó con la decisión de un funcionario – el procurador Alejando Ordóñez-, “que se prestó para hacer parte de esa tarea pese a que no tiene ninguna competencia pues ni siquiera he sido penalizada en el juicio de la Corte Suprema”.
En la cita, el gobierno se comprometió a seguir cumpliendo con las medidas de protección que pidió la Comisión en su favor.
Córdoba negó, de paso, haber demandado a la Procuraduría, como esta entidad informó recientemente.
De acuerdo con ella, lo único que hizo fue pedir la restitución a su cargo, en cuyo caso tendrían que pagarle los honorarios que ha dejado de recibir desde que fue destituida, hace 7 meses.
Anunció, a su vez, que la audiencia de conciliación con la Procuraduría sería el 7 de abril pero descartó salir airosa de esa cita.
La ex senadora aprovechará su viaje a Washington para establecer un capítulo en EE. UU. de ‘Colombianos y Colombianos por la Paz’.
Para el efecto participará este lunes en un foro organizado por la ONG WOLA, en la que anunció la posibilidad de presentar un mensaje “gráfico o escrito” enviado por las Farc.
“Lo que queremos es generar un ambiente propicio hacia el diálogo, la solución negociada del conflicto y la liberación de los secuestrados”, dijo.