Agencias
El gobierno argentino finalmente dio a conocer cuál será el impacto de la segmentación tarifaria en los servicios de energía eléctrica, gas natural por red y agua, tanto en los bolsillos de la población, que pagarán la diferencia, como en las cuentas públicas, para las que representará un importante ahorro fiscal.
Los aumentos resultantes de la eliminación de los subsidios serán escalonados, pero responden a diferentes cronogramas según el servicio de que se trate y además del nivel de ingresos del hogar que lo recibe.
Con un ahorro fiscal de $500 mil millones para 2023 (medio punto del PIB, estimó el secretario de Hacienda), este programa de ajuste resulta el más impactante entre los compromisos que el gobierno asumió en el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.
Sin embargo, la secretaria de Energía lo presentó señalando que «es el resultado de una política redistributiva con sentido social», porque viene a corregir «un esquema en el que el 50 por ciento de la población de mayores ingresos recibía el 60 por ciento del monto total de subsidios».
Los comercios pasarán a pagar las mismas tarifas que se apliquen a los hogares de altos ingresos, es decir que perderán el total de los subsidios. En el caso de esos hogares, el incremento final en la factura de gas por la pérdida de subsidios, representará un aumento de 88 por ciento del valor promedio actual.
El «ahorro fiscal» que se conseguirá por la eliminación de subsidios en las tarifas energéticas será de 47.500 millones de pesos (350 millones de dólares aprox.) este año y de $455.000 millones el próximo. «Es mayor al previsto inicialmente, porque se calculaba un 10% de usuarios de altos ingresos que perderían el subsidio, pero tenemos 4 millones de usuarios que no hicieron el pedido de mantener el subsidio, entre los cuales muchos podrían todavía incorporarse» al beneficio, explicó Royón.