El instrumento legal, que contiene 10 artículos, tiene por objeto proteger el ejercicio de la soberanía política y la autodeterminación nacional de la injerencia extranjera, que mediante ayudas económicas o aportes financieros destinadas a organizaciones con fines políticos, dedicadas a la defensa de los derechos políticos o personas naturales que realicen actividades políticas, puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República, reza el artículo 1.
El diputado Rafic Souki, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), manifestó que con esta ley se evitará que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales sean financiadas por factores externos a los objetos de perpetrar acciones desestabilizadoras en el país.
Sin embargo, el diputado Lucena dijo la bancada comunista salvaba su voto por considerar que no garantizaba, a su juicio, la consolidación del internacionalismo proletario.
«Nosotros consideramos que tal como está planteada la ley afecta el principio del internacionalismo proletario que se expresa en la cooperación internacional de los trabajadores, de los pueblos y de los movimientos revolucionarios del mundo», explicó Lucena.
La bancada parlamentaria opositora -Podemos y Frente Humanista- votó en contra por considerar que «es un acto más de persecución a la disidencia».
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