Bertha Oliva, coordinadora de la Cofadeh, denunció la “persecución política promovida por el Estado hondureño, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, contra los opositores” al golpe que además de las víctimas que produjeron en Honduras desde entonces obligaron al exilio a estos dirigentes regionales.
El 28 de junio del año pasado, militares encapuchados secuestraron al presidente Manuel Zelaya, lo llevaron a la fuerza a Costa Rica y colocaron en el poder al diputado Roberto Micheletti, titular del Congreso, a partir de fraguar una falsa carta de renuncia al cargo del mandatario constitucional.
Zelaya logró regresar de manera sorpresiva al país el 21 de septiembre y se mantuvo refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa durante tres meses, hasta su salida al exilio en República Dominicana.
El ex mandatario vive en el exilio debido a la falta de garantías para un retorno seguro a Honduras y por los juicios seguidos en su contra por las mismas instituciones que apoyaron el golpe de Estado, en primer lugar la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.
Esta semana 30 congresistas demócratas de Estados Unidos denunciaron la deplorable situación de los derechos humanos en este país y pidieron a su gobierno abandonar los intentos de lograr el reingreso de Honduras a la OEA (Organización de Estados Americanos) mientras se mantenga esta situación.
“Hemos recibido informes creíbles de organizaciones de derechos humanos que señalan que los abusos continúan con casi total impunidad”, señalaron los legisladores.
Durante el primer semestre de este año fueron asesinadas en el país cerca de 3.000 personas, con un promedio de 16,27 muertes diarias, lo que marca uno de los niveles de violencia más altos de América latina.
Entre las víctimas figuran 10 periodistas, 30 abogados y varios líderes de organizaciones populares, y la mayoría de los crímenes no han sido investigados.