Otra vez Miami y casos de terroristas y criminales de lesa humanidad que allí buscan amparo. Acusado de ordenar la masacre de 16 presos políticos detenidos en la Base Almirante Zar de Trelew en 1972 y arrestado en Miami en 2008, el ex teniente de navío de la Marina argentina Roberto Bravo intentará impedir que Estados Unidos otorgue su extradición a este país, argumentando que los cargos que pesan contra él son políticos.
Durante la audiencia en la que el Juez Robert Dube decidirá el 18 de agosto próximo si Bravo es extraditado o no, el fiscal Wilfredo Ferrer refutará esos argumentos utilizando el caso del General Guillermo Suárez Mason como precedente.
Acusado de secuestro y asesinato, Suárez Mason se refugió en San Francisco, California en 1983. A pesar de que fue protegido por el gobierno de Ronald Reagan por el apoyo que brindó a los contras nicaragüenses durante la Guerra de América Central, Suárez Mason fue finalmente extraditado a la Argentina en 1988.
De hecho, las autoridades estadounidenses hace rato comenzaron a protegerlo. El acusado actualmente tiene la ciudadanía norteamericana y es inusual que Estados Unidos otorgue la extradición de uno de sus ciudadanos.
El abogado defensor de Bravo, Neal Sonnett, argumentará que su cliente disparó contra los presos en defensa propia y que ya fue exonerado por una Corte militar.
Sonnett presentará además dos testigos. El profesor Jon Perdue, del Fondo para los Estudios Americanos, de Washington, hablará de la “guerra sucia” y defenderá el argumento de que el pedido de extradición de Bravo es político. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires Alfredo Solari explicará porqué el caso de Bravo pertenece a la jurisdicción militar. Dirá que en ese ámbito ya ha sido exonerado.
El fiscal Wilfredo Ferrer, sin embargo, ya ha presentado ante la Corte el testimonio de tres de los sobrevivientes de la masacre de Trelew, que acusaron a Bravo no solo de ordenar la masacre sino también de dar el tiro de gracia a quienes parecían con vida .
María Antonia Berger, una de las sobrevivientes, describió el horror de la siguiente manera: “Viene dos veces más Bravo a la puerta, con un jadeo totalmente nervioso, y muy preocupado porque no me moría. “¡Pero esta hija de puta no se muere! ¡Cuánto tarda en desangrarse! Yo juntaba sangre en la boca y la escupía para hacer parecer que me estaba desangrando’’.
Ferrer dirá que en el caso de Suárez Mason la Corte de San Francisco dictaminó que no se podía dar lugar al argumento de que los cargos que pesaban contra Bravo eran políticos porque en el Tratado de Extradición firmado por Argentina y Estados Unidos, la “excepción” política fue incluida sólo para proteger “actos de rebelión en contra de un gobierno opresivo” y que “los ex funcionarios no deben ser protegidos de ser juzgados por las acciones ilegales que ejecutaron cuando estaban en el poder”.