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Miles de personas salieron este martes a las calles de la capital de Georgia, Tbilisi, para protestar contra la ley sobre agentes extranjeros, que pretende restringir las actividades de organizaciones financiadas con fondos de otros países. La acción de protesta se intensificó después que el Parlamento apoyara esta misma jornada el proyecto de ley en primera lectura.
Para mostrar su descontento con la ley, los manifestantes rodearon el Parlamento georgiano. Las fuerzas del orden utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar la protesta. De su lado, los participantes lanzaron cócteles molotov contra los policías.
La Policía bloqueó la calle que conduce a la entrada del edificio del Parlamento. Reportan que hay heridos entre policías y manifestantes. Tras los enfrentamientos, varios manifestantes fueron detenidos.
Asalto al Parlamento
Además, los manifestantes derribaron las vallas e intentaron irrumpir en el edificio del Parlamento georgiano. Las fuerzas del orden utilizaron nuevamente cañones de agua para tratar de impedir que la gente entrara en el patio interior del edificio.
Posteriormente, la Policía recuperó el control de las inmediaciones del Parlamento, empujando a los manifestantes hacia las calles traseras y fuera de la avenida principal.
Entre tanto, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, que se encuentra en una visita oficial en Nueva York (EE.UU.), apoyó las protestas y declaró que los que se están manifestado contra la ley «representan a una Georgia libre». Zurabishvili afirmó que, desde el primer día de los debates sobre la ley, ella sostuvo que la vetaría si se aprobara en el Parlamento. «Habrá el veto», aseguró.
«Hoy, los que apoyan esta ley y los que han votado a favor de esta ley están violando la Constitución. Nos están sacando a todos de Europa», destacó la presidenta.
¿De qué se trata la ley sobre agentes extranjeros?
En febrero se presentaron dos versiones del proyecto de ley sobre agentes extranjeros: una ‘georgiana’ y otra ‘estadounidense’. Este martes el Parlamento de Georgia aprobó en primera lectura el proyecto ‘georgiano’ de la ley, con 76 votos a favor y 13 en contra.
La versión ‘georgiana’ prevé que las organizaciones sin fines de lucro y los medios de comunicación reciban el estatus de agentes de influencia extranjera si más del 20 % de sus ingresos proviene del extranjero. Tales organizaciones deben someterse a un registro obligatorio, y si se niegan a hacerlo serán multados. Además, el Ministerio de Justicia tendrá derecho a iniciar una investigación en su contra.
Por su parte, la versión ‘estadounidense’ de la iniciativa es básicamente la traducción de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EE.UU. (FARA), aprobada en 1938. Esa normativa establece la condición de agente extranjero no solo para los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, sino también para otras personas jurídicas y físicas. Las infracciones (retrasar el registro o rechazarlo) están sujetas no solo a sanciones administrativas, sino también penales: las personas pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.
La versión ‘estadounidense’ de la ley fue presentada al Parlamento georgiano después que la oposición criticara el primer proyecto, el ‘georgiano’, diciendo que se basaba en la ley rusa sobre agentes extranjeros. El objetivo era mostrar cuánto más dura es la versión ‘estadounidense’.
Reacción de EE.UU. y la UE
El vocero del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, expresó que Washington se encuentra preocupado por la aprobación del proyecto de ley y afirmó, en una rueda de prensa, que los manifestantes pacíficos de Georgia tienen derecho a reunirse libremente y expresar su postura.
«Nuestro mensaje al pueblo de Georgia, al Gobierno de Georgia, a los pueblos y gobiernos de todo el mundo es que EE.UU. está con todos aquellos que ejerzan pacíficamente lo que es un derecho universal. Y es un derecho universal de las personas de todo el mundo reunirse, hacer oír su voz, hablar libremente, pedir a sus gobiernos que respondan por sus actos», señaló Price.
El portavoz también calificó el proyecto de «un tremendo retroceso en las aspiraciones del pueblo de Georgia y en la posibilidad de que EE.UU. siga siendo un socio para el pueblo de Georgia». Además, Price no descartó la posibilidad de que los responsables de reprimir las protestas en Georgia pudieran ser objeto de sanciones estadounidenses.