El titular indicó que la decisión la tomó el Gobierno «para que la Fuerzas Armadas continúen precautelando instalaciones importantes y brindado servicio a instituciones como la Asamblea Nacional (Legislatura)», tras la rebelión policial de hace dos semanas que fue usada para derrocar al Presidente Rafael Correa.
La medida debió terminar en la media noche del viernes. Aunque fue levantada en el resto del país, las Fuerzas Armadas se mantendrán en las calles de Quito.
Carvajal explicó que la decisión era necesaria para continuar con las investigaciones del intento del golpe de Estado, el cual comenzó por una rebelión policial.
El pasado 30 de septiembre, un grupo de uniformados alzados mantuvieron cercado por más de 12 horas el hospital de la Policía Nacional de Quito, en donde se encontraba el presidente Correa, quien denunció desde el recinto, que los sublevados intentaban acceder a la habitación en la que se encontraba en actitudes violentas.
Después de muchas horas en incertidumbre, Correa fue rescatado del hospital el mismo jueves, luego de un operativo conjunto de fuerzas militares y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del cuerpo policial.
En el proceso de rescate del mandatario ecuatoriano, que duró aproximadamente 35 minutos, se produjo un enfrentamiento entre los policías conspiradores y las fuerzas leales al Gobierno, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.
La ley de Servicios Públicos, por la que inició el conflicto, busca ordenar de una manera más equilibrada los ingresos de los efectivos e impulsar la homogeneidad en los beneficios laborales.
Las bonificaciones que recibían los oficiales se eliminarán y se incorporarán al salario mensual. Antes, los uniformados devengaban mil 907 dólares mensuales, ahora recibirán 2 mil 448 dólares todos los meses.