Agencias

Un intento golpista en Bolivia. Las tanquetas blindadas que resguardaban la Plaza Murillo de La Paz empezaron a desalojar el lugar, después de que una de estas cruzara a la fuerza las puertas de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano, en donde un grupo de militares, comandados por el ahora destituido comandante general del Ejército Juan José Zúñiga, irrumpió en las instalaciones por unos minutos para encarar al presidente Luis Arce, quien les ordenó retirarse.

«Repliegue todas estas fuerzas, es una orden», le gritó Arce a Zúñiga durante un corto careo, después de que el ahora excomandante de las Fuerzas Armadas bolivianas declarara que las movilizaciones militares que lideraba tenían el objetivo de efectuar «cambios en el gabinete del Gobierno».

Luis Arce, quien había protagonizado una alocución más temprano en donde denunció un «intento de golpe de Estado» y llamó a la movilización popular para «defender la democracia», juramentó en directo a una nueva cúpula militar, nombrando a José Wilson Sánchez Velásquez como el nuevo jefe del Ejército boliviano, quien ordenó el regreso inmediato de los soldados implicados a sus cuarteles.

La asonada terminó tan solo unas horas después de iniciar, sin víctimas mortales ni enfrentamientos armados. La Fiscalía boliviana emitió una orden de aprehensión en contra de Zúñiga, quien fue capturado a las afueras de la sede del Estado Mayor del país, junto con el grupo de soldados que lo acompañaron en la sublevación.

El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima Magne, anunció a través de sus redes sociales que el Gobierno buscará una pena de hasta 20 años de cárcel para Zúñiga, acusándolo de «haber atentado contra la democracia y la Constitución».

La corta historia de un golpe de Estado

Alrededor de las 15:00 (hora local), medios de comunicación locales reportaban la llegada de un convoy militar a las inmediaciones de la plaza Murillo, que procedió a bloquear el acceso civil a la plaza más importante de La Paz.

En medio de la amenaza militar, Luis Arce emitió un breve mensaje televisado desde la sede gubernamental, donde confirmó que las movilizaciones de un sector castrense se trataban de un «intento de golpe de Estado».

«Hoy el país se enfrenta a un intento de golpe de Estado. Hoy el país se enfrenta una vez más a intereses para que la democracia en Bolivia se vea truncada», mencionó Arce durante su alocución, rodeado de miembros de su gabinete y otros actores gubernamentales de alto nivel.

Liderados por el comandante Zúñiga, que amenazó al Gobierno de Luis Arce con «reestructurar la verdadera democracia», los militares comenzaron a dispersarse a los alrededores de la plaza, llegando a utilizar una tanqueta para romper una de las puertas del Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo.

“Una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya están 30 y 40 años en el poder”, expresó Zúñiga ante medios locales, agregando que tenían la intención de liberar inmediatamente a los «presos políticos del gobierno», entre ellos la expresidenta interina Jeanine Añez o el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

Tras el careo entre Arce y Zúñiga, donde el presidente ordenó la retirada de los militares, el mandatario salió al aire de nueva cuenta para anunciar el nombramiento de nuevos altos militares, declarando a José Wilson Sánchez Velásquez como el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas, cargo que le había sido retirado a Zúñiga el martes 25 de junio, después de que lanzara comentarios amenazantes ante la posibilidad de un nuevo Gobierno del expresidente Evo Morales.

«En mi condición de comandante general del Ejército, y en representación de los tres comandantes de fuerza, pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles, debe retornar a sus unidades», expresó el recién nombrado Sánchez Velásquez minutos después de tomar juramento como jefe del Ejército boliviano.

La comunidad internacional condenó al unísono la asonada golpista. Los Gobiernos de México, Brasil, Colombia, Venezuela y Panamá fueron algunos de los vecinos regionales de Bolivia que expresaron públicamente su rechazo ante la movilización militar, así como su respaldo irrestricto al Gobierno de Luis Arce.

Por su parte, el Gobierno estadounidense declaró que se encontraban vigilando la situación «muy de cerca», además de hacer un llamado a «la calma y a la moderación».

Tras momentos de incertidumbre en los que los militares no se movían de sus posiciones en la Plaza Murillo, pero tampoco actuaban contra edificios gubernamentales ni contra civiles, el presidente volvió a comparecer públicamente para llamar a la calma popular tras la insurrección, ahora aparentemente fallida, en contra de su Gobierno, afirmando que aplacaría los «apetitos inconstitucionales» de los «malos militares».

«Aquí estamos, todo el gobierno nacional, con todos sus ministros y ministras firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia», mencionó el mandatario, en medio de gritos de «Lucho estamos contigo» vocalizados por los miembros del gabinete que lo acompañaban durante su mensaje.

Finalmente, medios locales comenzaron a reportar la retirada paulatina de los soldados de la Plaza Murillo, así como la toma del control por parte de elementos de la Policía. Después, la Fiscalía anunció la emisión de una orden de captura en contra del comandante Zúñiga, así como el inicio de un proceso penal para juzgarlo por sus actos rebeldes.

Comandante golpista apunta a Arce como el responsable de las movilizaciones

Juan José Zúñiga fue aprehendido por las autoridades la noche del miércoles a la salida de una reunión en las inmediaciones de la sede del Estado Mayor boliviano. Ante las cámaras de los medios que esperaban su captura, Zúñiga expresó que la operación golpista fue una idea del presidente boliviano para «levantar su popularidad».

El presidente [Luis Arce] me dijo: ‘la situación está muy jodida, muy crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad’. ¿Sacamos los blindados? Le pregunté, y me dijo: ‘saca'», dijo el comandante insurrecto para los periodistas que reportaron su captura.

Zúñiga y su grupo militar fueron arrestados y llevados en vehículos de la Policía boliviana, rumbo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde estarán recluidos esperando sus juicios.

Las palabras de Zúñiga han sido recibidas con sorpresa por un sector del panorama político boliviano. La diputada opositora Luisa Nayar Sosa calificó los sucesos como un «show político», recapitulando los hechos como una «farsa» cuadrada entre el presidente Arce y un «general insano».

«¡Qué vergüenza internacional! ¡Qué locura la de estos dementes! ¡En manos de quiénes estamos, Dios mío! … ¡Pobre Bolivia!», mencionó la diputada a través de su cuenta de X.

Bolivia encuentra en este último intento golpista la consumación de una crisis política marcada por la escasez de combustible, el enfrentamiento político entre Luis Arce y Evo Morales, así como el descontento popular en contra de la política económica defendida por el actual presidente boliviano.

Por su parte, el expresidente de Bolivia Evo Morales denunció a través de su cuenta en X que se gesta un “golpe de Estado” en el país después que se conociera un despliegue “irregular” de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de Gobierno en la ciudad de La Paz.

También convocó a una “movilización nacional para defender la Democracia” y acusó al ahora destituido comandante general del Ejército de Bolivia Juan José Zuñiga de estar a la cabeza de la operación militar.