Rebelión
Defensores de los derechos humanos denuncian que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en la región podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército.
Varios defensores de los derechos humanos, los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda Castro, acompañaron al grupo de técnicos de la Fiscalía General de la Nación, que el jueves 16 de diciembre realizó una inspección judicial con el fin de exhumar 66 cuerpos que se encontraron en una tumba colectiva en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Esta tumba coincide con las denuncias del PDA en dos sesiones del Congreso de la República, hace algunos meses; denuncias basadas en las reiteradas y valientes denuncias de familiares de desaparecidos y pobladores de la zona.
Aunque el gobierno aduce que los cuerpos encontrados pertenecerían a personas «muertas en combates» (lo mismo adujo en el caso de la Fosa de la Macarena, y se reveló falso), los dirigentes del Polo y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien también se desplazó a la zona, han advertido que hay muchos menores de edad fallecidos, por lo que podría tratarse de bombardeos contra la población civil, y también puede tratarse de casos de desaparecidos y de casos de asesinatos «falsos positivos» a manos del ejército. Los «falsos positivos» son raptos de civiles a manos del ejército, que después asesina a los civiles y los disfraza de «guerrilleros abatidos en combate»; son miles de casos denunciados de asesinatos «falsos positivos» en Colombia.
Acerca de este dantesco nuevo hallazgo, Telesur entrevistó a Ramiro Orejuela, abogado defensor de los derechos humanos:
«Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (…) es importante ahora que a los familiares que han venido denunciando la desaparición de sus familiares se les tome y coteje las muestras de ADN (…) lo más importante es que las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando… situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes; nosotros estamos demostrando que en los últimos cuatro meses se han encontrado 1.500 personas NN, sin identificar (…) solamente en 3 cementerios del Meta se han encontrado más de 1.500 personas, una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo»
Y acerca de lo que aduce la fiscalía acerca del origen de las muertes:
«(…) Pueden existir algunos casos de gente ‘muerta en combate’, pero esa situación ha sido utilizada por el gobierno, por el ejército para asesinar personas inocentes y hacerlas pasar como ‘guerrilleros dados de baja en combate’, lo que aquí se ha denominado «falsos positivos». El gobierno aprovecha esta circunstancia para desacreditar a los defensores de los derechos humanos: los defensores de los derechos humanos somos perseguidos, víctimas de amenazas, de asesinatos, de encarcelamientos… algunos compañeros nuestros hoy en día están presos con falsas acusaciones del ejército de gente que trabaja bajo sueldo del gobierno (…) La tragedia humanitaria de Colombia es enorme: esta situación de desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años, los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército y con apoyo y defensa por parte del ejército a los asesinos paramilitares viene desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano».
Acerca de si las otras fosas comunes halladas en Colombia pueden servir como jurisprudencia para este nuevo hallazgo:
«Colombia es una fosa común (…) Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región… ¿cómo será en todo el país? (…) la comunidad internacional debe conocer esto. Y debemos recibir ayuda para investigar y castigar a los responsables por acción, por omisión y por connivencia (…) estas investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos, inclusive nos atrevemos a pedir responsabilidad al ex presidente Uribe por su connivencia con tanto crimen contra el pueblo colombiano (…) muchos de sus altísimos funcionarios están hoy investigados, algunos huyendo por crímenes que han cometido contra nuestro pueblo (…)
«(…) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales, y por eso es que persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo»