Prensa Latina
El Partido de los Trabajadores (PT) denuncia hoy que los parlamentos
secretos del exjuez Sergio Moro con fiscales de la Lava Jato y la
Policía Federal confirman que dirigió una organización criminal para
atacar el proceso democrático en Brasil.
‘Espiaron políticamente a los expresidentes (Luiz Inácio) Lula (da
Silva) y Dilma Rousseff, ministros y e ministros, y aprovecharon
ilegalmente las conversaciones de Lula con sus abogados’, indica una
nota oficial del PT.
Revelaciones publicadas este domingo por el diario Folha de Sao Paulo,
en asociación con el sitio The Intercept, muestran el desempeño indebido
de Moro.
Los mensajes ponen al desnudo que la operación Lava Jato tuvo en sus
manos 22 diálogos del fundador del PT, pero, con accionar político, solo
usó uno de ellos para manipular la opinión pública.
En marzo de 2016, el entonces magistrado Moro liberó intervenciones
telefónicas ilegales en los que Rousseff trató con el exmetalúrgico
sobre su posible toma de posesión como ministro de la Casa Civil.
Al respecto, la organización política afirma que está comprobado que
Lula ‘solo aceptó el nombramiento para encabezar la Casa Civil en marzo
de 2016 porque estaba comprometido a pacificar el país y superar los
desafíos económicos y políticos del Gobierno. Nunca se escapó y nunca
trató de escapar de la justicia’.
Tal engaño criminal, apunta el PT, fue tejido conjuntamente por Moro, el
fiscal Deltan Dallagnol, el delegado Luciano Flores, actual jefe de la
PF en Paraná, y sus colegas de la fuerza de tarea.
En complicidad con la televisión Rede Globo, manipularon una
intervención ilegal para robar los derechos políticos de Lula, quien
cumple prisión política desde abril de 2018, socavar la competencia de
Rousseff para nombrar ministros y dar el golpe de juicio político,
remarca el comunicado.
Insiste en que las revelaciones de este domingo se suman a los sólidos
argumentos presentados por la defensa del expresidente ante la Corte
Suprema, ‘demostrando que es imperativo reconocer la parcialidad de Moro
y los fiscales, anular un proceso adictivo desde el principio y
garantizar el derecho de Lula a un juicio justo’.