Al menos 45 ex jueces, fiscales, defensores oficiales o funcionarios del Poder Judicial están imputados en expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata de quienes tenían el deber de dilucidar esos hechos, pero omitieron esa obligación y hasta colaboraron con los represores en los centros clandestinos.
Sin embargo, casi no hay avances en esas investigaciones. Hay una sola detención y condena, a 21 años de prisión, al ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa por ocho casos de apremios ilegales, y un puñado de procesamientos.
“Cuando estas causas se inician, el fenómeno más obvio para procesar es lo central de la represión, que es el accionar de las fuerzas militares y de seguridad, y después las cuestiones que a priori se consideran más periféricas. La actuación del Poder Judicial queda en un lugar que hasta el momento no está en el centro del fenómeno”, le explicó a Tiempo Argentino Pablo Parenti, coordinador de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación.
Sin embargo, el avance de los expedientes y las declaraciones de testigos en los juicios redefinieron la actuación del Poder Judicial. “Ahora también está en juego qué rol tuvo la justicia en el terrorismo de Estado. Se está pasando de un relato donde tenía un papel de impotencia frente a la represión a otro en el que el Poder Judicial tuvo su aporte tanto por acción u omisión, y no sólo por rechazar habeas corpus, ya que hay denuncias muy concretas sobre la actuación de los jueces”, agregó Parenti.
Según un relevamiento de Tiempo Argentino en fuentes tribunalicias –no hay datos oficiales y periódicamente aparecen nuevos casos–, hay 45 ex jueces y funcionarios judiciales que están imputados en estas causas.
Mendoza es la provincia que más imputados concentra: hay cuatro ex jueces, tres ex fiscales y un camarista en actividad, Roque Otilio Romano. Entre ellos se encuentra Luis Miret, que el viernes pasado fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por no haber investigado o denunciado cinco casos de secuestro y torturas a personas que estaban detenidas en una causa a su cargo en la D2 de la policía de esa provincia.
En Santa Fe se registró la única condena contra funcionarios del Poder Judicial. Fue contra el ex juez Víctor Brusa por su participación en interrogatorios bajo torturas a secuestrados en centros clandestinos entre 1976 y 1977 cuando era empleado judicial. Los testigos denunciaron que Brusa les aplicaba tomas de karate y los quemaba con cigarrillos. Brusa está preso y dejó de ser juez en marzo de 2000 cuando fue destituido por atropellar con su lancha en la laguna Setubal a un hombre, a quien luego dejó abandonado.
En esa provincia, el año pasado fueron procesados Víctor Montti, ex juez federal, y Luis María Vera Candioti, ex magistrado de menores. Montti fue procesado por apremios ilegales al ex diputado del peronismo Orlando Barquín y por no investigar otros delitos de lesa humanidad. Vera Candioti es el primer integrante del Poder Judicial en ser procesado por la apropiación de un menor. El ex juez fue acusado por haber dado a un ex coronel la adopción ilegal de Paula Cortassa, quien tenía 18 meses en febrero de 1977 cuando fueron secuestrados sus padres, y que luego recuperó su identidad
En Córdoba se tramita una causa contra dos ex jueces federales y cuatro defensores (uno en actividad, Luis Molina) por no haber investigado los delitos contra detenidos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia. Por esos hechos, en diciembre pasado Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamin Menendez fueron condenados a prisión perpetua.
Entre los funcionarios acusados, se encuentra el ex juez Carlos Otero Álvarez, quien el año pasado renunció cuando el Consejo de la Magistratura investigaba su desempeño como magistrado y se preveía que iba a ir a juicio político.
Las causas también exceden a los años de plomo. En febrero, fue detenido en Colombia el ex fiscal federal de Mar del Plata Gustavo Demarchi, acusado de cinco homicidios cometidos en 1975 como miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación vinculada a la Triple A que actuó en esa ciudad antes del golpe militar.
También hay causas abiertas en La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Bahía Blanca, La Plata y Capital Federal.
Parenti explica otra cincunstancia que atenta contra el avance de estas causas. “Tienen una complejidad adicional, porque el Poder Judicial tiene que juzgar al Poder Judicial y hay muchos lazos aunque no sean las mismas personas”, señaló.