«Yo entiendo que no se va a ampliar el estado de excepción en Quito», afirmó Ponce en un encuentro con algunos medios de prensa.
«De todas maneras esa es una decisión que se toma en la Presidencia de la República», añadió.
El estado de excepción facultó a las Fuerzas Armadas a ocuparse de la seguridad en Quito desde la sublevación.
El Gobierno lo mantuvo en la capital para que las fuerzas militares se encargaran del control de la Asamblea Nacional, cuya escolta fue relevada por presuntamente participar en el alzamiento, así como de otras instituciones públicas, incluida la sede del Ejecutivo.
Hoy se cumplen los 60 días del decreto emitido por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como período de vigencia de la medida.