El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, solicitó al órgano parlamentario que inicie un proceso de denuncia de dichos tratados, por considerar que incluyen cláusulas contrarias a la Constitución y que perjudican a los intereses nacionales.
El proceso de denuncia, en el derecho internacional, es una acción unilateral de un Estado para retirar el consentimiento sobre un tratado que podría afectar su soberanía.
Según el Gobierno de Quito, los convenios con dichos países europeos incluyen el sometimiento del Estado a arbitrajes internacionales en caso de controversias relativas a las inversiones extranjeras, «lo que implica un desconocimiento de la jurisdicción» nacional.
El artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, señala que no se podrán «celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial».
«Estos tratados de protección recíproca de inversiones son terribles para nuestros países», dijo Correa en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación.
Además, se preguntó: «¿Por qué un Estado soberano tiene que ir demandado por una trasnacional (…) a Washington a discutir las diferencias» sin que se hayan agotado las instancias del «sistema judicial nacional?».
Correa, asimismo, dijo que en el marco de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) se tiene previsto crear un centro de arbitraje sobre convenios internacionales, al que consideró más apropiado para su país y para la región.